martes, 21 de marzo de 2017

EE UU: Corte Suprema rechaza revisar apelación del senador Robert Menendez

El senador demócrata por New Jersey Robert 'Bob' Menendez en el Capitolio el 1 de Febrero del 2017. Foto: J. Scott Applewhite/AP

Noticias Telemundo  - Por DAVID PORTER, Associated Press
MARZO 20, 2017 / 5:00 PM EDT

NEWARK, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes revisar la apelación del senador Bob Menendez relacionada con la acusación formal de corrupción en su contra, lo que abre el escenario para que enfrente juicio federal este año.

Los magistrados respetaron el fallo de una corte de menor instancia que había denegado al legislador demócrata de Nueva Jersey desechar los cargos, entre ellos confabulación, soborno y fraude.

Un jurado investigador acusó formalmente en 2015 a Menendez después de que los fiscales dijeran que el legislador había favorecido desde su cargo a un amigo de mucho tiempo que le hizo obsequios y donativos de campaña, incluidos vuelos a bordo de un jet de lujo y unas vacaciones a París.

El amigo, el oftalmólogo de Florida Salomon Melgen, es enjuiciado en ese estado por diversos cargos relacionados con fraude al programa gubernamental de atención médica para ancianos y discapacitados Medicare. Esos cargos son ajenos a los que Melgen afronte en la acusación formal presentada contra Menendez.

Según la acusación formal del jurado investigador, Menendez aprovechó su influencia oficial para concertar reuniones con funcionarios a fin de ayudar a Melgen en una disputa relacionada con el Medicare y un negocio particular sobre seguridad portuaria en República Dominicana.

Menendez afirma que pretendía influir en una futura política y no precisamente intervenir a favor de su amigo, y que el gobierno intenta aprovechar el momento de los donativos de campaña para crear un "dame y te doy" entre él y Melgen que asegura jamás existió.

Un juez federal en Nueva Jersey y la Corte de Apelaciones del 3er Circuito en Filadelfia rechazaron el argumento de Menendez de que las reuniones fueron parte de sus obligaciones legislativas ordinarias protegidas por la cláusula constitucional de expresión y debate que ampara a los legisladores para que no sean enjuiciados por esas acciones.

"Es decepcionante que la Corte Suprema no aprovechara esta oportunidad para establecer una separación clara y bien definida de los poderes a fin de garantizar que el Congreso continúe como una rama independiente e igual del gobierno, libre de la intromisión y venganza del ejecutivo como pretendían quienes elaboraron la carta magna", afirmó Abbe Lowell, abogado de Menendez, en un correo electrónico difundido el lunes.

Menendez "siempre ha actuado de acuerdo con la ley", afirmó Lowell. El legislador "mantiene la confianza de que será reivindicado cuanto todos los hechos sean revisados en el juicio", agregó.

En un informe presentado el mes pasado, el gobierno escribió que la cláusula está limitada a actos que son "fundamentales para el proceso legislativo" y no abarca los intentos de influir en agencias de gobierno.

La corte de apelaciones dijo que el asunto debía ventilarse frente a un jurado.


Reino Unido: ¿dos divorcios en uno?

Escocia busca la independencia por todos los medios y pide otro referendo

En términos políticos, May y Sturgeon van en serio en sus divorcios. Autor: dailyexpress.co.uk

Juventud Rebelde
digital@juventudrebelde.cu
20 de Marzo del 2017 21:48:43 CDT

Londres, marzo 20.— La ministra principal, Nicola Sturgeon, presentará el martes ante el Parlamento autonómico una moción en la que le pide permiso para acordar con el Gobierno británico los términos de un segundo referendo de independencia escocesa.

Se prevé que Sturgeon, líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP), exponga el texto a los diputados, tras lo cual habrá un debate que culminará con una votación el miércoles, dijo EFE.

Se espera que la moción, titulada «La elección de Escocia» y que solicita de Londres una orden para legislar sobre la consulta, sea aprobada con los votos del gobernante SNP,  que tiene una mayoría simple de 63 escaños, y del Partido Verde, con seis, de los 129 que tiene la cámara de Holyrood (Edimburgo).

