lunes, 6 de junio de 2011

Entrevista con teniente coronel Camilo Hernández: “Sí. Yo les di el rifle para que mataran a Ellacuría”


Son las 9 de la noche del 15 de noviembre de 1989 cuando el coronel Benavides le dice: "Camilo, andá a darle la orden al Batallón Atlacatl". Casi 22 años después, el teniente coronel Camilo Hernández asegura que se negó a dar esa orden, pero no a entregar el rifle que terminó con la vida de seis sacerdotes jesuitas, su cocinera y su hija, en la UCA. Casi 22 años después, él y otros 19 militares salvadoreños enfrentan una orden internacional de captura dictada por el máximo tribunal de España.

Por Carlos Dada / Fotos: Edu Ponces

Publicado el 6 de junio de 2011

Carlos Camilo Hernández Barahona era el segundo al mando de la Escuela Militar en noviembre de 1989. Ahí recibió el Batallón Atlacatl las órdenes para asesinar a los sacerdotes jesuitas de la UCA. Poco tiempo después fue uno de los tres únicos militares juzgados y encontrados culpables por el crimen, junto al director de la Escuela, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, y su asistente, el teniente Yusshy René Mendoza. Hernández Barahona fue condenado a tres años de prisión, excarcelables; los otros dos fueron liberados un año después al aplicárseles la Ley de Amnistía.

La semana pasada, un juez de la Audiencia Nacional de España dictó orden de captura contra él y otros 19 militares salvadoreños por su participación en este crimen. El auto del juez Eloy Velasco se refiere así a Hernández Barahona:

“Uno de los preferidos de PONCE, fue informado por ESPINOZA personalmente del registro previo a las dependencias particulares de los jesuitas en la UCA, antes incluso que a los miembros del Estado Mayor, ya que conocía su finalidad y el día de los hechos, además de arengar al batallón Atlacatl antes de salir, personalmente le dio a AMAYA GRIMALDI el fusil AK47 con que tenía que cometer los asesinatos y ordenó al grupo hacer pintadas para simular que los autores habían sido del FMLN, siendo quien mandó por radio a MENDOZA y GUEVARA que fueran a la Escuela Militar y se encontraran con BENAVIDES, concertando así la orden de inicio de la operación para asesinar a los jesuitas”.

Hernández Barahona concedió esta entrevista antes de conocer la orden de captura dictada por la Audiencia Nacional. Aquí admite su participación en la conspiración, aunque según su versión esta fue mucho menor que la que se le ha atribuido.

Cuénteme su participación en el asesinato de los padres jesuitas.
En los primeros meses del 89 yo había sido trasladado de la Tercera Brigada, en la cual ejercía de jefe de Operaciones, y había sido nombrado jefe de Estudios e Instrucción en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. No estábamos asignados a ninguna unidad operativa, a ninguna área jurisdiccional de responsabilidad… Estábamos educando a los cadetes. Prácticamente de lo que es la guerra, nada. Mucho menos aquí en San Salvador, porque aquí no había guerra. La guerra comenzaba en Guazapa, comenzaba en oriente.

La ofensiva…
El 11 de noviembre nos agarra prácticamente de sorpresa. Como militar yo no concibo realmente cómo nos agarraron tan de sorpresa a la Fuerza Armada. Como a las 11 de la mañana del día 11 sentimos a través de los radios militares unos enfrentamientos allá por la parte nororiente de la Guardia, preguntamos al Estado Mayor y efectivamente. Tipo mediodía ya nos dan la orden de entrar en estado de emergencia que implica que nosotros, que andábamos con uniforme de diario, nos vistiéramos de fatiga, no salidas, no licencias, permisos... Nuestra misión en ese momento es proteger a los cadetes y a la instalaciones. El Director empieza a asistir a reuniones en el Estado Mayor.

¿Se refiere a Benavides?
El señor Benavides. Él es el único que sale y entra, yendo al Estado Mayor. Nadie lo acompaña. Pasamos los primeros días nada más en estado de emergencia, sin ninguna unidad dentro de las instalaciones. El día 13 en la tarde él llega del Estado Mayor ya en la tarde informando que ha sido él nombrado comandante de la unidad que cuida el complejo militar que forman Estado Mayor, Ministerio de Defensa, Escuela Militar, la Dirección Nacional de Inteligencia y también la colonia Arce, porque ahí vivían muchos altos jefes. Esa era el área que cubría esa unidad.

¿Qué unidades había?
Yo solo recuerdo unidades de la Policía Militar, de Caballería, y esa unidad élite de los comandos del Atlacatl. El Estado Mayor también asigna a un grupo de operadores, los instalan en la Escuela Militar para que se hagan cargo de las comunicaciones. Con eso se demuestra que la Escuela Militar no estaba preparada para ser un centro de comunicación, un centro de control. Funcionalmente sigue el Estado Mayor, a través de su jefe de operaciones, ordenando la operación. Viene el 15 en la noche, una de las muchas visitas que va el señor director al Estado Mayor. Viene, nos reúne en el casino de cadetes, que es donde está la entrada de la Escuela Militar antigua, tipo 9 de la noche y nos da la información enemiga que hay en todo El Salvador, los problemas que tenemos allá en San Miguel, Usulután, y aquí en la capital. Nos dice en ese momento a los oficiales que la situación está bastante crítica y que hay la orden de asesinar a los líderes izquierdistas; así, líderes izquierdistas, y a nosotros nos ha tocado a los de la UCA, al padre Ellacuría. Que ya los comandos del Atlacatl habían ido a hacer un reconocimiento y que sabían dónde estaban.

