sábado, 29 de agosto de 2015

VENEZUELA-COLOMBIA: Ambos países anuncian medidas ante cierre de frontera

Desde las afueras del Palacio de Miraflores, en Caracas, donde el pueblo se reunió en apoyo a la medida, Maduro anunció que el cierre de la frontera con el país neogranadino se extenderá a los municipios Lobatera, Panamericano, Ayacucho y García de Hevia

28 de agosto de 2015 22:08:33


El mandatario venezolano ordenó el pasado jueves 20 de agosto el cierre por 72 horas de la frontera con Colombia por el estado Táchira. Foto: AVN

CARACAS.— El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reafirmó ayer que el cierre de la frontera con Colombia en el estado Táchira busca proteger al pueblo venezolano y colombiano que hacen vida en el país, frente al paramilitarismo y el contrabando.

Desde las afueras del Palacio de Miraflores, en Caracas, donde el pueblo se reunió en apoyo a la medida, Maduro anunció que el cierre de la frontera con el país neogranadino se extenderá a los municipios Lobatera, Panamericano, Ayacucho y García de Hevia.

La acción se ejecutará desde este sábado a las cinco de la mañana, agregó el Jefe de Estado.

El mandatario ordenó el pasado jueves 20 de agosto el cierre por 72 horas de la frontera con Colombia por el estado Táchira, debido al ataque del que fueron víctimas efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por parte de grupos paramilitares que operan en la zona, precisa AVN.

Desde la fecha, el Jefe de Estado ha enfatizado que no autorizará la apertura hasta que no cesen los ataques hacia Venezuela. Por lo cual se declaró Estado de excepción constitucional en los municipios Bolívar, Junín, Pedro María Ureña, Capacho Viejo, Capacho Nuevo y Rafael Urdaneta de la entidad andina.

Mientras tanto, desde Bogotá, el presidente de Colombia, Juan Ma­nuel Santos, informó que solicitará una reunión extraordinaria de los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR); y adoptó una serie de medidas para abordar el tema del cierre de la frontera con Venezuela.

Durante una alocución al pueblo colombiano tras reunirse con su Ga­binete, Santos adelantó que designó varias comisiones para atender el tema social y económico que ha ge­nerado el cierre del territorio que comparten ambos países, reporta Semana.

En otro momento señaló que la si­tuación de los colombianos que per­manecían en Venezuela de forma irregular, será atendida “desde lo humanitario” con la creación de al­bergues, entrega de alimentos y acceso a la educación gratuita. Por esto Santos constituyó una mesa de acom­pañamiento económico y so­cial de la frontera.

Sobre la petición a Unasur, la canciller colombiana, María Ángela Hol­guín, confirmó que el mecanismo realizará una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores el próximo jueves en Quito.

La noche del jueves ambos países llamaron a consultas a sus respectivos embajadores. El gobierno co­lom­biano no llamaba a consultas a su embajador en Venezuela desde el 22 de julio del 2010, precisamente cuando Colombia rompió sus relaciones con el vecino país.

Dentro de la diplomacia, el llamado a consultas es entendido como un mensaje diplomático que se utiliza en momentos de crisis, pero no significa el rompimiento de las relaciones diplomáticas.

Se utiliza cuando no hay comunicación entre presidentes, como está sucediendo en la actual situación, y para que el embajador informe sobre la verdadera situación en ese país, así como para darle instrucciones. Tam­bién es un canal para manifestar al otro país lo que en términos diplomáticos se conoce como una preocupación.

En La Habana, la delegación de paz de las Fuerzas Armadas Revo­lucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) llamó a fortalecer las relaciones entre esa nación sudamericana y Venezuela.

Es condición indispensable para que en Colombia se consolide la construcción de una paz estable y duradera que irradie influjos de hermandad al continente, subrayó un comunicado de la guerrilla divulgado en la capital cubana, sede de los diálogos de paz.

Venezuela es y seguirá siendo fun­damental para la paz de Co­lom­bia y tenemos que promover la unidad e integración de dos naciones con una misma historia, hijas de un mismo padre, el Libertador Simón Bolívar, comunicó la insurgencia según PL.


CONTROL O DESCONTROL DE ARMAS EN E.U.A.