La moción «autoriza al Gobierno escocés a promover conversaciones con el Gobierno británico sobre los detalles de una orden al amparo de la sección 30 de la Ley de Escocia de 1998 para asegurar que el Parlamento escocés puede legislar para la convocatoria de un referendo».

Esa consulta debe «dar al pueblo escocés una elección sobre la futura dirección y gobernanza del país, en un tiempo (fecha), y con una pregunta y una franquicia electoral determinados por el Parlamento escocés», dice el texto.

El tiempo aludido sería «entre el otoño de 2018, cuando habrá claridad sobre el resultado de las negociaciones sobre el “brexit”, y cerca del momento en que el Reino Unido deje la UE, en la primavera de 2019».

Previamente, declara la moción, el Parlamento debe reconocer el derecho del pueblo escocés a decidir «qué forma de Gobierno se ajusta mejor a sus necesidades».

Una vez que cuente con la aprobación de Holyrood, Sturgeon podrá pedir al Gobierno británico de la primera ministra Theresa May que le conceda esa «orden 30», que debería ser entonces aprobada por los parlamentos de Londres y Edimburgo, el que procedería a legislar sobre la encuesta.

Sin embargo, May ha adelantado que rechazará la petición de la líder independentista, al considerar que ahora que el país debe estar unido para afrontar las negociaciones de divorcio con Bruselas «no es el momento» de una segunda consulta separatista en Escocia, tras la de 2014.

May anunció este lunes que el 29 de marzo activará finalmente el artículo 50 del Tratado de Lisboa, lo que dará inicio a los dos años de negociaciones con la Comisión Europea (CE) para la salida del Reino Unido del bloque, conocida como «brexit».

Si no se llega a un acuerdo con Downing Street sobre el referendo, es posible que el SNP recurra a los tribunales.


MÉXICO: Los militares están disputando el poder político ante la debilidad de instituciones civiles

Erubiel Tirado, coordinador académico del Programa de Seguridad Nacional de la UIA, asegura que el papel protagónico del Ejército en la discusión de la Ley de Seguridad Interior implica un riesgo de regresión democrática para México.

Manuel Hernández Borbolla Reportero. Ganador del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2014.

THE HUFFINGTON POST -  15/03/2017 6:48 AM CST | Actualizado 15/03/2017 10:08 AM CST

AFP/GETTY IMAGES

Más que llenar un vacío de poder, las fuerzas armadas están disputando el poder político a las autoridades civiles, considera Erubiel Tirado, experto en seguridad interior por la Universidad Iberoamericana. Y mientras los militares aseguran que la gente les pide quedarse en las calles, expertos consideran que otorgarle más facultades a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no podrá reducir los actuales niveles de violencia.

Es por ello que, para académicos como Tirado, el papel protagónico que han adquirido los militares en la discusión de la Ley de Seguridad Interior ha provocado que las fuerzas armadas incluso hayan mostrado "una agenda política que va más allá de su función".

Más que llenar un vacío están disputando un poder que no les está acotando. Y eso llama la atención porque uno de los principios de la democracia respecto a las fuerzas armadas es obviamente la sujeción al poder civil. Y cuando no existe esa sujeción o lo cuestionan, estamos ante un riesgo muy grande de regresión democrática". Erubiel Tirado, investigador de la Ibero

"Son los riesgos de haber sacado a los militares a las calles en 2006 y haberles dado tanta influencia, ha generado inercias que son contrarias a las buenas prácticas del comportamiento de las fuerzas armadas en democracia. Una de esas cosas es el carácter deliberante de las fuerzas armadas. Nunca antes en la historia del país habíamos tenido fuerzas armadas que abiertamente se entrometen en un debate político, incluso descalificando a miembros del gobierno, en este caso el secretario de Gobernación el año pasado y que obviamente eso no es parte de su papel", añade el académico.