¿Y ahí fue primera vez que oyó de ese reconocimiento?
Sí, porque no teníamos mayor información. No estábamos todavía nosotros a cargo de esa unidad. Entiendo que el Estado Mayor fue el que dio esa orden al Batallón Atlacatl. Sería interesante saber cuál fue la misión que le dio, porque un reconocimiento tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que le dio el señor Benavides?

Sí.
Pues en ese momento entonces preguntó dónde está el comando del Atlacatl. Le informamos que estaba fuera porque todo el mundo estaba fuera. Entonces nos dice: “Llamen al Batallón Atlacatl”. Terminó la reunión y me dice a mí: “Camilo, andá dale la orden al Batallón Atlacatl”, y yo le dije: “No, mi coronel”...

¿Que usted le diera la orden al Batallón de ir a matar a los jesuitas?
De ir a matar a los jesuitas.

¿Pero y por qué la iba a dar usted? ¿Y el comandante del Batallón?
El comandante del Batallón no está en ese comando. Solo está la unidad de comandos del Atlacatl. El Batallón Atlacatl entendía yo que estaba en la zona de allá por el Sheraton. Estaba empeñado el resto del batallón, que era mi coronel Leo Linares. El resto del batallón estaba allá. Esta unidad, esta sección, este pelotón de comandos del Atlacatl estaba adscrita a ese comando de seguridad, nada más. O sea que dependían directamente del Estado Mayor, y el Estado Mayor se lo asignó al coronel Benavides. Es como un grupo de tarea que se hizo de varias unidades que le dije: Policía Militar, Artillería, Caballería y también la unidad del comando (del Batallón Atlacatl).

Usted dice que en la Escuela vivían como ajenos a la guerra. ¿Por qué una tarea tan delicada y un batallón de operaciones especiales se lo asignan a alguien que está ajeno a la guerra?
Sí, definitivamente es incongruente que se lo asignen al director que está ajeno a eso de la guerra. Segundo: tener una unidad tan calificada como los comandos Atlacatl, ahí prácticamente estaba desperdiciándose el esfuerzo de esa unidad con el esfuerzo del batallón, porque el batallón sí estaba en contacto allá por el Sheraton, y este grupo de tarea estaba nada más defendiendo, protegiendo. Creo que era incongruente que esa unidad estuviera ahí, siendo tan especialistas.

¿Y esto qué significa? ¿Que esta acción era prioritaria?
¿La acción cuál?

La de matar a los padres jesuitas. Para mover a una fuerza que está en contacto además y que son operaciones especiales, para mover un pedazo de esto y destinarlo a esta operación, es porque esta operación era así de importante, supongo…
O ya se tenía preparada desde antes. Recordemos que el Estado Mayor hace planes y en los planes hay objetivos estratégicos y objetivos tácticos. Entiendo que si antes los mandaron a hacer el cateo significa que había habido algún seguimiento de eso. Estoy elucubrando como militar, pues. Como militar no entendía, hasta después, por qué se tenía los comandos del Atlacatl, siendo una unidad tan especializada de combate, debió de estar allá…

Y en plena ofensiva, pues…
Pero esa es decisión del Estado Mayor. Un jefe de operaciones, que era el coronel Cerna Flores, es el que dice venga, haga esto, véngase esta unidad… Recordemos que en ese momento el hombre más poderoso en área operativa era el jefe del Estado Mayor y su jefe de operaciones. Era el hombre más poderoso que había, que le estaba haciendo frente a la agresión. Entonces él pudo traer a las unidades que él quería o creía conveniente para las misiones que tenía.

En ese momento entonces hablamos del coronel Ponce y el general Larios…
No. El coronel Cerna Flores. El general Larios es el Ministro de Defensa. La cadena de mando era: el señor Presidente, el señor Vicepresidente, el Ministro de la Defensa… los dos viceministros, el señor jefe del Estado Mayor y aquí está su Estado Mayor: el C-1 creo que era el coronel Avilés, el C-2 era el coronel Díaz… Imagínese la sorpresa que llevamos nosotros que el coronel Díaz estaba fuera del país en una comisión, en una misión rutinaria. Que este es el que busca la información, el que establece dónde ir a buscar, cuáles son los objetivos que tiene. El 3 es el que establece los medios con qué combatir, lo que este le designe. El 4 la logística, el 5 operaciones especiales y acciones civiles, y el 6 transmisiones.

El 2 era Díaz, el 3 Cerna Flores…
Exacto, esos dos son lo básico.Y aquí estaba un auxiliar que nos dice que a la Primera Brigada también le habían asignado a unos líderes izquierdistas que estaban en el Camino Real, a esos les iba a tocar la Primera Brigada, que también tenía fuerza para proteger y era la zona de responsabilidad de la Primera Brigada. Aquí estaba el coronel Elena Fuentes.



