viernes, 9 de noviembre de 2012

ARENA ratifica expulsión de los cuatro diputados


Traición. Diputados de ARENA gritaron traidores a los cuatro legisladores que en la plenaria del jueves pasado votaron a favor del presupuesto general de 2013 y en contra de la instrucción del propio partido tricolor.

LPG - 10 de Noviembre de 2012 - Fernando Romero/Amadeo Cabrera

Los legisladores disidentes, por su parte, defienden su conducta y reiteran que no recibieron ningún dinero para votar por el presupuesto general de 2013. 

Segunda fuerza

ARENA es ahora la segunda fuerza dentro en el congreso, al pasar de 33 diputados a 29. FMLN se convierte en primera fuerza con 31 diputados. Continúan 11 en GANA, siete en PCN, uno en PDC, uno en CD y cuatro independientes.

“Pueden expulsarme del partido las veces que quieran. No soy de pensamiento comunista, pero tengo conciencia social.”
Sigifredo Ochoa
diputado disidente

“Yo voy a seguir trabajando como un diputado independiente. No necesito que me expulsen porque ya no soy de ARENA.”
Jesús Grande
diputado disidente

“Hablar de moralidad y ética cuando no se practica es ser hipócrita. Aprovecharse de un micrófono no es correcto.”
Rigoberto Soto
diputado disidente

“Están esperando un quinto diputado para tener los 56 votos. Así no se hace país. No se fortalece democracia.”
Donato Vaquerano
diputado ARENA

El diputado Donato Vaquerano, jefe del grupo parlamentario de ARENA en la Asamblea Legislativa y miembro del COENA, reiteró ayer en una entrevista televisiva la salida inminente de los cuatro diputados disidentes que votaron a favor del presupuesto de 2013.

En la Asamblea Legislativa, las oficinas de los legisladores permanecieron cerradas. A las puertas de sus oficinas había páginas de papel bond pegadas. En una ellas se leía “Aquí estuvo un traidor”. En las listas de cumpleañeros fueron tachados sus nombres. La fracción legislativa arenera los rechazó.

El alcalde Norman Quijano, candidato a presidente 2014 por ARENA, dijo ayer que también pedirá al COENA que a los diputados disidentes se les cierren las puertas en las sedes departamentales del partido, de las que dos de ellos eran directores.

Vaquerano reiteró en la entrevista que hubo “compra” de los cuatro diputados y responsabilizó a los partidos FMLN y GANA de haber pagado para inducir a los legisladores a votar diferente a su fracción legislativa.

El diputado dijo que, a su parecer, no es necesario hacer una acusación formal en la fiscalía para investigar la compra de diputados (que podría incurrir en el delito de soborno).

“Si tú haces una denuncia pública, el ministerio público puede actuar y tiene la obligación de actuar de oficio”, dijo.

Vaquerano aseguró que la presencia de la PNC el jueves pasado para dar protección a los diputados disidentes solo sirvió para comprobar la “complicidad” del Gobierno de la República en la “compra” de los funcionarios.

Acusados se defienden

Los diputados Sigifredo Ochoa Pérez, Jesús Grande, Rigoberto Soto y Santos Adelmo Rivas aseguraron por su parte no haber recibido dinero, por lo que demandan pruebas para sustentar la acusación.

“Yo abro mi patrimonio... Quiero que respeten mi derecho. El tiempo de la colonia se acabó. Los diputados debemos de ser dignos, debemos de pensar y por ello votar por conciencia”, dijo el diputado Ochoa Pérez, quien asegura que votó “porque el país tiene necesidad de un presupuesto”.

Grande explicó que avaló el presupuesto “porque yo me debo a ellos (los electores) y no un partido político, y no por eso me van a llamar traidor. El que diga que me han dado dinero que lo muestre”.

Grande reveló que eran seis diputados areneros los que iban a votar por el presupuesto, pero al final solo fueron cuatro. El legislador advirtió que ARENA, por “no escuchar”, podría perder más diputados e incluso alcaldes.