En entrevista con The Huffington Post, señaló que la filtración a los medios del documento presentado por la Marina ante el Congreso, en el cual se propone abordar desde una perspectiva más amplia el concepto de seguridad interior que incluya incluso la persecución de los políticos corruptos, es una clara señal de que los militares pretenden tener una vida política más activa, incluyendo la redacción y el cabildeo de leyes.

Es finalmente una señal, como diciendo, nosotros estamos enterados de lo que pasa en el país y queremos intervenir. Ese es el punto", agrega Tirado.

"Es un mensaje de intimidación política. Va dirigido a la clase política y tiende también a tratar de generar simpatías entre algunos sectores sociales que desesperados, creen que esa es la solución. No me extrañaría que en los próximos meses o el próximo año este tipo de pronunciamientos adquieran más intensidad, a grado tal que se hagan llamar, para que el pueblo los postule como candidatos independientes o algún partido los postule. Ese es un escenario real con este esquema", apunta el experto.

"No hay que soslayar que tenemos un sustrato social autoritario, donde hay un sector de la población que ve con buenos ojos que los militares estén en la calle haciéndola de policías porque, según ellos, se sienten más seguros, pero se ha demostrado que eso no es garantía de menor violencia o incidencia delictiva. Entonces, es una mezcla de ignorancia y talante autoritario de ciertos sectores.

HENRY ROMERO / REUTERS

LA GENTE NOS QUIERE EN LAS CALLES: CIENFUEGOS

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, aseguró que el Ejército permanecerá en las calles mientras la gente lo pida, más allá de las órdenes del presidente en turno.

No nos vamos a retirar. No sé de dónde salió la idea. La gente es la que no quiere que nos vayamos; no es nada más la orden del presidente de la República, es la propia sociedad la que nos está exigiendo que no nos vayamos. Ahí vamos a estar mientras la sociedad lo pida y el presidente no ordene lo contrario", aseguró Cienfuegos.

"Creo que ya es necesario (...) obligar a todo mundo a tomar su responsabilidad, al Ejecutivo Federal, al Legislativo, Judicial, a los estados, municipios, a quienes administran y procuran la justicia, a que cada uno de ellos haga la tarea que les corresponde", agregó el titular de la Sedena el pasado jueves 9 de marzo, durante una gira de trabajo por Coahuila.

"Entre mejor policía exista, menos militares. Esa es la idea de la famosa Ley de Seguridad Interior: generar condiciones para que haya una ruta crítica y que el Ejército vaya replegándose poco a poco a sus cuarteles", señaló Cienfuegos.

ACTIVISTAS Y EXPERTOS PROPONEN "SEGURIDAD SIN GUERRA"

Aunque la discusión de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados se ha visto empantanada durante las últimas semanas, académicos e integrantes de la sociedad civil aglutinados en la organización Seguridad sin guerra, sostienen que los legisladores deben modificar el enfoque con el que se ha abordado el problema de la violencia en la última década.

"No creemos que una Ley de Seguridad Interior sea una vía que dé certidumbre a las Fuerzas Amadas ni a la ciudadanía. Se trata de una respuesta que no atiende los problemas que han llevado a que las fuerzas armadas hoy sean las únicas capaces de proveer seguridad a la ciudadanía. La propuesta de ley tampoco toma en cuenta los efectos negativos que ha tenido la actual estrategia de seguridad militarizada", aseguró el colectivo a través de un comunicado.

Las propuestas de ley en la materia proponen un régimen de excepción en el que se violentan los derechos de libre tránsito, debido proceso, presunción de inocencia entre otros, a la vez que no presenta ninguna ruta para enmendar esta situación. Se trata de un régimen incompatible con la Constitución y que deja además sin escuchar las voces de las víctimas que ha dejado la actual estrategia de seguridad". Seguridad sin guerra

De ahí que el frente de académicos del CIDE, ITAM, UNAM y organizaciones de derechos humanos, propongan una vía alterna con ocho puntos específicos para reducir la violencia sin aprobar la Ley de Seguridad Interior. Dichas propuestas incluyen:

