viernes, 2 de septiembre de 2016

El Congreso rechaza definitivamente a Rajoy, ¿qué va a suceder a partir de ahora?

RT  -  2 septiembre 2016 19:20 GMT

La posición de los diputados ha permanecido inalterable frente a la primera votación: 170 votos a favor y 180 en contra. Se abren diferentes posibilidades antes de la convocatoria de elecciones generales.

Mariano Rajoy en el Congreso antes de la segunda votación de investidura. Pierre-Philippe Marcou AFP

El Congreso de los Diputados ha rechazado este viernes por segunda vez la investidura del candidato del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, a la Presidencia del Gobierno, al no haber conseguido la mayoría simple: más votos a favor que en contra. 

Así, el voto de los diputados ha permanecido inalterable frente a la primera votación, celebrada el miércoles. El presidente del Gobierno en funciones ha conseguidos 170 apoyos (los 137 de su partido, 32 de Ciudadanos y 1 de Coalición Canaria) y, de nuevo, el resto de formaciones con representación en la Cámara han votado en contra, sumando 180 "noes": PSOE (85), Unidos Podemos (71), ERC (9), CDC (8), EAJ-PNV (5) y EH Bildu (2).

Para esta segunda votación, Rajoy ya no necesitaba mayoría absoluta (176 votos), como requiere la primera, sino que le bastaba con reunir más votos a favor que en contra. Por tanto, podría haber sido investido presidente con mayoría simple (11 abstenciones) pero, finalmente, no ha habido sorpresas y los grupos parlamentarios han tumbado la propuesta de Rajoy.

¿Qué va a suceder a partir de ahora?

Comienzan a correr los plazos que marca la Constitución española, que establece en el artículo 99.4 que si un candidato no logra la confianza del Congreso tras la segunda votación, "se tramitarán sucesivas propuestas" aplicando el mismo procedimiento. Es decir, el rey Felipe VI tendrá que volver a consultar a los representantes designados por los partidos políticos con representación parlamentaria y propondrá, en caso de que lo haya, un candidato a la Presidencia del Gobierno, que deberá someterse a un nuevo proceso de investidura en la Cámara. 

Sin embargo, la Constitución establece que si transcurridos dos meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiese obtenido la confianza del Congreso, el Rey tendrá que disolver ambas Cámaras - Congreso y Senado - y convocar nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. 

En otras palabras, el 31 de octubre concluye el plazo que marca la ley para que los partidos políticos se pongan de acuerdo para formar Gobierno. Si para esa fecha no hay un nuevo Ejecutivo, las elecciones quedarán automáticamente convocadas para el día de Navidad, el 25 de diciembre. 

Posibilidades para evitar unas terceras elecciones

Un cambio en la posición del PSOE

Pedro Sánchez ha mantenido su "no" a Rajoy pese a todas las presiones internas y externas que le han pedido en reiteradas ocasiones que se abstuviera en la segunda votación para permitir la investidura del candidato popular. 

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y el líder del partido socialista, Pedro Sánchez, llegando a una reunión en el Congreso. Andrea Comas Reuters

Sin embargo, la estrategia de sus rivales internos -que tienen como máximo representante al ex presidente Felipe González- , apoyados por cierta prensa -entre la que destaca El País, periódico afín al Partido Socialista-, probablemente consistirá a partir de hoy en conseguir echarle de la secretaría general del partido. 

En este sentido, no podemos perder de vista las elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco, que se celebrarán el próximo 25 de septiembre. Si el PSOE obtiene un buen resultado, Pedro Sánchez saldrá fortalecido. Sin embargo, un fracaso en las urnas podría suponer la cabeza del líder socialista. No obstante, sus rivales internos todavía tendrían que conseguir que los militantes del PSOE apoyasen su propuesta en las primarias que celebraría el partido. 

Tampoco podemos descartar una solución intermedia, que pasaría por un apoyo de Sánchez al Partido Popular -al menos en forma de abstención- pidiendo a cambio una serie de condiciones, y entre ellas, que el candidato a la presidencia no sea Rajoy. Es difícil, pero no imposible. Además, Sánchez conseguiría esquivar las críticas que lo señalarían como el responsable de la convocatoria de terceras elecciones y, además, sus votantes quedarían (medio) satisfechos. En ese caso, la pelota estaría de nuevo en el tejado de Rajoy, que si rechaza el ofrecimiento, tendría que justificar por qué no facilita la formación de Gobierno para evitar nuevos comicios. 

Un paco entre PP y PNV después de las elecciones autonómicas

De nuevo, las elecciones autonómicas cobran importancia. Se podría dar la posibilidad de que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) necesite sumar apoyos para conseguir formar Gobierno en el País Vasco. En este caso, ambas formaciones podrían intercambiar apoyos: el Partido Popular facilitaría la investidura del líder de los nacionalistas vascos en el parlamento autonómico y el PNV la de Rajoy en el Congreso. 