Soto dijo que los diputados areneros no tienen solvencia para juzgar. “Hablar de moralidad y ética cuando no se practica es ser hipócrita... aprovecharse de un micrófono no es correcto”, opinó.

Rivas también rechazó la acusación y justificó su actuación. “Yo acudí con mi voto por todos los salvadoreños y especialmente por los más desposeídos”, detalló. 

LA PRENSA GRÁFICA conoció que la búsqueda de la votación calificada en el parlamento va más allá de la elección del nuevo fiscal general. Los 56 votos estarían luego enfilados a destituir a dos magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

La Asamblea ha paralizado por fallo de la sala el trabajo de una comisión especial que indaga la elección de magistrados en julio de 2009; sin embargo, la comisión política no descartó el mes pasado nombrar otra comisión para indagar lo que considera “abusos” y “excesos” en el ejercicio de sus funciones por parte de cuatro de cinco magistrados de la Sala Constitucional.

La comisión política del parlamento amenaza de nuevo con indagar las actuaciones de los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, expresidente de la CSJ y de la Sala de lo Constitucional; y de Rodolfo González y Edward Sidney Blanco.

El suicidio de Amaia, la gota que ha colmado el vaso

ELMUNDO.es | Madrid

Actualizado viernes 09/11/2012 18:49 horas

La muerte de Barakaldo puede suponer un punto de inflexión en los desahucios

Partidos y agentes sociales exigen una solución ya

Egaña, de 53 años, se ha lanzado al vacío desde el cuarto piso del inmueble

Los políticos vascos, conmocionados con el suceso

La trágica muerte de Amaia Egaña puede suponer un punto de inflexión en el drama que el incesante goteto de desahucios está provocando en todo el país. El suicidio de Barakaldo, el segundo en menos de 20 días, ha provocado una catarata de reacciones.
Desde el Gobierno a los partidos de la oposición, pasando por sindicatos, asociaciones judiciales, agentes sociales y la Iglesia, todos han expresado su consternación por la muerte de la mujer de Barakaldo y se han lanzado a proponer soluciones.
Amaia Egaña, de 53 años, ha fallecido en la localidad vizcaína de Barakaldo cuando la comisión judicial iba a proceder a desahuciarla de su vivienda. Al parecer, se ha subido a una silla y se ha lanzado al vacíodesde el cuarto piso del inmueble, falleciendo al instante, según ha informado a Europa Press el Departamento vasco de Interior.
Según han confirmado a ELMUNDO.es la portavoz de Stop Desahucios, Marta Uriarte, ayer recibieron una petición de ayuda de la víctima, aunque no llegó a puntualizar que se enfrentaba a una orden de desalojo. Egaña, que vivía con su marido y su hijo de 21 años, trabaja desde hacía casi 30 años en la empresa de transportes Bizkaibus, en la sección de Recursos Humanos.
Su esposo, José Manuel Asensio, es ex concejal (PSE-EE) de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Barakaldo. La vivienda de ambos estaba siendo financiada por la Caixa.
Tras este suicidio, el segundo en menos de 20 días, representantes del Ministerio de la Presidencia y de Economía han adelantado a hoy los contactos para ultimar una propuesta encaminada a evitar los desalojos. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, han mantenido una conversación telefónica en la que han acordado acelerar al máximo las conversaciones entre el Ejecutivo y el primer partido de la oposición para buscar una fórmula legal.
El lunes se celebrará la primera reunión entre los grupos de trabajo y en ella el Ejecutivo presentará oficialmente su propuesta de establecer periodos de carencia.
El PSOE, por su parte, ha pedido suspender todos los desahucios hasta que haya una nueva ley. El propio secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha decidido tomar cartas en el asunto y esta misma mañana ha escrito sendas misivas al presidente de la Asociación Española de Banca, Miguel Martín, y al presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, Isidro Fainé, en las que les solicita que suspendan los desahucios que las entidades tienen pendientes de ejecución.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, también ha urgido al Gobierno a aprobar ya una moratoria para frenar la ejecución de los desahucios de las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad. "El Gobierno y el PSOE tienen que dar prioridad absoluta a este tema, esto debería estar ya", ha aseverado la Defensora.
A su juicio, "sería conveniente" fijar una moratoria en la ejecución de los desahucios para familias en situación de exclusión social, que tengan niños a su cargo, personas con discapacidad o mayores. Ha recordado que el pasado 6 de noviembre trasladó a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, una serie de recomendaciones de la oficina del Defensor del Pueblo sobre cómo hacer frente a los desahucios.

