lunes, 29 de agosto de 2011

Emplazan a Fiscalía para que investigue la muerte del poeta Roque Dalton


Juan José Dalton, hijo del poeta Roque Dalton, pide a la Fiscalía General de la República, que se agilice la investigación del asesinato de su padre. Atrás, Silvia Cuéllar, abogada del IDHUCA.

David Pérez
Redacción Diario Co Latino


“Necesitamos que el Fiscal presente el requerimiento o archive el caso”. Estas son las dos opciones que planteó Juan José Dalton, hijo del poeta e intelectual Roque Dalton, quien fue asesinado en 1975, por lo que la familia y diversas instituciones presionan a la Fiscalía General de la República (FGR) para que defina como seguirá el proceso.

La familia Dalton presentó la primera denuncia el 14 de mayo de 2010, pero ha pasado más de un año sin que el Ministerio Público haya iniciado la acción penal o alguna diligencia.

“Roque Dalton, a pesar de haber sido un intelectual reconocido mundialmente, durante más de 35 años no ha habido ninguna respuesta por parte del Estado para investigar, además está obligado de oficio a indagar sobre el crimen”, criticó el hijo de Roque Dalton.

Como presuntos autores del delito han sido señalados Joaquín Villalobos, quien actualmente reside en México y es asesor del Presidente Felipe Calderón en la lucha contra el narcotráfico; Jorge Meléndez, Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Protección Civil, y Edgar Alejandro Rivas Mira. Todos pertenecieron al Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), organización político militar nacida en 1972.

La Fiscalía General, según el Código Procesal Penal, que entró en vigencia en 2010, tiene un máximo de cuatro meses para investigar y presentar requerimiento producto de una denuncia.

“Necesitamos que el Fiscal se defina de una vez, y cuando esto suceda nosotros vamos a tomar las medidas pertinentes, también está la justicia universal”, reiteró Juan José Dalton.

La familia Dalton asegura contar con pruebas testimoniales y documentales de la época, que incriminan a Rivas Mira, Villalobos y Meléndez y a, además de videos donde los indiciados supuestamente confiesan el delito.

Juan José Dalton anunció que pedirán al Presidente norteamericano, Barack Obama, para que niegue la entrada Estados Unidos a los supuestos culpables del asesinato del poeta Dalton.

La muerte de Roque Dalton se da junto a una serie de asesinatos dentro de las filas del ERP, las que tienen a la base divergencias ideológicas y otros desacuerdos en la conducción estratégica de la lucha armada salvadoreña.

De los acusados, el único que no ha sido ubicado por la familia Dalton es Rivas Mira, quien luego de secuestrar y ultimar al empresario Roberto Poma, en el mismo año, huyó con el dinero del rescate y su paradero es desconocido. Rivas Mira el máximo líder del ERP, y tras su huída fue sustituido por Joaquín Villalobos.

Juan José Dalton aseguró que en caso que el ente investigador decida archivar el caso acudirán, en primer lugar, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tampoco descartan abrir el proceso por medio de una querella ante un tribunal internacional que aplique el principio de justicia universal.

Al momento de su muerte, Roque Dalton dejó un vasto legado literario y teórico sobre diversos temas, destacando en la poesía principalmente, al ser el ganador, en 1969, del premio “Casa de las Américas”, por su libro “Taberna y Otros Lugares”.


IMPUNIDAD Y JUSTICIA SON CONTRAPUESTOS EN EL ESTADO DE DERECHO


Comité FMLN en Suecia

La práctica de ejercer la justicia por injerencias de poderes facticos, ha sido para la derecha salvadoreña, tan normal que su acción casi ha pasado desapercibida para el común de los ciudadanos, basta con manipular cargos o funcionarios, para que la justicia sin apego al derecho, de carta blanca a la impunidad.

Esto era menos perceptible cuando los tres poderes se mesclaban en un maridaje donde los temas de Estado eran decididos por grupos de poder sobre todo los económicos.

Con el nuevo gobierno y la nueva composición aritmética en la Asamblea Legislativa se ha iniciado la verdadera separación de los poderes del Estado que a la vez trajo como consecuencia que la Corte Suprema de Justicia se encaminara a conformarse con real independencia.

