lunes, 13 de mayo de 2013

¿Quiénes son los dueños de los bancos en El Salvador?

TransparenciaActiva -  Daniel Trujillo el 13/05/2013.
Los dueños de los principales bancos del país son cuatro transnacionales financieras y apenas una decena de familias con mayor renombre empresarial. Antes de la venta, los bancos eran mayoritariamente salvadoreños y existían unos 70 dueños, quienes desempeñaron cargos en el Gobierno y en asociaciones empresariales. La investigación de Transparencia Activa revela, además, que con el traspaso accionario no se pagaron impuestos porque la ley no lo establecía.
El Banco Scotiabank adquirió el Banco de Comercio en abril de 2005.
En el año 2005 los dueños de los principales bancos del país decidieron vender la mayoría de las acciones de las instituciones financieras a transnacionales. Desde entonces, poco a poco en El Salvador se empezaron a escuchar y ver los nombres de Scotiabank, CITI y HSBC, actualmente Davivienda.
La superintendencia adjunta de bancos, aseguradoras y otras entidades financieras, de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) explicó a Transparencia Activa que la venta de la mayoría de las acciones se realizó en Panamá, bajo la supervisión del ente controlador panameño en coordinación con el salvadoreño.
El superintendente adjunto de bancos, William Durán, explicó que las operaciones de ventas, así como la determinación de pérdidas o ganancias se dieron en los libros de las supervisoras de Panamá, y no en las de El Salvador.
Fue así entonces como el Banco de Comercio de El Salvador, S.A. vendió la mayoría de sus acciones a The Bank Of Nova Scotia, de origen canadiense, quien adquirió el 97.71% de las acciones.
La SSF autorizó en marzo de 2007 a Bancolombia, S.A. (radicada en Panamá) ser propietaria de la sociedad Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A. quien poseía el 94.29% de las acciones de Banco Agrícola.
El Banco Cuscatlán, para agosto de 2008, realizó la suscripción de un acuerdo privado para la venta de inversiones Financieras Uno, S.A. en proceso de fusión con Inversiones Financieras Cuscatlán, S.A. Ésta última tenía el 97% de las acciones del banco.
Según la información de la Superintendencia, Citibank Overseas Investment Corporation con domicilio en Wilmington, Delaware, Estados Unidos, compró el 99.99572% de las acciones de Inversiones Financieras Uno, la cual estaba en proceso de fusión con Inversiones Financieras Cuscatlán, y fue así como se convirtió en dueño.
El Banco Salvadoreño fue comprado por HSBC Asia Holding, B.V. con domicilio en Holanda, adquiriendo el 99.98% en 2007.
Cinco años después, la SSF autorizó a Inversiones Financieras HSBC, S.A. la venta del 98.24066% de sus acciones al Banco Davivienda, S.A., con domicilio en Colombia. 
Los accionistas minoritarios
Antes de la venta de los bancos, la mayoría de las acciones las poseían entidades denominadas inversiones financieras, entre un 86% y un 95%.
El resto lo tenían personas con apellidos como Poma, Simán, Kriete, Eserski, Cristiani, Baldochi, Bahaia, Salume, Zablah, Belismelis, Sol, Araujo, entre otros.
El economista e investigador del Equipo Maíz, César Villalona, aseguró que luego de la privatización de los bancos a inicios de la década de los 90 y el pago de la deuda de la misma, por medio del Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI), familias como Dueñas, Regalado, Baldochi, Cristiani, Simán, Poma y Murray Meza constituyeron “una argolla financiera”.
Los bancos Cuscatlán y UNO se convirtieron en CITI, de capital estadounidense.
 “Luego los empresarios montaron las empresas de seguros. Posteriormente, la privatización de las pensiones”, aseguró Villalona, quien ha publicado varios libros sobre este tema en el Equipo Maíz.
El investigador afirmó que la venta de los bancos a las transnacionales ocurrió para que las familias “estuvieran protegidas” de un Gobierno de izquierda y tuvieran el “paraguas” de empresas internacionales.
“La lógica de la privatización de la banca es la protección, y con el capital de la venta seguir desarrollando los negocios más rentables, incluso fuera de El Salvador, sin dejar de ser banqueros. Eso está bien pensando”, subrayó Villalona.
La ley impidió pagar impuestos
En los años que se vendieron las acciones en el país se impusieron incentivos para que la gente se animara a incursionar en la bolsa de valores, y uno de estos fue la exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las ganancias que obtuvieran personas naturales que vendieran sus acciones en ese mercado.
El artículo cuatro, ordinal 14, de la anterior ley estipulaba que son rentas no gravables: “Las utilidades, dividendos, premios, intereses, réditos, incluyendo ganancias de capital, o cualquier otro beneficio que obtengan personas naturales, generados en inversiones o en la compra de venta de acciones o demás títulos valores, siempre y cuando tales acciones o títulos valores pertenezcan a emisiones inscritas y autorizadas por la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Valores, y la colocación de los mismos sea realizada a través de una bolsa de valores legalmente autorizada”.
El director de fiscalización del Ministerio de Hacienda, Luis Díaz, dijo que para evitar esta elusión del ISR, el actual Gobierno envió una reforma en 2009 y la Asamblea Legislativa modificó la ley. Ahora quienes realicen estas transacciones están obligados a pagar impuesto.
La venta de las acciones de las personas naturales apenas fue el 10% del total de los bancos, mientras el 90% se vendieron fuera del país para que no se les aplicara el artículo 16 de la ley del ISR, que estipulaba el pago de renta de los bienes y los capitales invertidos en el territorio.
Mientras, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) tampoco se pagó porque el artículo cinco de esta ley indica que los títulos valores no son sujetos de este gravamen.
El economista Villalona afirma que con la venta de las acciones de los bancos se debieron pagar unos $260 millones en impuestos, pero que no realizaron porque la ley lo permitía.
Con los $260 millones de la elusión fiscal se podría haber financiado más de la mitad del programa social para este año, en el que se financiaría la reforma de salud, el Plan de Agricultura Familiar, construcciones de vivienda popular,planes educativos, la instalación de agua potable en las comunidades rurales y urbanas del país y demás obras.
Actualmente en el país hay unos diez bancos operando, de los cuales dos son del Estado. El último que se vendió fue el HSBC y pasó a ser propietario Davivienda, de capital colombiano. Los activos de las instituciones ascienden a más de $13,000 millones.

