lunes, 23 de junio de 2014

La BBC señala que las prisas por aforar al Rey Juan Carlos se deben a posibles demandas por paternidad


Captura de la noticia de la BBC sobre el aforamiento del Rey Juan Carlos. EL MUNDO

E. M. Madrid

Actualizado: 23/06/2014 13:28 horas

El Congreso de los Diputados comienza este lunes el trámite parlamentario para el aforamiento del Rey Juan Carlos y de la Reina Sofía con la reunión de la ponencia encargada de informar la ley en la que el PP ha introducido las enmiendas que permitirán regular el estatus jurídico del anterior monarca.

Se busca, por parte de los poderes del Estado, que la cuestión esté resuelta antes de las vacaciones de verano. La cadena británica BBC publica que "políticos españoles han admitido que las prisas por aprobar la nueva legislación en torno a Juan Carlos I se deben a dos posibles demandas por paternidad". El Rey Juan Carlos perdió la inmunidad después después de que su hijo, Felipe VI, asumiera el trono el pasado día 19.

Se trata del proyecto de ley orgánica complementaria de la ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por las que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula el régimen laboral y de permisos de jueces y fiscales.

El PP decidió introducir dos enmiendas en ese texto legal para definir el estatus jurídico del Rey Juan Carlos una vez que perdió la inviolabilidad tras su abdicación, con el fin de que sólo pueda ser juzgado por el Tribunal Supremo, al igual que la Reina Sofía, la Reina Letizia y la Princesa de Asturias.

La BBC recuerda que en 2012 no fueron admitidas a trámite dos demandas por paternidad contra el Rey Juan Carlos. Se trata de Albert Solá Jiménez e Ingrid Jeanne Satiau, quienes reclaman ser reconocidos como hijos del Rey. En ese momento fueron rechazadas por el estatus especial que le confería "inviolabilidad e irresponsabilidad", pero ahora, durante el tiempo que Juan Carlos de Borbón esté sin esa protección, las demandas podrían presentarse en los tribunales ordinarios.

La cadena británica destaca las palabras de Alfonso Alonso, portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, quien explicó que las enmiendas que se introducirán en la ley "resolverán una cuestión actual y muy importante... la situación judicial de su majestad el Rey Juan Carlos".

Una vez aprobado el aforamiento del Rey Juan Carlos, el Tribunal Supremo será el único con potestad para escuchar las acciones civiles y criminales contra Juan Carlos I y su esposa, la Reina Sofía. Un privilegio, explica la BBC, similar al de otros aforados, como políticos de alto rango y diplomáticos españoles.

La celeridad del proceso favorecerá que la cuestión esté resuelta antes de las vacaciones de verano, mientras que si se hubiera esperado al anteproyecto de reforma de la LOPJ podría haberse demorado varios meses, en contra del criterio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Una vez que la ponencia informe el dictamen de la ley, se convocará la Comisión de Justicia, que debe aprobarlo, y se remitirá al pleno del Congreso, donde al tratarse de una ley orgánica necesita de mayoría absoluta para su aprobación. Posteriormente, el texto se trasladará al Senado para su visto bueno definitivo.

Hasta el momento, el PP -con mayoría absoluta- ha encontrado el respaldo de UPN y Foro Asturias y el rechazo manifiesto de Izquierda UnidaERCUPyD y Amaiur, mientras que el Gobierno vasco ha cuestionado "la urgencia" por aplicarlo.

Aún no hay un pronunciamiento del PSOE sobre este asunto, si bien Eduardo Madina, secretario general del grupo parlamentario y candidato a dirigir el partido, ha declarado que no le parece un problema el aforamiento, aunque ha objetado que "un asunto de tanta trascendencia debería haberse hecho con más serenidad", por el trámite oportuno y con el tiempo necesario.

Este lunes, el juez decano de Bilbao, Alfonso González Guija, se ha mostrado partidario en la Cadena Ser del aforamiento al Rey Don Juan Carlos de cara a evitar "una querella o denuncia" de algún ciudadano con un afán "revanchista no excesivamente bienintencionado".

