sábado, 24 de junio de 2017

LAS FAR EN LA ECONOMIA. MILITARES Y BOMBEROS

Jorge Gómez Barata

Debido a necesidades derivadas de las amenazas militares de los Estados Unidos contra Cuba, las Fuerzas Armadas Revolucionarios alcanzaron considerables dimensiones. Algunos analistas extranjeros dedicados a estos temas afirman que en los años setenta y ochenta pudieron llegar hasta los 300. 000 efectivos. Según esas mismas fuentes hoy no pasan de 80.000, o sea menos de la tercera parte.

La reducción se derivó, no tanto del cese de las amenazas y de las implicaciones internacionales, sino a criterios de sostenibilidad económica, asociados al colapso de la Unión Soviética, a la interrupción de los suministros en condiciones ventajosas y a la crisis económica que impedía al país asumir los gastos que implicaba sostener formaciones de aquellas dimensiones.
   
No obstante, la reducción de los efectivos permanentes, no significó un debilitamiento de la defensa, sino que se realizó a cuenta de un cambio en la doctrina militar, que introdujo la estrategia de la “Guerra de Todo el Pueblo” mediante la cual se transfirieron responsabilidades y tareas de las tropas regulares a unidades de reserva y a las Milicias de Tropas Territoriales, retomando una opción basada en la participación popular, practicada en los primeros años de la Revolución.

En el contexto de la crisis, si bien tenía sentido la reducción de efectivos militares, no lo tenía la disolución de las formaciones dedicadas a las construcciones militares, abandonar los talleres, bases de reparaciones, unidades de transporte, instalaciones aeronáuticas, transporte aéreo y los centros de recreación y comercio militar que, con ajustes, podían servir a la economía nacional.

Con la lógica de no dispersar entidades que, eventualmente las FAR no necesitaban, pero podían servir al país integrándose en la economía nacional, se adoptaron medidas para que estas formaciones e instalaciones, manejadas por oficiales o ex oficiales, aunque integradas por trabajadores civiles, participaran en tareas de la economía nacional, principalmente en áreas como la construcción, transporte aéreo civil, alojamiento y otras.

La fórmula se adoptó no porque fuera idónea, sino porque era razonable y porque daba respuesta inmediata a una coyuntura donde el país se jugaba la supervivencia. De paso, los miles de trabajadores civiles de esas entidades conservaron sus empleos.

A algunas personas, sobre todo burócratas, la idea no resultó agradable y puede que se haya incurrido en excesos, como suele suceder cuando se trata de procesos en los cuales intervienen intereses materiales y algunas cuotas de poder, lo cual no es el caso. Siempre me pareció que se trataba de soluciones de emergencia y que, en algún momento, las cosas regresarían a la normalidad.

Es preciso no pasar por alto que esta opción se aplicó en un momento de crisis cuando la economía, sin la asistencia y el respaldo tecnológico de la Unión Soviética, el recrudecimiento del bloqueo con las leyes Torricelli y Helms-Burton, se precipitaba en caída libre y el pueblo sufría enormes penurias.

En tales circunstancias, la gestión de las empresas militares, que operaban bajo criterios disciplinarios y organizativos eficaces, se mostraron idóneas para afrontar la crisis, sobre todo significaban un recurso de emergencia. De cierto modo los militares no fueron beneficiarios, sino bomberos.

Aquella crisis que todavía dura tuvo efectos materiales, muchos de los cuales aún persisten y también consecuencias subjetivas, no totalmente sobrepasadas. El cierre de fábricas y empresas, la paralización de las construcciones, la renuncia a la maquinaria agrícola y el regreso a la tracción animal, las reducciones de los programas asistenciales y otras, introdujeron desorganización y desanimo que la cohesión de las mencionadas empresas contribuyó a paliar.

No creo que la solución, una decisión local, interna y soberana, sea válida para todos los tiempos, pero tampoco me parece una anomalía que justifique la ira del presidente de los Estados Unidos, cuyo cuerpo de Ingenieros Militares ha participado en numerosas obras civiles, desde el Canal de Panamá hasta la reconstrucción de los diques del lago Pontchartrain cuando en 2005 cedieron ante el desborde del Mississippi durante el huracán Katrina.

Las empresas militares cubanas, no utilizan como mano de obra efectivos militares ni personal reclutado, sino trabajadores civiles, aplican la legislación laboral del país, pagan los salarios establecidos por ley, proveen a sus trabajadores de las prestaciones comunes a los demás obreros y hacen su labor hasta que se disponga otra cosa. Su gestión no acarrea privilegios para los mandos militares, en general ajenos a su actividad, excepto aquellos responsabilizados con sus operaciones que, por otra parte, es altamente centralizada.

Hasta el día de hoy, en las verdes y las maduras, las FAR han estado junto al pueblo, han compartido sus penurias y disfrutado de los éxitos. Ojalá sea siempre así. No sé de dónde sacó el presidente Donald Trump sus preocupaciones. Por otra parte, militares o civiles, todas las empresas cubanas son estatales. No veo donde puede estar la diferencia. Al parecer se trata de otro pretexto para relanzar el bloqueo. Allá nos vemos.

La Habana, 24 de junio de 2017


El caso de Assange es de las "grandes injusticias" en la historia, dice Correa

Cubasí  -  EFE  -  Sábado, 24 Junio 2017 06:49

Rafael Correa

El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) considera que el caso del fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, asilado en la embajada ecuatoriana en Londres desde hace cinco años, es una de las "grandes injusticias" de la historia reciente, según señaló en una entrevista con Efe.

"Es una de las grandes ignominias, injusticias y abusos de la historia reciente. Si nosotros hubiésemos hecho la décima parte de la que hizo Suecia, o lo que está haciendo Gran Bretaña, ya estaríamos en el Tribunal Penal de la Haya y en todos lados denunciados, pero como son ellos no pasa absolutamente nada", dijo el exmandatario ecuatoriano.

Señaló que su Gobierno "nunca quiso" obstaculizar el avance de la Justicia sueca en relación a la acusación por presunta violación que mantenía desde hace siete años contra Assange y que era la causa para que el Reino Unido intentara detenerlo y entregarlo a las autoridades en Estocolmo.

"Lo que sí quisimos siempre, en nuestro derecho soberano, es garantizar el debido proceso" porque Julian Assange "estaba amenazado hasta de muerte por ciertos grupos de Estados Unidos, que tenían una ley que incluía la pena de muerte si era deportado a ese país", aseguró Correa, que presidió Ecuador entre 2007 y 2017.

Por esas razones Ecuador decidió dar asilo a Assange, aunque Correa aclaró que su Gobierno "no justifica lo que haya hecho".

"No estaba garantizado el debido proceso, entonces ya con Suecia se le derrumbaron todos los cargos y ahora resulta que por una falta menor de que violó su libertad condicional, entonces Gran Bretaña dice que si sale de la embajada lo mete preso. Esto realmente es atentar contra los derechos humanos", afirmó.

Ecuador, que otorgó asilo en 2012 a Assange, ha pedido a las autoridades británicas que extiendan un salvoconducto al australiano para que pueda abandonar Londres y gozar del estatus conferido por el Gobierno ecuatoriano.

A ese respecto la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, ha señalado que su país "ha tenido contactos diplomáticos" y hasta una reunión con la embajadora del Reino Unido en Quito, Catherine Ward, para abordar el tema.