Presidente cubano reitera necesidad de evitar derroche de recursos


La Habana, 13 mayo (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, reiteró la necesidad de evitar el derroche de recursos, pues el ahorro constituye la principal fuente de ingresos que tiene la economía de este país.
De acuerdo con el diario Granma, en una reunión ampliada del Consejo de Ministros el mandatario expresó que la solución no puede ser salir a buscar fuera lo que puede producir esta nación.

El encuentro, acontecido el viernes último, analizó temas sobre la actualización del modelo económico y ratificó la necesidad de luchar contra limitaciones e insuficiencias en todos los sectores. Raúl Castro destacó, además, la importancia de incrementar la capacitación y preparación de directivos y trabajadores a quienes corresponde la implementación de las medidas que se vayan aprobando.

Durante la reunión, el ministro de Economía y Planificación, Adel Yzquierdo, expuso los principios de la política diseñada para perfeccionar el proceso inversionista, la cual busca actualizar y unificar las normativas jurídicas sobre el tema.

Esta define al inversionista como el sujeto principal de todo el proceso, que debe ser concebido integralmente, incluido el análisis de las cadenas productivas con la participación de todas las formas de gestión, señala el rotativo.

También se analizó la política para el reordenamiento y uso eficiente de máquinas herramientas y equipos, tema que, consideró Salvador Pardo, ministro de Industrias, resulta de vital importancia para asegurar el empleo racional de las instalaciones y el equipamiento.

En tal sentido, se aprobó la política dirigida a definir prioridades y sistemas de trabajo para el adecuado empleo de máquinas y equipos, con lo cual se pretende detener el deterioro y el desmantelamiento indiscriminado del parque. Además, se reordenará el equipamiento existente y se reorientarán a corto plazo las producciones metalmecánicas para satisfacer las demandas de las nuevas formas productivas que han surgido.

También se explorarán formas de cooperación, complementariedad y de encadenamiento entre las fábricas productoras estatales y no estatales, los talleres de apoyo y la industria local que permitan reducir los costos de producción.

Igualmente, los miembros del Consejo de Ministros dieron el visto bueno a la propuesta de perfeccionamiento funcional y estructural aprobado para el ministerio de la Industria Alimentaria.

De acuerdo con el segundo jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, Leonardo Andollo, la primera etapa de reestructuración ocurrió en 2009, cuando se fusionaron los ministerios de la Industria Alimentaria y la Pesca. Los cambios que comenzarán a implementarse tienen como propósito fundamental separar las funciones estatales de las empresariales, reiteró.