1. Promulgar la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, mismo que prevé las bases para decretar la suspensión temporal de garantías. En esta ley se debe: a) incluir fuertes contrapesos del poder legislativo y judicial; b) fijar objetivos precisos, así como límites de tiempo, claros e improrrogables; c) incluir mecanismos de responsabilidad económica y política para los gobiernos locales que se declaren incapaces de cumplir con su mandato constitucional de proveer seguridad pública; y d) considerar un modelo de controles múltiples en terreno que permitan la supervisión de las operaciones y la revisión en periodos cortos por parte del propio Congreso, tales como la integración de comisiones ad hoc que soliciten información y realicen inspecciones en los lugares donde se desplieguen las fuerzas armadas.

2. Las intervenciones de las fuerzas armadas en estos operativos deben ir aparejadas con una normatividad de uso de la fuerza, armamento y rendición de cuentas, apropiada para las tareas de seguridad pública.

3. Crear una comisión plural de trabajo entre representantes del Ejecutivo Federal, del Congreso de la Unión, de la academia, de las víctimas de la violencia a lo largo de estos 10 años de seguridad militarizada, y de la sociedad civil organizada que construya el consenso que soporte esta ley reglamentaria, con base en diagnósticos y evidencia empírica.

4. Construir en el seno de la misma comisión un plan de regreso de los militares a los cuarteles, sujeto a condiciones y estándares precisos de contención y reducción de la violencia a manos de autoridades civiles competentes y confiables. El plan puede ser incluido en los artículos transitorios de la ley reglamentaria referida.

5. El plan de regreso debe incluir el diseño de un perfil de competencias profesionales y de herramientas de supervisión sobre las tareas de policía y de investigación que actualmente desempeñan las autoridades militares, así como mecanismos anticorrupción en todas las instancias de seguridad.

6. Igualmente, esta comisión debe diseñar los ajustes necesarios al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para forzarlo a cumplir con la profesionalización policial, sujeto a plazos y establecer consecuencias ante el incumplimiento.

7. El plan debe considerar que se restablezca una instancia de coordinación para la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, estableciendo un programa coherente y consistente de combate a la impunidad.

8. Asegurar una supervisión independiente, imparcial y expedita de las violaciones a los derechos fundamentales.

STRINGER MEXICO / REUTERS

APROBAR LA LEY ES LEGALIZAR ESTADO DE EXCEPCIÓN: SICILIA

Desde otra perspectiva, las víctimas de la violencia en México también se han manifestado contra la aprobación de dicha ley.

En este sentido, el poeta Javier Sicilia, líder y fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, señaló que "si aprueban la Ley de Seguridad Interior, le darán carta de naturalización y legalización al Estado de excepción".

"Hay que entender que el Ejército viola derechos humanos, no sólo éste, no conozco un Ejército que no los viole. Están hechos para estados de excepción, para momentos de guerra y, en estos estados de excepción, se violentan los derechos humanos", agregó el activista.


Ballet Nacional de Cuba traerá emoción y confianza a El Salvador

Por Charly Morales Valido

San Salvador, 21 mar (PL) El Ballet Nacional de Cuba (BNC) traerá su gracia y virtuosismo a El Salvador, con un repertorio de lujo, sus principales figuras y la prima ballerina assoluta Alicia Alonso, quien no venía desde que bailó aquí en 1949.

La avanzada de la prestigiosa compañía pasó anoche en el aeropuerto Monseñor Romero en su viaje a Costa Rica, donde realizará varias presentaciones antes de volver a San Salvador para ofrecer tres espectáculos caracterizados por el lirismo y la explosividad técnica.

Pedro Simón, director del Museo Nacional de la Danza, adelantó a Prensa Latina que el programa abrirá con el lírico segundo acto de Giselle, el ballet romántico por excelencia, y seguirá los pas de deux del Corsario, El Cisne Negro y Muñecos.