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha avisado este lunes de que su partido ve "bastantes problemas" en el "procedimiento" adoptado para aforar al Rey Juan Carlos "y en su concepción", y ha dejado claro que los socialistas no han decidido aún su posición sobre esta reforma legislativa.


Directivos de la FIFA acusados de duplicarse el salario

El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien preside el órgano mundial de fútbol desde 1998, últimamente se ha visto envuelto en diversos casos de corrupción. (Foto: Archivo)

teleSUR-RT/oja-MARL – CA  -  Lunes 23 de Junio de 2014, 07:01 am

Una filtración del semanario británico The Sunday Times reveló que, a principios de este año, la FIFA decidió en secreto duplicar el salario de su Comité Ejecutivo.

El periódico británico "The Sunday Times" denunció este domingo una presunta remuneración de 200 mil dólares anuales para los 25 miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), que no incluye pasajes de avión en "clase ejecutiva", ni alojamiento en hoteles de cinco estrellas durante los viajes que realizan. De acuerdo con el rotativo, la denuncia se apoya en "fuentes fidedignas".

El semanario afirma que el aumento salarial del 100 por ciento es una medida que se tomó para compensar los bonos que les fueron recortados a todos los miembros del Comité en diciembre del año pasado. Estos pagos fluctuaban, según las fuentes, desde 70 mil hasta 200 mil dólares para los años en los que se juega el Mundial de Fútbol.

La portavoz de la FIFA, Delia Fischer, sostiene que los pagos a los ejecutivos son aprobados por un panel de remuneración que fue creado como parte de unas reformas que comenzaron en el año 2011. Sin embargo, para 2013, el organismo pagó 36,3 millones de dólares a "personal en posiciones administrativas claves".

El Comite Ejecutivo es la institución que se encarga de la toma de decisiones y se compone con personal de los cinco continentes. Incluso, tres semanas atrás, el mismo periódico acusó a exfuncionarios cataríes de la FIFA de sobornar a miembros del organismo mundial, para asegurar la designación de Qatar como sede de la Copa del Mundo en 2022.


Juez Castro imputará a la Infanta Cristina por blanqueo y delito fiscal

El juez ultima el auto contra la hermana del Rey al que se opone la Fiscalía. Le atribuirá blanqueo de capitales y cooperación en los dos delitos cometidos por Iñaki


La Infanta Cristina, al llegar a los juzgados de Palma para declarar en febrero de este año AFP

El Mundo.es - ESTEBAN URREIZTIETA - EDUARDO INDA Madrid

Actualizado: 23/06/2014 07:33 horas

El juez Castro imputará a la Infanta Cristina por blanqueo de capitales y cooperación en los dos delitos fiscales cometidos por su marido en 2007 y 2008. Lo más probable es que el auto se conozca esta semana, previsiblemente pasado mañana.

Estos dos delitos comportan penas de hasta once años de cárcel: seis el de blanqueo de capitales, cinco el de cooperación en un delito contra la Hacienda Pública. El hermetismo del magistrado es total pero la orientación de su auto está clara para la Fiscalía, que ya prepara un recurso al entender por enésima vez que la hermana del Rey es inocente. La resolución podría tener que retrasarse de nuevo si, como se comenta en ámbitos jurídicos, Iñaki Urdangarin pide declarar para autoinculparse y exonerar a su mujer.

Todo indica que, salvo sorpresas de última hora en forma de recursos de algunas de las partes -Iñaki Urdangarin, por ejemplo-, el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, José Castro, dictará esta semana el auto de pase a procedimiento abreviado, en el cual señalará con nombres y apellidos los ciudadanos que se sentarán en el banquillo por la trama urdida por el duque de Palma y su socio, Diego Torres, para saquear las arcas públicas de tres comunidades autónomas y varios ayuntamientos.