A pesar de que en 2009 se había creado una Organización Superior de Dirección Empresarial – destacó -, aún no se había logrado que desempeñara todas las funciones que debía.

La actual reorganización, añadió, pretende que ella asuma las funciones que verdaderamente le corresponden, así como un quehacer más racional e integral de los órganos de dirección de ambas estructuras (la estatal y la empresarial).

Otro de los temas abordados, y aprobado en la reunión, consistió en la política para el perfeccionamiento del Sistema Contravencional, considerado un asunto vital para continuar rescatando el orden en la sociedad.

Ese propone reunir en una sola norma general con rango de ley las conductas que constituyen contravenciones y las medidas a imponer con un único procedimiento para su aplicación en las condiciones de la actualización del modelo económico.

jf/las

Entre abril de 1982 y julio de 1983 fueron asesinados 2 mil 147 indígenas en la región ixil

Blanche Petrich 
Periódico La Jornada
Lunes 13 de mayo de 2013, p. 22
Un estudio demográfico y matemático en la región ixil de Guatemala precisa que en el lapso entre abril de 1982 y julio de 1983 (16 meses), fueron asesinadas 2 mil 147 personas, de un total de 38 mil 902 pobladores que había en esa época en los tres municipios que habitan esa etnia en el norte del Quiché. Es decir, 5.51 por ciento del total.
Este estudio forma parte del peritaje aportado por el estadunidense Patrick Ball, investigador del Grupo de Análisis para los Derechos Humanos (Human Rights Analysis and Data Group, HRDG) a solicitud del Ministerio Público que llevó la demanda en contra del general Efraín Ríos Montt ante los tribunales en ese país centroamericano.
En una entrevista que publica el diario digital guatemalteco, Plaza Pública, el especialista explica que los datos comprobados mediante la aplicación de técnicas científicas resultaron coherentes con la tipificación del delito de genocidio, por el cual finalmente fue declarado culpable el ex dictador.
Los testigos del caso, todos familiares directos de las víctimas, presentaron con peritajes, autopsias y otros indicios probatorios la identidad de mil 771 personas asesinadas por soldados del ejército en las sucesivas matanzas de la estrategia contrainsurgente de la época. Estos fueron contrastados con los datos contenidos en los informes de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos  y el proyecto interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), los tres balances que se realizaron en la posguerra por mandato del Acuerdo de Paz. En estos reportes de los 90 ya se estipulaba la existencia del delito de genocidio. También se sumaron y contrastaron las denuncias hechas ante el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR).
De acuerdo con las conclusiones, entre 1978 y 1996 se documentaron 132 mil homicidios en todo el país.
En el caso del genocidio en la región ixil, donde hoy habitan aproximadamente 50 mil personas, más cerca de 20 mil indígenas que se calcula han emigrado a Estados Unidos vía México, se estudió el periodo de entre abril de 1982 a julio de 1983. No se incluyó el mes de agosto porque los datos se recopilan por mes, no por día.
En septiembre de ese año Ríos Montt fue derrocado por otro general, Oscar Mejía Víctores, quien gobernó hasta enero de 1983 y continuó las mismas prácticas contrainsurgentes, incluida la intensa persecución en las montañas de los desplazados y la reclusión de pobladores en polos de desarrollo. Mejía Víctores (83 años) no ha sido llevado a juicio porque según una sentencia previa de una corte, ya no está en condiciones físicas y mentales para ser presentado ante un tribunal.
Ball explica: Estimamos que 2 mil 147 personas indígenas de las 38 mil 902 que había, según el censo de población de 1981, fueron asesinadas por el ejército en esos 16 meses. Mientras que entre sus vecinos no indígenas hay 41 personas asesinadas por el ejército de una población de 5 mil 882 personas. Es decir, el riesgo de ser asesinado por el ejército en esos tres municipios durante ese periodo fue ocho veces mayor que el riesgo de su vecino no indígena.
En el portal de su organización, puntualiza que en su peritaje solamente presentó la estimación más baja de sus resultados, ya que el número total de víctimas puede ser mayor. Además, no fueron incorporados en este universo ni los muertos por hambre y enfermedad durante la huida de las incursiones militares, ni el número de desplazados, que fue otro indicador de genocidio. Ese sería otro universo de trabajo. No es otra variable. En epidemiología a estos muertos se les llama mortalidad excesiva por causas del conflicto. He hecho estudios de ese tipo, por ejemplo, en Timor Oriental, pero aquí no se hizo.
En cuanto a los datos que podría arrojar el estudio de muertes por frío, enfermedad, hambre o ametrallamientos aéreos en las llamadas Comunidades de Población en Resistencia, Ball explica a Plaza Pública: El desplazamiento requiere otra lógica matemática porque se prolonga en el tiempo, mientras el homicidio ocurre una vez y para una persona. El desplazamiento, la tortura o la violación pueden suceder varias veces y es más difícil contabilizar.
Lo que este peritaje aporta específicamente es que con la matemática se determina si la hipótesis de genocidio es consistente o no con los datos. Concluimos que los datos son consistentes.
Aunque en este peritaje no se presentaron cifras de muertes atribuidas a la guerrilla, porque la URNG no fue acusada en esta ocasión, Ball sí estudió ese aspecto. Y concluyó que los homicidios cometidos por la insurgencia suman docenas, no miles.
 