Sin embargo, el líder popular todavía no tendría apoyos suficientes. Los cinco votos del PNV se sumarían a los 137 de su partido, los 32 de Ciudadanos y 1 de Coalición Canaria. Es decir, Rajoy necesitaría un voto a favor más en la primera votación o una abstención en la segunda. 

Si esta situación se diera, las presiones sobre el PSOE para conseguir una abstención cobrarían más fuerza aún, y hay que tener en cuenta que entre los diputados socialistas hay uno, Pedro Quevedo, que procede de otro grupo, Nueva Canaria, que concurrió en coalición con los socialistas a las generales. Llegados a este punto, se convertiría en el diputado más importante de la Cámara.

Una alternativa de izquierdas

El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, ha manifestado en reiteradas ocasiones que si Rajoy fracasa en su investidura como presidente, el PSOE y su formación deberían plantearse una alternativa de izquierdas. 

Aunque no hay que descartar esta posibilidad, es muy difícil de alcanzar. Por un lado, la relación entre ambos partidos no pasa por su mejor momento y, además, entre ambos sumarían 156 votos, lejos de los 176 que establece la mayoría absoluta del Congreso. 

El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesia, ofrece un discurso junto al líder del PSOE, Pedro Sánchez, después de guardar un minuto de silencio por los atentados de Niza. Andrea Comas Reuters

La solución pasaría por incluir a Ciudadanos o a los nacionalistas en el pacto, sin embargo ninguna de las opciones es muy viable. Unidos Podemos y Ciudadanos mantienen vetos cruzados entre sí, y para el PSOE negociar con los nacionalistas sería traspasar una línea roja del partido, ya que implicaría negociar un referéndum de independencia en Cataluña. 

¿Cómo se ha llegado a esta situación?

Mariano Rajoy es el cuarto aspirante a La Moncloa que ha tenido que someter su candidatura a una segunda vuelta (después de Leopoldo Calvo Sotelo en 1981 y José Luis Rodríguez Zapatero en 2008), y hoy se convierte en el segundo candidato que no consigue superar este trámite ni en primera ni en segunda vuelta. Solo Pedro Sánchez había fracasado previamente en las dos votaciones de investidura, celebradas el pasado mes de marzo. 

España ha celebrado dos elecciones generales - el 20 de diciembre y el 26 de junio- que han derivado en dos procesos de investidura fallidos en menos de seis meses. Más allá de las diferentes lecturas ideológicas que se puedan hacer de esta investidura, lo que está claro es que la política española, en la que el PP y el PSOE se han ido alternando el Ejecutivo durante los últimos 34 años, no está acostumbrada a la fragmentación política en el Congreso. 

Desde la irrupción de Podemos y Ciudadanos en el escenario político, y además no precisamente como fuerzas minoritarias, los colores de la Cámara Baja son muy variados, lo que obliga a que los grupos políticos tengan que alcanzar acuerdos y pactos, algo que hasta ahora nunca ha formado parte de la tradición política española.

María Jesús Vigo Pastur


Turquía despide a 40 mil empleados públicos de forma inapelable

Erdogan ha tomado medidas drásticas tras la intentona golpista. | Foto: El Político

Telesur  -   2 septiembre 2016

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, adoptó esta medida amparándose en los poderes especiales que le dan el Estado de emergencia que rige el país desde la intentona golpista.

El Gobierno turco oficializó el despido inapelable de unos 40 mil funcionarios, sospechosos de estar relacionados con la organización que lidera el clérigo Fetulá Gulen.

El gobierno acusa a la red de ser el cerebro del fallido golpe de Estado contra el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan, acontecido el pasado 15 de julio.

La medida de despido fue aplicada vía decreto y publicado l jueves en el boletín oficial.

Los despidos oficiales fueron desglosados de la siguiente manera: 28 mil 100 funcionarios del ministerio de Educación, siete mil 600 de la dirección de seguridad, dos mil empleados del ministerio de sanidad y otros mil 500 de la dirección de asuntos religiosos.

Estos funcionarios no podrán volver más a sus puestos de trabajo ni podrán apelar su despido. Esto debido a los poderes especiales que adquiere Erdogan en el marco del Estado de emergencia que rige en el país desde la intentona.

El decreto asegura que los funcionarios despedidos están relacionados con organizaciones terroristas, en alusión a la red de seguidores de Gülen.

Aunado a esta medida, las autoridades turcas liberaron 33 mil 838 reclusos que estaban detenidos por su presunta relación con el fallecido golpe.