CGPJ: 'La ley no es la adecuada'

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha afirmado que la ley que regula los desahucios "no es la adecuada y debiera reformarse".
Ha defendido la modificación de la actual ley hipotecaria porque cree que "no cumple el principio de Estado social y democrático y, además, es anterior a la Constitución española".
Además, ha subrayado que la legislación hipotecaria existente "no está dando una solución al problema" de los desahucios y ha asegurado que el CGPJ ve con "satisfacción" que haya un principio de acuerdo entre el Gobierno de España y la oposición para establecer mecanismos contra esta situación.
Ha añadido que los juzgados, debido a la crisis económica, "están teniendo un número muy importante de asuntos, no solo en materia de desahucios, sino también de concurso de acreedores, despidos laborales, reclamaciones de cantidades y desahucios".
El CGPJ defiende otra regulación normativa distinta al desahucio y que el establecimiento de cláusulas entre una entidad financiera y un ciudadano no sean únicamente de adhesión, sino que tenga que aceptar lo que viene predeterminado por un contrato bancario, ha precisado.

Los sindicatos, muy críticos

Desde los sindicatos se han lanzado críticas muy duras. CCOO ha apoyado la opinión de jueces y otras instancias de la sociedad civil para que se paralicen los procesos de embargo de viviendas de ciudadanos cuyos impagos de hipotecas provengan del deterioro de situaciones económicas sobrevenidas, señala el sindicato en un comunicado.
Junto a esto, insta a que se aceleren los trabajos de reforma legislativa integral de este tipo de situaciones, dado que existe un consenso prácticamente unánime en el Parlamento para dar prioridad a la resolución de este dramático problema social.
CCOO solicita un pronunciamento del CGPJ que, sin perjuicio de la independencia de jueces y magistrados, promueva la aplicación de las normas conforme a la realidad social en cada momento.
Además, considera "imprescindible" que las entidades financieras, como parte de los procedimientos de ejecución y desahucio, contribuyan a la solución de este problema facilitando esta paralización.
UGT asegura que este tipo de sucesos son "consecuencia de la política de ajustes y recortes errónea del Gobierno del PP, "que arruina a las familias y las convierte en víctimas de esta feroz crisis, protegiendo a las entidades bancarias, con el impuesto de los ciudadanos, a los que está llevando a la pobreza, perdiendo salarios, empleos y prestaciones sociales".

Conmoción en el País Vasco

En el País Vasco el suceso ha causado una gran conmoción. La portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendía, ha instado a la aplicación de moratorias que paralicen los desahucios, cada vez más extendidos en la sociedad vasca. Mendía ha manifestado su "conmoción" y ha asegurado que nos encontramos ante "un drama tremendo" para cuya resolución "todas las medidas que se tomen son pocas".
El lehendakari en funciones y secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha asegurado que se encuentra "destrozado" por el suicidio de Egaña, que era amiga suya.
El candidato a lehendakari del PNV, Iñigo Urkullu, ha expresado su disposición a adoptar medidas urgentes para frenar los desahucios sin esperar a la formación del nuevo gobierno y ha defendido suspender las órdenes de desalojo y de paralizar nuevas demandas hasta que se apruebe una ley.
El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha expresado su compromiso "firme" de arreglar el asunto de los desahucios.
Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, y el parlamentario Oskar Matute han informado esta mañana que su primera propuesta para la nueva legislatura será "nacionalizar" las hipotecas para evitar los desalojos.