Por Manuel E. Yepe

Dada su asiduidad, las balaceras que dejan varios o muchos civiles muertos y heridos han dejado de ser noticia en Estados Unidos. Solo llegan a ocupar espacios en los noticieros cuando involucran alguna circunstancia muy excepcional.

Tal fue lo que ocurrió en horas de la mañana del 26 de agosto cuando la reportera de televisión Alison Parker entrevistaba en vivo para la telemisora local WDBJ de Moneta, Virginia, a una persona que hablaba acerca de la importancia del desarrollo económico de la comunidad y de pronto surgieron disparos y gritos desesperados. Parker, de 24 años, y el camarógrafo que grababa la entrevista, Adam Ward, de 27 años, fueron baleados.

Al ser capturado algunas horas más tarde por la policía, Vester Lee Flanagan, el asesino, intentó suicidarse y murió en un hospital.

Antes, había colgado en su perfil de Facebook un video tomado por él mismo del momento del crimen. Según las primeras pesquisas, sus discrepancias con la telemisora por asuntos laborales habían sido el móvil del asesinato múltiple.

Es sumamente difícil entender cómo, en Estados Unidos, los fabricantes de armamento han logrado imponer las reglas para la tenencia y uso de armas de fuego que mantienen vivo el negocio de la venta de armas a la población, uno de los más lucrativos en ese país pero causa de un sinnúmero de desgracias como la descrita en la sociedad estadounidense.

El culto a las armas de fuego en Estados Unidos ha llegado a extremos que contradicen el sentido común y las más elementales normas de seguridad ciudadana. Es resultante de una mezcla de interpretaciones muy contradictorias de la Segunda Enmienda de la Constitución, manipuladas por el poderoso grupo de cabildeo congresional conocido como Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), la voracidad de empresarios dispuestos a vender a los ciudadanos las más mortíferas armas para ganar dinero, y las veleidades de los políticos en la Casa Blanca y el Congreso que sucumben al dinero pródigo de estos intereses y apoyan sus ambiciones.

El fusil calibre .50 es un arma de guerra capaz de derribar un avión, perforar las defensas de vehículos blindados y tiene una alta precisión de disparo a una milla de distancia. No tiene uso deportivo ni para la caza, pero puede comprarse en cuarenta de los cincuenta estados de la Unión Americana, (excepto en California) como si fuera una pistola corriente.

La Cámara de Representantes ha autorizado la exportación de esta mortífera arma y permitido su venta legal, lo que ha llevado a los grupos y los pocos periodistas que se oponen a la expansión de las ventas de armas de fuego a la población a pronosticar que no pasará mucho tiempo sin que esos fusiles sean usados en actos de terrorismo y contra soldados estadounidenses desplegados por el gobierno en todo el mundo ejecutando la guerra “antiterrorista” o promoviendo la versión de democracia que impone Washington en sus relaciones con otras naciones mediante cambios inducidos de gobiernos.

Los efectos sociales nocivos de las armas se extienden como una epidemia a través de las fronteras a varios países vecinos y, en primer lugar, a México, nación donde aunque el origen de estos problemas es propio, el contrabando de armas letales que son de venta legal en Estados Unidos ha complicado dramáticamente el combate contra las mafias, raigalmente involucrado con el tráfico de drogas ilícitas, la trata de personas y el contrabando en general.

No hay que perder de vista el hecho de que la posesión masiva de armas de fuego por la población en Estados Unidos hasta cierto punto justifica la agresividad de la policía, obligada a defenderse de un número ilimitado de potenciales agresores armados.

Aunque no se conoce el número de ciudadanos asesinados por oficiales de policía cada año en Estados Unidos,  se sabe que en 2014  la policía ha dado muerte a un número de personas que  duplica la cantidad de estadounidenses fallecidos en balaceras masivas desde 1982 en toda la nación norteamericana.

Un ciudadano estadounidense cualquiera tiene nueve veces más probabilidades de ser asesinado por un oficial o agente de policía que por un terrorista.

Lo más lamentable es la contradicción que se aprecia en el hecho de que, una parte muy significativa de la ciudadanía más consciente favorezca la tenencia masiva de armas por la población como un hecho que presiona contra los abusos de la oligarquía y esa oligarquía, uno de cuyos miembros más influyentes es el grupo de cabildeo congresional de la NRA, boga en el mismo sentido.

La Habana, Agosto 29 de 2015