Lo más probable es que el instructor haga público el auto pasado mañana. Y no por esperada, la gran sorpresa será la determinación del magistrado de sentar en el banquillo a Doña Cristina. Tal y como hiciera en el auto de imputación, José Castro le acusará de blanqueo de capitales al haber dispuesto y gastado el dinero público desviado a la empresa familiar Aizoon, que comparte al 50% con Iñaki Urdangarin. Eso sí: esta vez no le acusará de delito fiscal propiamente dicho, como hizo el 7 de enero, sino de cooperación en los dos presuntamente cometidos por su marido en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los ejercicios 2007 y 2008 -182.000 euros defraudados en el primero, 155.000 en el segundo-.

El papel de la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción da por hecho que el auto sentará en el banquillo a la duquesa de Palma por estos dos delitos. Tan es así que tiene preparado ya el recurso para presentarlo en los cinco días hábiles de plazo que otorgará el instructor a las partes para que apostillen lo que crean conveniente antes de decretar la apertura de juicio oral.

Hasta 11 años de prisión

Delito fiscal. El juez Castro planea acusar a Cristina de Borbón de cooperación en los dos delitos fiscales cometidos por su marido Iñaki Urdangarin, conducta antijurídica tipificada en el artículo 305 del Código Penal y sancionada con hasta cinco años de prisión. El fraude fiscal perpetrado por el duque de Palma se llevó a cabo vía Aizoon, sociedad participada al 50% por la Infanta.

Blanqueo de capitales. El magistrado considera acreditado que la Infanta dispuso para su uso personal de fondos públicos obtenidos de forma irregular por Nóos y desviados a Aizoon. Considera que conocía de sobra su procedencia y, en consecuencia, le atribuirá blanqueo, delito castigado con hasta seis años.

José Castro sigue de esta manera la senda que le trazó la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en la polémica resolución del 7 de mayo del año pasado. En ella, además de desimputar a la Infanta dando lugar a la denominada doctrina Borbón, se le conminó a investigar si la hermana del Rey había incurrido en un delito fiscal y en otro de blanqueo de capitales.

El presidente de la Sección, Diego Gómez-Reino, resolvió de esta salomónica manera la patata caliente que le había dejado encima de la mesa la Fiscalía Anticorrupción al considerar que no había indicios para atribuir a Cristina de Borbón tráfico de influencias. José Castro imputó por primera vez a la Infanta el 3 de abril de 2013, porque opinaba que había permitido conscientemente la utilización de su condición de miembro de la Familia Real para facilitar los pelotazos que su marido y Torres consumaron en el Govern balear, la Generalitat Valenciana, el Gobierno autonómico catalán, varios ayuntamientos y un sinfín de compañías.

El juez instructor sostiene que Cristina de Borbón facilitó los delitos fiscales de su marido al permitir que tributase vía Aizoon, y no a través de su IRPF, las ganancias obtenidas de diversas entidades privadas y públicas en los ejercicios fiscales 2007 y 2008. Hay que recordar que la sociedad limitada familiar de los duques de Palma percibió más de un millón de euros de empresas privadas (Havas, Mixta África, Pernod Ricard, LVHM, la compañía de armamento Lagardère y Aceros Bergara) a cambio de nada. El problema no es ése, toda vez que son sociedades privadas y son los accionistas quienes deben pedir cuentas del destino del dinero. El quid de la cuestión es que Urdangarin no tributó estas ganancias en su IRPF sino que las declaró en Aizoon, con lo cual se ahorró ilegalmente casi 15 puntos de tributación.

El blanqueo le cae a la Infanta por haber aceptado, dispuesto y gastado parte del millón de euros públicos que Iñaki Urdangarin desvió desde el Instituto «sin ánimo de lucro» Nóos a Aizoon. Hay que recordar que Cristina de Borbón empleó parte de esos fondos en la remodelación del palacete de Pedralbes, en la compra de obras de arte, en clases de salsa y merengue, en cumpleaños infantiles; es decir, en cuestiones que nada tienen que ver con la actividad normal de una sociedad.

Castro tampoco descarta la posibilidad de que la justiciable Borbón sea responsable de un delito fiscal en Aizoon, que en 2007 habría defraudado 120.700 euros. La cuota que marca el umbral entre falta y delito fiscal es precisamente de 120.000 euros. Hacienda dio como buenas tres facturas falsas por un importe total de 69.990 euros, librando así a la Infanta de responsabilidad penal.