Abogados de la defensa confían en echar abajo la sentencia contra el general retirado 
La cúpula empresarial de Guatemala exige anular juicio contra Ríos Montt
Los magistrados del tribunal que lo condenó sólo buscan protagonismo, dice otro letrado
Blanche Petrich 
Periódico La Jornada
Lunes 13 de mayo de 2013, p. 22
Simpatizantes del ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt se manifestaron ayer afuera de la prisión de Matamoros, donde está recluido el militar Foto Reuters
La cúpula empresarial, agroindustrial y financiera de Guatemala exigió hoy anular el juicio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt porque, según un comunicado emitido ayer, no se ha demostrado la intencionalidad específica del Estado por exterminar a un grupo étnico en particular.
Santiago Molina, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), demandó que en las apelaciones del caso la Corte de Constitucionalidad contribuya a la gobernabilidad y un efectivo estado de derecho, anulando la sentencia.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) y directivo del CACIF, Marco Augusto García, opinó que el fallo condenatorio por genocidio fue por la presión internacional.
Abogados de la defensa del anciano militar se mostraron confiados en que podrán echar abajo la sentencia, en declaraciones a los diarios locales Prensa Libre y Siglo XXI. Anunciaron que tienen al menos 12 recursos pendientes de resolución. Pero debieron haber sido mil amparos por las ilegalidades que se cometieron, dijo uno de los juristas que representaron a Ríos Montt, Francisco Palomo. Lo que querían era ver preso al general ante la comunidad internacional para cobrar bastante dinero.
Palomo, quien desde el inicio del proceso fue parte del equipo de juristas defensores tanto del ex presidente de facto como del general José Mauricio Rodríguez, su ex jefe de inteligencia militar, renunció a representar a los acusados a dos días de iniciadas las audiencias públicas que presidió la juez Barrios, como parte de la estrategia para empantanar el juicio.
Palomo es además ministro de la Corte de Constitucionalidad y por años ha sido diputado por el partido FRG, fundado por Ríos Montt en 1989. El ex presidente de facto fue diputado, y gozó de fuero en esa posición durante dos décadas.
En defensa de su correligionario, el abogado aseguró que el general condenado por genocidio le ganó la guerra a la subversión y los personajes que manipularon el juicio representan a los comunistas internacionales. Es una venganza.
Por ello, adelantó que el equipo de juristas del que forma parte trabajará en las apelaciones pendientes. Vamos a seguir litigando los recursos que están en trámite porque cualquiera podría anular el juicio.
Por su parte, el abogado Francisco García Gudiel, que al iniciar el juicio fue expulsado de la sala por la juez Barrios y después fue restituido, dijo: confiamos en que la sentencia caerá por su propio peso porque es insostenible. En su opinión, los magistrados del tribunal A de alto riesgo, integrado también por Patricia Bustamante y Pablo Xitimul, tenían interés en buscar protagonismo.

El último periodista asesinado en Cuba

13 de mayo de 1958

Carlos Bastidas Argüello fue el último periodista asesinado en Cuba por ejercer su oficio.


Era un reportero ecuatoriano que llegó a Cuba en 1958 y logró ascender la Sierra Maestra, establecer contacto con las fuerzas del Ejército Rebelde, e incluso sostener un encuentro con el Comandante en Jefe Fidel Castro. Fue, además, un colaborador de las primeras emisiones de Radio Rebelde. A través de esta radio de onda corta y bajo el seudónimo de Atahualpa Recio, se comunicó con el pueblo cubano y se identificó, de tal manera, con la lucha del Movimiento 26 de Julio para alcanzar la independencia verdadera y la libertad de Cuba.

