ESTEBAN MORALES
No es nueva la idea de que a cualquiera que
tenga un cargo o se le vaya a asignar alguna responsabilidad, dentro del
gobierno o del estado, le sean auditados sus bienes. Esto lo he planteado en
varios de mis artículos sobre el tema.
Mientras haya funcionarios gastando
dinero sin que sepamos de donde lo saca, la corrupción andará por su
respeto.
Para tratar con este asunto creo son
necesarios siguientes pasos.
1.
Que el gobierno consigne claramente y de
manera explícita, cuales son os privilegios de que pueden disfrutar
los que ocupan los cargos a nivel estatal y gubernamental.
2.
Que cada funcionario tenga que hacer una
declaración de bienes y sus fuentes, antes de ocupar ninguna responsabilidad y
que haga lo mismo cuando ya deje el cargo.
3.
Que cada funcionario, sea ministro, director
de organismo, o con cualquier nivel de responsabilidad, se vea obligado a
rendir informe de sus bienes, a los trabajadores de su organismo,
cada vez que se haga un balance de trabajo.
4.
Que la contraloría se vea obligada a
certificar el informe presentado por el funcionario en cuestión.
No basta con auditar la institución, hay que
también hacerlo con los funcionarios que ocupan las responsabilidades
principales. Teniendo en cuenta además, que hay cargos no consignados como
principales, pero que al controlar recursos, también deben pasar por el
mismo procedimiento. En esto, un jefe de almacén o de abastecimientos, puede
resultar más importante que el ministro.
Por ello comparto totalmente los criterios
vertidos en Cartas desde Cuba del 5 de diciembre de este año 2013.Y agregaría
más.
Que en la agenda de trabajo de las
organizaciones políticas y sindicales, este plasmado como una tarea a cumplir
de manera sistemática lo más arriba propuesto. Rindiendo informes
sistemáticos en los Consejos de Dirección a su nivel. Emplazando
críticamente a cualquiera que no cumpla con lo dispuesto. Llevando sus
resultados a la masa de trabajadores en las Asambleas Sindicales. Un mecanismo
como este es capaz de garantizar que todos se vean obligados a
estar informados y salirle al paso a cualquier irregularidad.
Que en las Asambleas de Rendición de Cuentas
del Delegado, este se vea obligado a rendir cuentas también de cómo el
Municipio utiliza los recursos que el gobierno pone a su disposición para
solucionar los problemas que competen a los electores. Esto convendría
sea un mecanismo que opere hasta la Asamblea nacional, donde junto al Informe
de Ejecución del Presupuesto Nacional, aparezca un acápite de cómo se han
utilizado en específico los recursos de que dispone el estado y sus dispositivos,
para cumplir las tareas que tiene asignadas.
No basta con un informe financiero, de
números fríos, que a veces muy pocos entienden, hace falta que la Asamblea
nacional, informe públicamente al pueblo como se han utilizado los
recursos, quienes los desperdiciaron o se apropiaron de ellos y cuáles son las
medidas que se han adoptado con los infractores.
Es cierto que la Contraloría General de
la República ha avanzado mucho en su trabajo. Pero aún se informa poco,
de manera muy general a veces y las masas todavía no participan de
manera suficiente en el control de los recursos que le pertenecen.
Aun nuestra prensa no desempeña el papel que
le corresponde en informar al pueblo sobre las irregularidades que se
cometen, ni cuáles son los responsables de las mismas. Aun los corruptos
pueden sentirse protegidos para actuar con impunidad. Porque la prensa no
informa sobre sus fechorías, no sabemos cuáles son sus nombres, de que
organismos son, ni como pagan por usufructuar de manera
ilegal los bienes del pueblo. Confiemos en que son las masas organizadas y no
ningún organismo burocrático, las que tiene que acabar con la corrupción.