Por novedoso, podría decirse que lo que ha pasado en El salvador del 2009 a la fecha entre los tres poderes del Estado, ha impactado en los partidos políticos y los distintos sectores sociales y religiosos, pero donde el énfasis mediático le ha dado relevancia es a lo actuado por la Corte Suprema de Justicia y especialmente a la Sala de lo Constitucional que con sus polémicas y controversiales decisiones, enfrento al legislativo y el ejecutivo.

Fue necesaria la mediación de la jerarquía de la Iglesia Católica como observadora de un dialogo, que comprometió a las partes a decidir sus actuaciones futuras, especialmente en los temas de país, con la coherencia para la contribución real en la construcción de nuestra democracia.

Claro está que el resultado de este dialogo no puede interpretarse como imposición; sino como poner en claro las competencias de cada uno de los Poderes y sus reales límites.

Naturalmente que la actual situación del Estado salvadoreño, de ninguna manera refleja que los poderes fácticos hayan desaparecido y es latente que la “Plutocracia” que ejerció el poder absoluto en el pasado reciente, tiene aún sus peones insertados en los tres poderes del Estado.

Los últimos acontecimientos promovidos por la Justicia española en el reclamo con alerta roja de INTERPOL contra los ex militares Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, Mariano Ayala Grimaldi, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, (todos miembros de la Tandona); abrieron debate mediático, así como adhesión en favor y en contra de grupos y personeros, respecto a la interpretación del derecho que según los tratados internacionales firmados por El Salvador y la propia legislación salvadoreña implicarían la captura de los imputados como actores intelectuales del asesinato de los padres jesuitas de origen español en 1989.

A la fecha se ha conocido la decisión de la Corte Suprema de Justicia con un fallo que por el momento se podría decir es favorable para los ex militares.

Tendremos que decir, también por el momento, que los argumentos para tal fallo no cierran ni impiden la consecución de siguientes pasos legales en el caso de este magnicidio.

Lo lamentable sería que por continuados vicios de interpretación jurídica de la justicia salvadoreña, concurran con mayor beligerancia otros actores internacionales; tal es el caso de la justicia española, que si bien es cierto no puede tener injerencia en El Salvador; amen del cumplimiento de los tratados internacionales que el Estado salvadoreño a suscrito; no es menos cierto que el Estado salvadoreño no puede condicionar la justicia española.

Incluso los abogados de la defensa de estos ex militares no han argumentado la no participación intelectual de sus defendidos en este atroz magnicidio; sino han argumentado que el caso esta juzgado y que la ley de amnistía los protege; esto último es una total falacia que solo quiere justificar la impunidad con la que los gobiernos de derecha cubrieron en este caso, de infamia, al Estado salvadoreño como co-responsable de lo actuado durante el conflicto por los mandos del ejército. A decir verdad, incluso a la Fuerza Armada le conviene limpiar el honor mancillado por esta gavilla de militares que desde el poder no defendían al país como es el mandato constitucional, sino planeaban asesinatos y magnicidios que hasta hoy siguen impunes y que además a juzgar por el patrimonio que estos ex militares ostentan a la fecha, utilizaron el conflicto armado para enriquecerse.

Otra gran mentira esgrimida en estos días por personeros y tanques de pensamiento de la derecha en orquestación mediática, nos pretendieron inculcar que el caso del asesinato de los Jesuitas, se presta a abrir de nuevo las heridas de la guerra civil, como si en el caso de estos asesinatos los culpables fueron ya castigados y las victimas resarcidas.

Como conclusión diremos que lo único que de 1989 para acá ha quedado claro es que estos ex militares han pasado de presuntos implicados a responsables intelectuales del magnicidio, pues desde el momento mismo de aquella madrugada del 16 de enero de ese año, ellos y sus voceros incluyendo a Alfredo Cristiani que era presidente de la república y su comandante en jefe no han hecho más que mentir y mal defenderse usando el Estado de derecho para entorpecer la justicia y que sus crímenes a la fecha sigan impunes.

Por tanto, lo que en este caso fallen otros actores de justicia internacional, de seguro convertirá a El Salvador en el único espacio de circulación sin riesgo de captura para estos ex militares, pero los salvadoreños tendremos claro que ese beneficio lo obtienen porque todavía la impunidad se contrapone en nuestro país a la justicia, mancillando nuestro Estado de derecho.

Lunes, 29 de Agosto de 2011