Tenía entonces solo 23 años de edad, pero ya presentaba un aval periodístico importante, pues había reportado para distintos periódicos de Ecuador grandes acontecimientos como los sucesos de Hungría en 1956 y las caídas de las dictaduras de Rojas Pinilla, en Colombia, y de Pérez Jiménez, en Venezuela.

No llegó a Cuba buscando solo una gran noticia, la caída del también dictador Fulgencio Batista, o hacerse de un nombre que le abriese todavía más la puerta del periodismo en el continente. Encontró en nuestro país una verdadera Revolución, un ideario identificado con la causa de los humildes, los oprimidos, los explotados y los discriminados y quedó atrapado totalmente por la magia de la Revolución cubana en el mes y medio que estuvo en la Sierra Maestra. Su espíritu juvenil fue conquistado por completo por la Revolución, y por eso vivió en la Sierra como un revolucionario más, contaría después el periodista argentino Jorge Ricardo Masetti, con quien coincidió en el escenario principal de la lucha armada del pueblo cubano.

Retornó a la Habana el 11 de mayo de 1958, con el propósito de viajar tres días después a Estados Unidos, desde donde pensaba denunciar los crímenes de la aviación de Batista contra comunidades rurales. Se alojó en un hotel cercano al Paseo del Prado, visitó el Colegio Provincial del Periodista de La Habana y también estuvo en la embajada ecuatoriana en la capital, donde entregó al entonces embajador Virgilio Chiriboga los rollos con las fotos que había tomado en la Sierra Maestra, entre otros documentos.

En la noche del 13 de mayo, víspera de su partida, se dirigió a un bar situado en el Paseo del Prado, entre Virtudes y Neptuno, donde iba a recoger algunas cartas de militantes del 26 de Julio para llevarlas a exiliados cubanos en Estados Unidos. Mientras aguardaba, sentado dentro del local, un agente secreto de Batista, al servicio de Pilar García, jefe de la Policía Nacional, comenzó a injuriar al periodista ecuatoriano y después a golpearlo, antes de sacar su revólver y dispararle a mansalva un tiro en la cabeza. Bastidas quedó agónico, desangrándose.

De ese brutal asesinato no se publicó una línea en la prensa cubana de la época, sometida a la más férrea censura. El cuerpo sin vida de Carlos Bastidas fue llevado al necrocomio por órdenes de la policía. El Colegio de Periodistas de La Habana supo de lo ocurrido y logró, tras muchos tropiezos, que tres días después le entregaran el cadáver, que fue velado en la funeraria de Calzada y K y sepultado al día siguiente en el panteón de los periodistas, en el Cementerio de Colón.

Bastidas fue el último periodista muerto en ejercicio de su profesión en Cuba, porque triunfó la Revolución el Primero de Enero de 1959.

Durante los 54 años de Revolución ningún periodista, ni cubano ni de otro país, ha encontrado la muerte violenta en Cuba en razón de sus opiniones. Aquí se ha garantizado plenamente la integridad física de los periodistas, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros países.

En el mundo, la violencia contra los periodistas no ha cesado. En los últimos 30 años, más de mil colegas en América Latina han pagado con su vida el ejercicio del derecho de opinar. La gran mayoría de estos crímenes queda impune, como ocurrió con el asesinato de Carlos Bastidas en 1958. Sus autores lograron escapar y hallaron refugio seguro en Estados Unidos.
Tomado de Granma

Reapertura de 50 casos de homicidio en Brooklyn

Internet

WASHINGTON, 12 (ANSA) - La fiscalía de Brooklyn decidió reabrir 50 casos de homicidio ocurridos en ese barrio neoyorquino en los años 80 y 90, que se cerraron con veredictos de culpabilidad y fueron investigados por el detective Louis Scarcella, reportaron hoy medios locales.

    La decisión fue tomada después de que en marzo un juez liberase a un hombre, David Ranta, que había pasado 23 años en cárcel por un crimen que nunca cometió: el asesinato del rabino de Brooklyn Chaskel Werzberger, un sobreviviente de Auschwitz, ocurrido en febrero de 1990.

    Los fiscales determinaron que la condena de Ranta había sido en gran parte resultado de un trabajo policial viciado por Scarcella. 

