sábado, 9 de abril de 2016

Cunha amenaza con abrir otros 9 pedidos de juicio a Rousseff

Eduardo Cunha es investigado por presunta corrupción. | Foto: Reuters

teleSUR 9 abril 2016 (Hace 2 horas 29 minutos)

El parlamentario Eduardo Cunha asegura que si el Supremo Tribunal Federal inicia un proceso de impeachment contra el vicepresidente, abrirá todos los pedidos de juicio a Dilma Rousseff.

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, advirtió este viernes que en caso de que no se apruebe un juicio político contra la mandataria de ese país, Dilma Rousseff, dará curso a otros nueve pedidos de impeachment.

Asimismo, indicó que si el Supremo Tribunal Federal (STF) inicia un proceso similar contra el vicepresidente Michel Temer, quien recientemente retiró su apoyo a Rousseff, será un claro indicio para que se abran todas las solicitudes de juicio a la presidenta.

"Si esta decisión del juez de la Corte tiene que ser implementada, no me quedan dudas de que todos los pedidos de juicio político contra la presidenta deberán ser abiertos también", dijo.

El juez Marco Aurelio Mello, del STF, informó recientemente que Temer podría ser sometido a impeachment por los mismos cargos que enfrenta la dignataria, acusada de "adulterar las cuentas durante dos años para disimular el déficit fiscal", debido a que, según la autoridad judicial, ambos firmaron los mismos documentos condenatorios.

La Mesa Directora de la Cámara de Diputados se reunió este viernes hasta horas de la madrugada para evaluar el proyecto, y se estima que el lunes próximo se le dé el visto bueno para el debate en el plenario de la Cámara baja.

En caso de que el plenario vote por la apertura de un juicio político contra Dilma Rousseff y el Senado le dé curso, la mandataria deberá dejar el cargo hasta que haya una sentencia definitiva.

En ese caso Temer podría asumir la presidencia provisoria. Y si el Senado se inclina definitivamente por la destitución, Temer completará el mandato, que vence el 1° de enero de 2019.

¿Quién es Eduardo Cunha?

Es el presidente de la Cámara brasileña de Diputados y quien autorizó abrir un juicio político con fines de destitución a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tras considerar procedente una acusación por supuestas irregularidades fiscales ocurridas en 2015.

Se ha convertido en uno de los líderes en la convocatoria de la destitución Rousseff, bajo el alegato de que la Presidenta viola la ley brasileña por alterar  el presupuesto del Estado para permitir más gasto público y beneficiarse en su reelección.

El dirigente del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que en septiembre pasado se declaró “independiente” y en marzo de este año retiró su apoyo a la presidenta, viene apoyando desde entonces causas de la oposición.

Cunha es investigado por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, sin embargo, en reiteradas oportunidades ha rechazado esa acusación y asegura que el Gobierno de Rousseff pretende hundirlo.

Sobre él recaen varias investigaciones por lo que serían sus actividades ilícitas. En el año 2000 salió ileso de una emboscada a tiros contra él y un diputado aliado en Río de Janeiro cuando era acusado de arreglar licitaciones.

En octubre de 2015, las autoridades brasileñas pusieron en marcha una investigación penal por lavado de dinero, luego de que las autoridades suizas proporcionaran a los fiscales brasileños los detalles de cuatro cuentas bancarias suizas en su nombre.


Previamente intentó persuadir a la oficina del fiscal general para proteger a los políticos que sirven con la inmunidad parlamentaria.

Movimientos indígenas y participación política

Ollantay Itzamná

Analizan la participación política de indígenas en México, Guatemala y Ecuador. Foto: ONU/Eskinder Debebe

En Abya Yala, en las últimas décadas, en especial a raíz del reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas, y la “conmemoración” del quinto centenario de la invasión-colonización europea, muchos/as indígenas hemos acelerado nuestros procesos de reconstitución identitaria y territorial como pueblos.

A tal punto que, en la presente década, los diferentes movimientos sociales en defensa de la tierra-territorio, el agua, los bosques, y demás bienes comunes, están dinamizados y/o acuerpados por sectores indígenas organizadas en resistencia.

En países como México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia …, con altos porcentajes de población indígena, los actuales movimientos sociales son movimientos de organizaciones indígenas. Pero, en ninguno de estos casos, con excepción de Bolivia y Ecuador, estos movimientos lograron convertir su mayoría demográfica en mayoría política. Es decir, no lograron espacios significativos en la administración de los estados.

En México, Guatemala, Perú, países con población mayoritaria indígena, los movimientos indígenas no hemos logrado ni tan siquiera tener una organización política propia (bajo nuestro control) para participar electoralmente y disputar el poder político monopolizado por los ricos. Los casos de Bolivia y Ecuador son diferentes.

Si no tenemos un instrumento político (organización política propia), los movimientos indígenas, por más que poblacionalmente seamos mayoritarios, jamás podremos acceder a los espacios de poder para transformar los estados coloniales.

Los partidos políticos tradicionales, tanto de la derecha, como de la izquierda, en el marco de sus parámetros y limitaciones culturales e ideológicas, jamás nos asumirán como sujetos plenos de derechos. Mucho menos como potenciales gobernantes o tomadores de decisiones para reconstruir nuestros destinos como pueblos autónomos e interdependientes.

Para el pensamiento occidental, sea liberal o socialista, el sujeto político ideal siempre será el individuo ilusionado por el espejismo de la modernidad, ansioso del desarrollo suicida, preso de la razón lineal utilitarista, deseoso de los títulos y privilegios individuales. Por eso, los partidos políticos, lejos de promover la homeostasis o bienestar de la comunidad, premian y generan nuevas élites de privilegiados a costa de las mayorías históricamente empobrecidas.

Los movimientos indígenas no logramos construir nuestro instrumento político propio, y convertir nuestra mayoría demográfica en mayoría política, porque aún subsistimos colonizados política y electoralmente. No en pocos casos, las ONGs, las agencias de cooperación internacional, las iglesias, entre otras, fijaron en nuestros imaginarios la errónea idea de: “Para ser un movimiento genuino debemos mantenernos apolíticos”.

Muchos/as de nuestras hermanas/os que lograron acceder a los espacios de poder por elección popular, mediante partidos políticos de izquierda y/o de derecha, reproducen y encumbran los vicios de la política electoralista corrupta como virtudes políticas. De este modo, ellos/as, lejos de estimular o promover procesos de decolonialidad política o de acompañar esfuerzos de articulación de instrumentos políticos de liberación, terminan afianzando la apatía política en los movimientos indígenas.

En Guatemala, Perú o México, las y los indígenas en espacios políticos no logramos superar el culturalismo o folclorismo político  (exigiendo cuotas o dádivas al Estado blacoide y racista). Demandamos superficiales reformas al Estado, más no promovemos procesos de transformaciones estructurales. Hablamos de incidencia política, más no de autodeterminación de los pueblos indígenas. Demandamos desarrollo y reformas agrarias (sin redistribución de tierras), más no la restitución de nuestros territorios ancestrales, ni el buen vivir para todos. Hablamos de resistencia social, más no de la construcción del poder político. Mucho menos de la resistencia y/o subversión económica (cambio de los patrones de consumo).

En otras palabras, a los movimientos indígenas, el sistema neoliberal y los estados coloniales nos siguen definiendo la agenda. Ellos deciden qué y cómo debemos demandar y qué no. Hace falta, pues, atrevernos a engendrar nuestro propio brazo político, similar a lo que hicieron en Bolivia, y transitar de la resistencia social hacia la construcción del poder político horizontal y ascendente.