Desde que una parte del Ejército intentó derrocar al Gobierno, miles de personas han sido aprehendidas por estar relacionadas con el mismo.

En contexto

Desde la intentona golpista, Turquía había suspendido a unos 80 mil empleados públicos de diferentes sectores de la administración, incluyendo el Ejército. Una parte de estas suspensiones se han convertido ahora en despidos formales e inapelables.

El 15 de julio presente, Turquía vivió el quinto golpe de Estado desde su fundación en 1923. Una facción del Ejército declaró la ley marcial en todo el país, atacó con tanques y helicópteros las instituciones gubernamentales y arrestó a altos funcionarios del Ejecutivo.

El hecho dejó 194 muertos, de los cuales, 104 eran soldados sublevados, 43 de las fuerzas leales y 47 civiles. También se registraron mil 440 heridos y 2 mil 839 golpistas detenidos.


MATAR AL MENSAJERO

Jorge Gómez Barata

Asesinar a un mensajero y devolver su cadáver es la más radical de las respuestas, y expresa el rechazo visceral al diálogo. Es lo que acaba de ocurrir en Bolivia, donde en una tentativa de negociar con cooperativistas mineros fue torturado y linchado el viceministro de Régimen Interno y Policía Rodolfo Illanes Alvarado.

En la mañana del jueves 25 el viceministro Alvarado partió rumbo a Panduro, a unos 180 kilómetros de La Paz. Fue interceptado por un grupo de mineros, tomado como rehén, y llevado por la fuerza al cerro La Antena. Al atardecer, su cadáver se encontró al borde la carretera. La autopsia reveló que fue torturado hasta provocarle la muerte.

Desde la conquista la minería era el principal recurso económico de Bolivia, tradicionalmente explotado por la oligarquía nativa y empresas extranjeras. La actividad aporta el 25 por ciento de las exportaciones. Los mineros, incluidos los cooperativistas, constituyen el núcleo de la clase obrera, el destacamento mejor organizado y más combativo. Sus movilizaciones son temidas por disponer de dinamita, que saben utilizar. 

Las cooperativas mineras, actualmente más de 1700, en su mayoría dedicadas al oro, se originaron hace alrededor de 80 años en medio de la crisis que afectó a los Estados Unidos en los años treinta, y redujo la demanda de mineral, provocó el cierre de muchas minas, y el crecimiento del desempleo en Bolivia.

Los mineros, un sector tradicionalmente explotado y sometido a duras condiciones de trabajo, tanto por las transnacionales como por empresarios privados locales, soportaban condiciones especialmente precarias en el sector cooperativo, lo cual explica la atención brindada por el presidente Morales, en ocasiones criticado por sobreprotegerlos, beneficiándolos con bajos impuestos y regalías. Tal vez haya criado cuervos. 

Estos mineros se agrupan en la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN), durante un largo período aliada al presidente Evo Morales, que como se sabe debutó en la política como líder sindical. Jurídicamente las cooperativas son entidades privadas que, por su número, solvencia económica, y organización, han alcanzado extraordinaria influencia política.     

El conflicto actual, que involucra a cooperativistas de todo el país, surgió a mediado del mes de agosto, cuando el gobierno promovió la reforma de las leyes rectoras del sector, medida asumida por los mineros como una "declaración de guerra", respondida con acciones de protestas, entre ellas el bloqueo de carreteras, lo cual provocó violentos enfrentamientos con la policía, ocasionando varios muertos entre agentes del orden y mineros.

Entre las demandas de los cooperativistas mineros figuran mayores concesiones, reformas a la Ley de Cooperativas que les permita alquilar o ceder al sector privado nacional o extranjero concesiones realizadas para ellos por el estado, y la legalización de unas treinta sesiones realizadas al margen de la ley.

Los líderes mineros, que según se afirma son empresarios disfrazados de trabajadores, pretenden una habilitación para asociarse y negociar de modo independiente con el sector privado, especialmente con transnacionales extranjeras. Reclaman además la flexibilización de normas ambientales, preferencias en el pago de la electricidad y el agua, y creación de un ministerio para el sector cooperativo. La federación rechaza la disposición que autoriza a los mineros a sindicalizarse.

En cualquier caso la presente crisis es el peor momento político afrontado por el presidente Evo Morales, y ello se suma a otras dificultades y a la tendencia general de auge de la derecha restauradora en Sudamérica. Seguramente no tendrá una rápida solución y puede escalar peligrosamente. Allá nos vemos.

La Habana, 31 agosto de 2016

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*Este artículo fue escrito para el diario mexicano ¡Por Esto! Al reproducirlo o citarlo, indicar esa fuente


EL SALVADOR: CAPRES publicará información existente sobre viajes presidenciales y publicidad desde 1989

Transparencia Activa | 01 de septiembre de 2016

La Sala de lo Constitucional mandató a Casa Presidencial divulgar la información de los viajes de todos los expresidentes del país, los gastos en publicidad y en atenciones protocolarias. El secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, dijo que el gobierno es respetuoso de las resoluciones y anunció que la publicación dela información se hará desde 1989 a la fecha.