Este detective, ahora jubilado, estuvo a cargo de algunos de los crímenes más notorios de Brooklyn en aquellos años y sus métodos para encontrar pruebas y basar acusaciones son considerados hoy discutibles. Según algunas fuentes, el detective usó como testigo en muchos casos a una prostituta adicta al crack y presentó confesiones de sospechosos que luego se retractaron.

(ANSA). Y8K-DS/MRZ
12/05/2013 19:03 


Todos somos iguales, menos algunos

Por Lázaro Fariñas*

Foto Virgilio Ponce -Martianos-Hermes-Cubainformación

Parece que la crisis económica que ha estado atravesando EE.UU. desde finales del 2008 no ha afectado, en lo más mínimo, los bolsillos de la Casa Blanca. Se ha hablado, discutido y legislado sobre el tema de la crisis. Se han llevado a cabo recortes en diferentes programas gubernamentales e incluso, se ha amenazado sobre la necesidad de hacerlos también al Seguro Social y al cuidado de salud, programas de los cuales dependen millones de ciudadanos de este país. Pero nada de eso ha afectado ni reducido los gastos personales de los miembros del poder ejecutivo en Washington. 
En febrero de este año, el Vice Presidente Joe Biden viajó a Europa por un asunto supuestamente relacionado con sus funciones. En realidad, no hay nada extraño en que un alto funcionario del gobierno viaje al exterior, lo que sí es difícil de entender es el gasto que esos viajes representan. 
El Vice estuvo una noche en París y otra en Londres. En París, se hospedó en el Hotel Intercontinental Paris Le Grand, un hotel cinco estrellas situado en el centro de la ciudad, al lado de la Gran Opera de París y que tiene como cafetería del mismo al famosísimo Café de la Paix. Claro que es un magnífico hotel para tan grandísima personalidad. Pero el problema no es el lujo del establecimiento, sino su costo. Del dinero del erario público de EE.UU. salió la pequeña cantidad de $585,000.50 para cubrir el gasto ocasionado por el Vice y su comitiva. ¿Qué les parece? Una sola noche de hotel por tan solo medio millón de dólares. Realmente, no me puedo ni explicar que se hable de eliminar programas sociales necesarios por la crisis económica y que en medio de la misma el gobierno se gaste medio millón de dólares por una noche de hotel para el Vice Presidente. Es verdad que medio millón de dólares en el presupuesto de este país es como un grano de arroz en una arroba del mismo, pero con medio millón de dólares se mantienen a 17 familias estadounidenses por todo un año. Sin embargo, los gastos de Biden no se quedaron ahí, ya que la noche siguiente se hospedó en el Hyatt Regency London-The Churchill Hotel y su costo fue de $459,338.65, poco más que $100,000 dólares menos que París. Hay que agradecerle al Vice que le haya ahorrado al fisco esa cantidad de dinero.
Así es que las dos noches que se pasó Joe Biden en París y Londres costaron un millón de dólares. Como está la situación económica en este país y con los adelantos tecnológicos que hoy en día existen, ¿no hubiera sido mejor que el Vice Presidente se hubiera quedado en Washington y hubiera hecho una video conferencia con los que se entrevistó en París y Londres?
En 1998, cuando la situación económica estaba en su mejor momento, el Presidente Bill Clinton, en viajes que hizo a África, Chile y China, se gastó, $42.8, $10.5 y $18.8 millones respectivamente. En el viaje a África iba con una delegación de 1302 personas, lo cual resultó en un costo de más de $32,000 por personas. Pero bueno, aquellos gastos, en aquel tiempo, eran peccata minuta, ya que el país atravesaba por una de sus mejores épocas económicamente hablando. Cuando la administración de Clinton, el país vivía con un superávit y se creaban programas sociales, no se amenazaban como ahora está ocurriendo.
Pero no es solamente en los viajes de Biden y del Presidente, quienes al menos están cumpliendo la misión de gobernar a este país,  donde se malgasta el dinero, sino en los que ya no son presidentes en funciones, como es el caso de los cuatros ex presidentes que aun están vivos y que siguen generando gastos. Cuando un presidente en este país deja el cargo, tiene una pensión anual de $200,000 más $96,000 para gastos de una pequeña oficina. Es verdad que no es justo que los presidentes no tengan derecho a un retiro que les permita vivir decorosamente una vez que abandonen la Casa Blanca, aunque ellos siempre tienen grandes entradas por conceptos de conferencias, libros publicados con sus memorias, etc., etc., pero además, nunca se ajusta a esa cantidad de dinero. Por ejemplo, el año pasado, le costó al estado $3'700,000 dólares el mantener los gastos de los ex presidentes.
Cuando hay tantos ciudadanos sin trabajo, cuando hay miles y miles de personas que han perdido sus viviendas, cuando se amenazan con recortes los programas sociales, ¿no sería justo y humano que los gobernantes y ex gobernantes de este país se apretaran el cinturón de los gastos y dejaran de gastar cientos de miles de dólares en una noche de hotel?
*Lázaro Fariñas periodista cubano residente en EE.UU.

