Familiares de normalistas
desaparecidos protestan en Tixtla, Guerrero. Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- Intelectuales y académicos de 60 países y 500
universidades, centros de investigación y organizaciones civiles y ciudadanos
de todo el mundo exigieron la “renuncia inmediata” del gobernador de Guerrero,
Ángel Aguirre Rivero, de su procurador Iñaki Blanco Cabrera y todos los
policías y miembros del Ejército que hayan sabido, encubierto o participado en
la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La petición incluye al procurador general de la República, Jesús Murillo
Karam, si se demuestra que tuvo conocimiento de las acciones ilícitas del
exalcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca, y fue omiso al respecto.
En una “Carta Abierta desde el Extranjero
#AyotzinapaSomosTodos” –que será publicada en la prensa
internacional y entregada en consulados y embajadas de México este miércoles
22–, los intelectuales critican la “lentitud” y “aparente negligencia” con la
que avanzan las investigaciones en torno al asesinato de tres normalistas de
Ayotzinapa y la desaparición de 43 más el viernes 26 de septiembre en Iguala,
Guerrero.
En su misiva, exigen la aparición con vida de los 43 normalistas
desaparecidos, así como el cese de represalias y hostigamiento a los alumnos de
la Normal de Ayotzinapa, y a los estudiantes en general.
Además de que Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda
Villa sean “inmediatamente detenidos, procesados y castigados” dentro del marco
de la ley.
También piden una investigación “confiable, real y transparente”, con la
participación de peritos y observadores internacionales, como el Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF).
En su misiva, señalan que no cesarán ni dejarán de insistir de esta y
otras maneras para exigir el esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos
hace casi un mes en Iguala.
“Continuaremos atentos a los acontecimientos y ampliando las redes de
información entre colegas, estudiantes y amistades en México y el extranjero.
“No podemos permitir que se repitan masacres como la del movimiento
estudiantil de 1968 o la persecución y aniquilamiento de poblaciones campesinas
como las de Acteal y Aguas Blancas”, advierten.
Luego señalan que los hechos ocurridos en Iguala, el 26 de septiembre,
“son una de sus manifestaciones más execrables en la historia del país”.
Y afirman que les indigna “profundamente” que ante la magnitud de los
hechos el gobierno mexicano ofrezca declaraciones contradictorias y presente
resultados, no sólo nulos sino incluso más preocupantes, ya que las
irregularidades de la investigación aumentan cada día sin que se sepa nada
respecto de la aprehensión de los culpables o del paradero de los 43
estudiantes.
En cambio, añaden, se han descubierto muchas fosas más, muchos cadáveres
más, por lo que preguntan: “¿De qué tamaño son las fosas en este país, cuántos
más caben en ellas, cuántos más esperan el mismo destino?”.
Por si fuera poco, señalan, hasta ahora no se ha dado a conocer el
nombre de los detenidos ni las líneas de investigación. “Son lamentables la
lentitud y la aparente negligencia con la que avanzan las investigaciones”,
fustigan.
Y si lo ocurrido es de por sí terrible, subrayan, la actitud general de
los órganos de gobierno “es una afrenta al sentido de humanidad y a la
inteligencia de quienes observamos en la distancia”.
Los denunciantes señalan que la realidad que México ha mostrado al mundo
es decepcionante:
“El caso de Iguala, sumado a muchos otros sucesos en los últimos meses,
ha dejado claro que no se puede hablar ya de criminales comunes sino de la
criminalidad de representantes del gobierno tanto local como estatal y federal,
que por acción u omisión permitieron que esto ocurriera y ahora no parecen
hacer lo necesario para resolverlo y restaurar la confianza en ese mismo
gobierno.
“No entendemos que el gobernador de Guerrero no haya renunciado aún y
que las autoridades federales estén conformes con esta situación.
“Todos sabemos que el gobernador estaba al tanto de la situación en
Iguala –él mismo lo declaró así y aseguró que también el Ejército y la
Procuraduría General de la República lo sabían. Nos preguntamos entonces, ¿qué
otras situaciones de colusión entre crimen y gobierno, que ningún estado de
derecho podría tolerar, son del conocimiento de las autoridades?”, inquieren.
Los firmantes afirman que el caso de Ayotzinapa rebasó un límite que no
debería haber sido nunca cruzado. “Sumamos nuestra indignación y nuestra
solidaridad para con los estudiantes normalistas mexicanos y sus familias”,
refrendan.
La carta está dirigida al presidente Enrique Peña Nieto; el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el general Salvador Cienfuegos
Zepeda, secretario de Defensa; Emilio Chuayffet Chemor, secretario de
Educación; el ministro Juan N. Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, y Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
Al diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Cámara de
Diputados; Miguel Barbosa Huerta, presidente del Senado, así como a todas las
mexicanas y los mexicanos, las personas que fuera de México siguen los
acontecimientos violentos recientes, a la opinión pública, a los 43 estudiantes
de Ayotzinapa desaparecidos, a sus familiares y compañeros.
Entre los firmantes de la misiva se encuentran Noam Chomsky, Edgardo
Buscaglia, Elena Poniatowska, Alicia Schmidt Camacho, Andrés Lajous, Natalia
Majluf, entre otros miles de académicos e intelectuales de diversas
universidades e institutos del mundo.