La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió un amparo contra la decisión del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de mantener en reserva la documentación sobre los gastos en viajes y en publicidad de la Presidencia de la República, así como el desembolso de las actividades protocolarias realizadas en visitas de funcionarios extranjeros.

El fallo de la Sala ordena a Casa Presidencial (CAPRES) publicar la documentación del listado de los viajes internacionales realizados con fondos públicos por el Presidente de la República y la Primera Dama, incluyendo el nombre de los funcionarios y empleados que los acompañan, el destino, objetivo, valor del pasaje, viáticos asignados y cualquier otro gasto.

El secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, afirmó que “el gobierno es respetuoso -como siempre lo ha sido- de la resolución de la Sala de lo Constitucional que manda publicar viajes presidenciales, publicidad y atenciones oficiales de Casa Presidencial”.

Rodríguez explicó que la Sala mandó a publicar de manera oficiosa la información del expresidente Funes y a petición los de los expresidentes de la República, sin embargo dijo, que “en honor a la transparencia se publicará en línea toda información existente de los viajes, publicidad y atenciones oficiales de los expresidentes del país desde 1989 hasta la fecha”.

La resolución también manda a divulgar los gastos del diseño, producción e implementación de campañas, incluyendo los nombres y características de la contraparte, los plazos de cumplimiento y ejecución y la forma de contratación. 

Los gastos de actividades protocolarias realizadas en las visitas de funcionarios extranjeros, tanto las ejecutadas directamente por la Presidencia de la República como las realizadas mediante contrataciones directas o licitaciones adjudicadas a proveedores privados, incluyendo el objeto, nombre y características de la contraparte, los plazos de cumplimiento y ejecución y la forma de contratación también deben de hacerse públicas. 

Los magistrados constitucionalistas afirman en su resolución que “la Presidencia de la República tiene la obligación de suministrar, cuando le sea requerida por la ciudadanía, la información antes mencionada que se refiera a periodos presidenciales pasados”.

Se conoció que en julio pasado, un ciudadano solicitó a la Oficina de Información y Respuesta de CAPRES los viajes de los expresidentes Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca, incluyendo los costos de transporte y alojamiento.

El año pasado, el IAIP dejó en firme la resolución que dio en diciembre de 2014 sobre la reserva de los viajes presidenciales por motivos de seguridad; sin embargo, el ciudadano Herbet Danilo Vega interpuso el amparo que resolvió este jueves la Sala, cuyo argumento era que la no publicación de los viajes, así como los gastos en publicidad y en el protocolo de visitas de funcionarios extranjeros vulnera el derecho de acceso a la información pública.

Posteriormente, la Sala ordenó a un juez investigar en diferentes instancias gubernamentales los registros de los viajes del expresidente Mauricio Funes. Al tiempo que esto sucedía, la Presidencia de la República informó a la Corte Suprema que no existía registro de ello, por lo que envió un aviso a la Fiscalía General de la República.

Posteriormente se conoció que en los archivos de CAPRES no hay registros completos de los viajes oficiales de los expresidentes de la República, Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Elías Antonio Saca.

Según estudios realizados por la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA), en el archivo de la casa de gobierno existe documentación incompleta sobre las misiones oficiales de los exmandatarios de las administraciones desde junio de 1989 a mayo de 2009.

De ahí que la Sala, siempre en su fallo, declaró que en este proceso se demostraron ciertas irregularidades en el manejo de la información requerida, “lo cual evidencia el incumplimiento, por parte de la Presidencia de la República, de los principios de disponibilidad, prontitud e integridad establecidos” en la Ley de Acceso a la Información Pública.

La resolución indica que los magistrados ordenan a la Presidencia de la República implementar una “efectiva identificación, sistematización, resguardo y custodia de la información que se genera en su seno, abarcando tanto la vinculada con el objeto de este proceso como toda aquella que legalmente le corresponde manejar, e instruya a las instituciones públicas con las que tiene una relación directa para que actúen de forma similar, a fin de evitar futuras vulneraciones del derecho fundamental de acceso a la información pública y que, ante cualquier requerimiento de información, esta pueda ser fácilmente identificada y, si procede, proporcionada a los ciudadanos o instituciones solicitantes”.

La Sala, además, le pide a la Corte de Cuentas de la República y a la Fiscalía General de la República, auditar e investigar, respectivamente, para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales de las personas que, de acuerdo con la ley, eran responsables de la generación y resguardo de la información.