Guatemala: la exitosa agroindustria de exportación huele a sangre maya

Ollantay Itzamná
Hace dos semanas atrás, el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), publicó una investigación titulada: Situación Laboral de Trabajadores/as Agrícolas en Guatemala. Los desgarradores datos revelan una verdad incómoda que ya se sospechaba pero que no se quería ver.
Guatemala, dócil a las orientaciones del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc., se convirtió, en las últimas tres décadas, en una renovada República de mega latifundista.
Mediante la concentración y reconcentración de la tierra, emergieron los “modernos” propietarios angroindustriales, acaparando más del 60% de las tierras de cultivo del país. Este latifundismo inmoral, tramitado por el propio Estado, no sólo convirtió a campesinos e indígenas del país en empobrecidos sin tierra, sino, además de quitarles la tierra, los convirtió y convierte en acorralados esclavos sin derechos.
Por las actuales estadísticas del mercado internacional, Guatemala es renombrada y aplaudida como la primera potencia regional en la exportación de etanol (con 265 millones de litros anuales). El cuarto país exportador de azúcar a nivel mundial (con 55 millones de quintales anuales). Uno de los principales productores de palma africana, etc. La agroindustria representa el 13% del PIB nacional (el PIB de Guatemala es de 46.9 millones de dólares) Pero, este “éxito” tiene olor a sangre y sudor maya.
Según la investigación realizada por CODECA, en 609 fincas agrícolas (de las cerca de 3 mil registradas), distribuidas en 14 de los 22 departamentos del país, el 91% de jornaleros/as agrícolas son indígenas. De estos, la gran mayoría desconoce sus derechos porque son analfabetos o porque tienen bajo nivel de escolaridad.
El 70% de las y los trabajadores agrícolas en las modernas empresas de agroexportación trabajan entre 9 y 12 horas diarias, sin conocer recompensa alguna por las horas extras, bajo amenaza de despido. Además, la gran mayoría de ellos sale de su casa al trabajo a las 3 de la madrugada, y vuelven a las 9 o 10 de la noche.
El 90% de trabajadores recibe un salario por debajo del mínimo establecido por Ley. Para el 97% de las mujeres jornaleras no existe ni siquiera salario mínimo. Sólo el 3% de las y los trabajadores tiene vacaciones. El 90%, indica que no les afilian al Seguro Social, aunque sí les descuentan del salario.
Las “exitosas” empresas agroexportadoras, sólo tienen 4% de sus trabajadores como empleados fijos. Al resto los mantienen bajo la modalidad de temporarios sin derechos. La sindicalización en las fincas agroexportadoras está sancionada con despido inmediato, lista “negra”, persecución y asesinato selectivo de dirigentes. Sólo el 1% de trabajadores/as dice estar sindicalizada. No existe inspección laboral, por parte del Estado en las fincas.
La desterritorialización de indígenas y campesinos, y su subsecuente esclavización en las fincas agrícolas, no sólo convierte a estos legítimos dueños de las tierras en cenizas o fertilizantes para la agroexportación, sino, sobre todo, acelera la pauperización, hambruna, migración, convulsión social y violencia generalizada en el país.
Estas empresas del desastre no sólo nos despojan la tierra. Nos quitan y matan nuestros ríos (más de 12 ríos muertos). Invaden áreas protegidas, y con sus fumigaciones áreas envenenan nuestro aire. Y lo más doloroso de todo esto es que lo hacen con el apoyo jurídico y político del Estado, y la legitimación moral de algunos jerarcas católicos y evangélicos (el actual Arzobispo de Guatemala es el principal defensor público de las azucareras esclavistas, https://www.youtube.com/watch?v=KEsKq1DY-mw)
Y si esto es “desarrollo”, mejor que nos dejen convivir con los nuestros y nuestra Madre Tierra como lo sabíamos hacer. Porque, lo que CODECA muestra con su investigación es sólo una parte del costo sociolaboral de la prepotente agroexportación. Aún falta medir las impredecibles nefastas consecuencias ecológicas de este mito de “desarrollo” que ya heredamos a quienes vienen después de nosotros/as.