'Para el cierre reservamos la suite de Don Quijote, llena de vida, técnica y colorido, que encanta por su combinación de virtuosismo y alegría', agregó Simón, quien espera del público la misma buena voluntad y emoción que el BNC trae a este nuevo escenario.

Alicia, que reiteró que Giselle es su ballet favorito, será homenajeada en Costa Rica y en El Salvador, donde planean condecorarla con la máxima distinción del Estado, la Orden José Matías Delgado, de manos del presidente Salvador Sánchez Cerén.

Su presencia aquí genera gran expectativa en el medio cultural, que espera ver en acción a estrellas mundiales como las primeras figuras Viengsay Valdés, Anette Delgado y Grettel Morejón, y sus partenaires Patricio Revé, Dani Hernández y Rafael Quenedit.

Además, los salvadoreños tendrán ante sí la prueba de que los latinoamericanos también pueden asumir los clásicos con virtuosismo, e incluso devolverlos a su cuna revitalizados, como altura estética y personalidad, acotó Simón.

El Teatro Presidente acogerá las funciones del BNC en esta capital el próximo 31 de marzo y el 1 de abril.

arc/cmv



Venezuela denuncia práctica ilegítima de Almagro que utiliza espacios de la OEA con fines políticos


Caracas, 20 de marzo de 2017.- La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), rechazó enfáticamente a través de un comunicado, las nuevas acciones del Secretario General de este organismo, Luis Almagro, quien convocó a una rueda de prensa este lunes 20 de marzo con militantes del partido político Voluntad Popular "utilizando las instalaciones de esta organización con fines proselitistas".

"Están violando los principios de la no intervención en los asuntos internos de Estado y las normativas internas de la organización que señala que los espacios del órgano internacional no deben ser usados con fines políticos", destaca el comunicado.

Asimismo, solicitaron al presidente del Consejo Permanente, Patrick Andrews, velar por la observancia de las normas que regulan el funcionamiento de la secretaria general. JE



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Antonio Núñez Aldazoro
Consejero (Educación, Cultura y Comunicación)
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela
+503-22633981 (telf.) +503-22110027 (fax)
Calle Maquilishuat. No. 28. Colonia Maquilishuat, San Salvador.


EE.UU. prohíbe portátiles y tabletas en vuelos procedentes de una decena de países

Cubasí  -    Rusia Today  -  Martes, 21 Marzo 2017 09:02

Washington ha prohibido dispositivos electrónicos en ciertos vuelos con destino a EE.UU. procedentes de Oriente Medio.

El Gobierno de EE.UU. ha prohibido a los pasajeros de determinados vuelos desde el extranjero con destino a EE.UU. llevar en la cabina del avión grandes aparatos electrónicos.

Los dispositivos electrónicos personales más grandes que un 'smarphone' deberán ser transportados en el equipaje facturado.

Según han confirmado al portal Techcrunch altos funcionarios de la administración, la medida, que no tiene una fecha de finalización establecida y responde a una presunta amenaza terrorista, afecta a nueve líneas aéreas que vuelan desde 10 aeropuertos de Oriente Medio y el norte de África:

    Aeropuerto Internacional de la Reina Alia (Jordania)

    Aeropuerto Internacional de El Cairo (Egipto)

    Aeropuerto Internacional Atatürk (Turquía)

    Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz (Arabia Saudita)

    Aeropuerto Internacional Rey Khalid (Arabia Saudita)

    Aeropuerto Internacional de Kuwait

    Aeropuerto Internacional de Doha (Catar)

    Aeropuerto Internacional Mohammed V (Marruecos)

    Aeropuerto Internacional de Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

    Aeropuerto Internacional de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

Las nueve compañías aéreas afectadas son Royal Jordanian, EgyptAir, Turkish Airlines, Saudia, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates y Ethiad Airways. En total, estas aerolíneas operan alrededor de 50 vuelos directos a EE.UU. todos los días.

Las líneas aéreas afectadas tienen hasta 96 horas para implementar estos cambios. Si no lo hacen, la Administración Federal de Aviación puede revocar su certificado y prohibirles volar a EE.UU.