Daniel Rojas AVN 02/05/2015
Foto: Archivo
Caracas, 02
May. AVN.- Tras el funeral esta semana de Freddie Gray,
joven afroamericano de 25 años muerto bajo custodia policial por falta de
atención médica, la ciudad de Baltimore, ubicada en Maryland, reavivó con
masivas protestas de calle el rechazo de la comunidad negra hacia los
frecuentes abusos policiales en contra de esta población, así como la reinante
impunidad con que ocurren en Estados Unidos.
Las acciones callejeras luego
derivaron en quema de basura, saqueos, el despliegue de la Guardia Nacional de
Maryland y la declaratoria de toque de queda en dicha ciudad, desde el martes y
durante una semana, que ha dejado un saldo, hasta el momento, de 20 agentes de
seguridad lesionados-incluyendo a seis que fueron hospitalizados-, 202 manifestantes
detenidos, así como 144 vehículos y 15 edificios incendiados.
Las heridas a los
funcionarios de seguridad fueron causadas cuando los manifestantes les lanzaron
piedras, ladrillos y botellas, ante lo cual los agentes respondieron con gases
lacrimógenos y gas pimienta.
Este estallido de violencia y
tensión racial es considerado uno de los más graves desde las protestas que
siguieron a la muerte de Michael Brown, un joven afroamericano que murió
baleado por un policía blanco en Ferguson, Missouri, en agosto pasado, durante
un altercado y mientras estaba desarmado.
Sin olvidar otras recientes
víctimas del racismo y exceso policial en Estados Unidos, como sucedió con Eric
Garner, en Nueva York; en Cleveland se presentó un caso similar, cuando un
oficial disparó y mató a un niño negro de 12 años.
Entretanto, en Phoenix un
policía asesinó al afroamericano Rumain Brisbon, de 34 años, y este lunes
Terrance Kellom, de 20 años de edad y "sospechoso" de un asalto, no
portaba armas de fuego sino un martillo y murió luego de ser baleado por un
oficial de la fuerza en Detroit.
Ante la oleada de hechos
violentos en Baltimore, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó
este martes como criminales a los responsables de los disturbios y, luego de
denominar como "inquietantes" los incesantes abusos policiales contra
la comunidad negra, sentenció que "no hay excusa para el tipo de violencia
que vimos ayer".
Pero fue el mismo Obama quien
el 20 de febrero de 2014, al término de la Cumbre de Líderes de América del Norte
en la ciudad mexicana de Toluca, llamó al gobierno de Venezuela "a liberar
a los manifestantes detenidos y a iniciar un diálogo real".
Por aquellos días, la derecha
venezolana ejecutaba el plan insurreccional fallido llamado "La
Salida" que buscaba el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro,
constitucionalmente electo por el pueblo venezolano. No obstante, en
contraposición a la violencia en Baltimore, originada ante la impunidad hacia
los constantes crímenes cometidos contra la comunidad negra por las fuerzas
policiales, en Venezuela "La Salida" no fue producto de un estallido
social, sino que se gestó a través de sectores de la derecha nacional con un
objetivo político que derivó en terrorismo.
Este plan se inició en el
centro de Caracas el 12 de febrero de 2014, cuando una movilización promovida
por el derechista Leopoldo López, hoy procesado por la justicia venezolana,
terminó en ataques vandálicos a la sede del Ministerio Público (MP) y el
asesinato inicial de dos personas.
"La Salida", que se
extendió hasta junio del mismo año, también promovió violencia y terrorismo en
las calles de algunos municipios del país gobernados por la derecha, a través
de las llamadas guarimbas, que dejaron un saldo de 43 personas asesinadas, 878
heridos, además se atentó contra la vida de niños y trabajadores, se impidió el
derecho al libre tránsito, con la colocación de guayas, aceite y otros
elementos en vías principales.
Además, a los ejecutores
directos del referido plan les fueron incautadas armas de fuego (incluidas
armas de guerra, pistolas con mira láser) y municiones de diversos calibres,
explosivos C4, lanzacohetes improvisados, miles de artefactos denominados
"miguelitos" utilizados para dañar cauchos y provocar accidentes (en
particular de motos) y bombas lacrimógenas, entre otras herramientas destinadas
para ejecutar la violencia.
A pesar de la comprobada
naturaleza terrorista de estas acciones en Venezuela, Washington, que haciendo
valer las leyes de su país procesa a los violentos de Baltimore, ha clamado por
la liberación "inmediata" de los manifestantes detenidos en
Venezuela, entre ellos Leopoldo López, indicando que "la forma más
apropiada de resolver las diferencias es mediante consultas y diálogo, no con
el arresto de personas que pueden ser oponentes políticos", tal como
declarara, igualmente en febrero de 2014, la portavoz adjunta del Departamento
de Estado, Marie Harf.
"En el caso de López y
en todos los demás casos, pedimos un proceso debido y la liberación inmediata
de los que han sido detenidos en Venezuela mientras expresaban pacíficamente
sus derechos a la libertad de expresión y asamblea, unos derechos que el
gobierno venezolano tiene obligación de proteger", subrayó la vocera.
Declaraciones injerencistas
como las anteriores han sido una constante de parte de la Casa Blanca, sobre
todo en las últimas de cambio. En ese sentido, el presidente Maduro resaltó
anteriormente que en los primeros 45 días de 2015 Estados Unidos había emitido
unos 55 pronunciamientos en contra de Venezuela. El más reciente resultó en la
controvertida y mundialmente rechazada orden ejecutiva firmada por Obama en la
que se califica al país suramericano como una "amenaza extraordinaria e
inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidense".
Sin embargo, mientras desde
Estados Unidos se aboga por la liberación en Venezuela de los responsables del
terrorismo de 2014, en el país latinoamericano no solo estos están detenidos
sino que de los 39 que permanecen privados de libertad 14 son funcionarios de
seguridad, tal como informó el pasado 26 de abril la fiscal general de la
República, Luisa Ortega Díaz.
Entre los delitos que son
atribuidos a los funcionarios de seguridad detenidos, figuran homicidios,
tratos crueles e inhumanos y uno por un caso de tortura.
Entretanto, en Baltimore las
calles continúan enardecidas ante la muerte de Gray y la impunidad por parte
del gobierno de Estados Unidos ante la brutalidad policial contra la población
afroamericana, signo de que la discriminación racial sigue siendo política de Estado
en ese país.
Al respecto, un grupo de seis
expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresaron,
el pasado 5 de diciembre de 2014, que existe "una preocupación
legítima" por la posibilidad de que exista en Estados Unidos un patrón de
impunidad a la brutalidad ejercida contra ciudadanos afroamericanos, reportó un
despacho de Prensa Latina.
Se referían, específicamente,
a la decisión de un Gran Jurado en Staten Island (Nueva York) de no procesar a
un policía blanco que mató al ciudadano afroamericano desarmado, Eric Garner,
tras aplicarle una llave de estrangulamiento prohibida.
Ese hecho sucedió una semana
después de que otro Gran Jurado de San Luis (Missouri) decidiera también que no
fuese acusado otro policía blanco que disparó en repetidas ocasiones a un joven
negro desarmado, Michael Brown, y que también provocaron enorme indignación y
violentas protestas en todo el país, como las que ahora tienen lugar en
Baltimore.