EL MODELO CUBANO DE BIENESTAR

Jorge Gómez Barata

En el contexto de las evidencias del fracaso del modelo económico, de los esfuerzos por actualizarlo y de las críticas al esquema político, con audacia proveniente de la certeza, la doctora Patricia Arés, una eminente psicóloga cubana especializada en temas de familia, ha publicado un artículo en el cual propone: “Una mirada al modelo cubano de bienestar”. (Granma 10/5/13) 

Con argumentos tan sencillos como sólidos y sobre todo distantes de la aburrida e ineficaz retorica laudatoria usual, la doctora Arés se aventura a proclamar que “…Existe un modelo cubano de bienestar…” que según ella, como resultado de un extraño fenómeno que se produce al integrarse al estilo de vida y a la existencia cotidiana de las personas, se invisibiliza de modo que sus contornos pasan inadvertidos.

La trascendencia del artículo emana de que se trata de reflexiones personales y experiencias contrastadas aportadas por sus pacientes, obtenidas por ella en el extranjero y resultados de sus vivencias como elemento activo de la comunidad y la sociedad a partir de las cuales realiza una evaluación realista, honesta y creíble en torno al modo de vida de la sociedad cubana de hoy.

Es significativo que el análisis no proviene de los aparatos ideológicos que están como paralizados y se muestran incapaces tanto de responder a las criticas como de producir argumentos, sino de una personalidad profesionalmente habilitada para evaluar multifacética e integralmente el concepto de bienestar que, en Cuba se establece, entre otros sobre pilares por el acceso pleno a la salud, la educación y la seguridad social, seguridad ciudadana, políticas y prácticas inclusivas, participación, socialización y prioridad y facilidades para las relaciones familiares.

Las reflexiones de esta especialista introducen nuevos y valiosos datos en el debate social evidenciando que, a partir de la realidad pueden generarse argumentos conceptuales de calidad capaces de devolver vigencia al discurso político, ilustrar a la opinión pública, contribuir al consenso y suministrar municiones a quienes libran la batalla por reforzar la cohesión social en torno al proyecto socialista.

En esta línea no hace mucho el presidente Raúl Castro propuso una meta programática que de haber sido debidamente acogida por los operadores ideológicos pudiera servir de base al programa revolucionario y sustanciar los proyectos ciudadanos al proponer marchar hacía: “Un socialismo próspero y sostenible” a lo cual Enrique Ubieta sumó hace unos días la idea del desafío que representa para Cuba. “Construir la individualidad socialista”.

Seguramente la doctora Arés comprende que el modelo cubano de bienestar que, desde sus horizontes profesionales evalúa a partir de indicadores económicos, sociales y afectivos, está requeridos de complementos e incentivos relacionados con las estructuras, las ideas y la actividad política.

Obviamente ese modelo necesita de la democratización de la sociedad, de la transparencia en la gestión de las instituciones y de los mecanismos de toma de decisiones, de apertura informativa, participación decisoria; así como de referentes ideológicos válidos y con capacidad de convocatoria y de un clima apropiado para pensar diferente, obtener información y expresarse. Se requiere además de un discurso que exponga y promueva las realizaciones sociales de un modo eficaz.

El artículo de marras ha tenido la virtud de recordarnos cuando, en medio de la crisis que en los años noventa se abatió sobre la Isla como resultado de la desaparición de la Unión Soviética, Fidel Castro aplicó un “Plan B”, asumió una posición pragmática y lanzó la consigna de: “Salvar las conquistas de la Revolución y el Socialismo. Lo que en aquellos días  parecía un programa mínimo era en realidad lo máximo. La Revolución son sus conquistas; al salvarlas se salva todo.

Concuerdo con la doctora Arés: el modelo cubano de bienestar existe, es magnífico y sustentable pero peligra. El peligro no es exclusivamente externo y no proviene sólo de la corrupción o la ineficiencia, sino también del imperio de la rutina, de la vigencia de dogmas y de la falta de idoneidad de instituciones y prácticas que es preciso perfeccionar y en ocasiones erradicar. Incorporar argumentos y arrojar lastre son acciones imprescindibles. Allá nos vemos.

La Habana, 13 de mayo de 2013