  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • página siguiente »


  • Un decreto, un presidente, una sanción

    Dagoberto Gutiérrez
    La coyuntura política del país presenta, aparentemente, una confrontación entre los poderes legislativo y judicial; pero esto es solo apariencia, porque realmente se trata de un régimen político basado en los partidos políticos confrontados con otro régimen que, sin excluir a estos partidos, incluye a otros sujetos y actores.
    Los partidos políticos viven este momento como una amenaza a su existencia y consideran que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia amenaza sus intereses, y resulta necesaria e inevitable una confrontación sin cuartel con esa Sala.
    Todo indica que los partidos no entienden, en realidad no pueden hacerlo, que la referida Sala intenta asegurar que el régimen político sea fortalecido, pero sobre la base de decisiones amparadas en la naturaleza política de la CSJ y de los otros órganos del Estado.
    En buenas cuentas, esto significa que la Sala de lo Constitucional intenta romper con el control partidario ejercido sobre el aparato de Estado, lo que significará resoluciones políticas basadas en la política de la Constitución y no en la voluntad o intereses de los partidos políticos. Se trata de una especie de rompimiento con una práctica inveterada que se sustenta en el monopolio partidario establecido en el Artículo 85 de la Constitución.
    Los partidos políticos han librado sucesivas escaramuzas contra la Sala tratando de burlar sus decisiones, pero fracasando, una y otra vez en sus afanes, hasta llegar al callejón oscuro de la maniobra más oscura.
    Cuando se decide que la Sala de lo Constitucional requerirá de la unanimidad de sus miembros para resolver inconstitucionalidades, estamos frente a la peor maniobra jamás imaginada, carente de elegancia e imaginación, sin el floreo que las legislaciones ardientes requieren. La pobreza del decreto 743 atestigua una raquítica imaginación de sus autores y, pese a todo esto, este decreto abre un episodio aún más tenso que el comentado. El mismo dos de junio en que sale de la Asamblea Legislativa el decreto 743, sale de Casa Presidencial la sanción para este decreto y el “publíquese en el diario oficial”.
    Tratándose de un decreto bastante grotesco que aísla aun mas a los partidos políticos, y atendiendo a la racionalidad del discurso presidencial en ocasión de sus dos años de gobierno, la apresurada sanción presidencial ha sido entendida, sentida y saboreada, como una especie de ofensa intelectual y golpe a la dignidad de la mayoría de salvadoreñas y salvadoreños, y no se encuentran razones inmediatas para lo que se considera un viraje brusco hacia el bando de los partidos políticos y en contra de los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, que expresan la renovación del pensamiento jurídico y político de la CSJ.
    La decisión de Mauricio Funes se inscribe en un arcoíris de razones que van desde resoluciones pendientes, referidas al TLC, a la dolarización, a partidas secretas, a residuos electorales, u otras que no conocemos. También puede deberse al hecho de que será la CSJ la que decidirá sobre la extradición de los militares salvadoreños enjuiciados por tribunales españoles, en torno al asesinato de los jesuitas y sus empleadas en 1989.
    Sea cual sea la causa o el origen, resulta notable la existencia de una coordinación entre los partidos políticos y el Presidente de la República, por lo que también se estaría asegurando decisiones futuras en la asamblea. En la misma línea de reflexión, es destacado el hecho de la premura de la sanción presidencial e incluso el aseguramiento del espacio en el diario oficial antes de que el decreto se aprobara en la asamblea legislativa.
    Estamos ante una acción coordinada de Casa Presidencial y los partidos políticos contra los 4 magistrados de la Sala, en una acción que busca, a toda costa, impedir toda futura resolución pendiente e incluso paralizar a la misma Sala, silenciarla, amarrarla, maniatarla y anularla hasta donde sea posible. Resulta que el enemigo a derrotar, tanto del Presidente como de los partidos, son 4 magistrados que han decidido liberar a la CSJ del control partidario.
    El estupor del país fue la reacción inicial y aquí se consideró que Mauricio se había equivocado, que sus asesores no lo aconsejaron bien; luego apareció la indignación. Cuando la gente cayó en cuenta que no se trata de ningún error sino de una posición política del Presidente, que lo perfila y ubica en el bando correcto, el que le pertenece realmente, y en donde no están los intereses de la gente que votó por él. De ahí que esta coyuntura se convierta en una inolvidable lección para el pueblo entero que aprende a distinguir entre las palabras de un discurso y los hechos reales de una conducta política real.
    Mauricio Funes involuntariamente está contribuyendo al esclarecimiento de la cabeza política de un pueblo de mucha inteligencia como el salvadoreño, que en medio del sabor amargo que representa una verdad inesperada puede comprender que nunca deberá esperar cambios favorables de un gobierno de derechas, como el actual, o de un presidente de derechas, también como el actual. Saber y entender esto resulta clave para liberarse de la tremenda loza ideológica que significa el considerar de izquierdas al actual gobierno, o de esperar que este gobierno realice los cambios favorables para la gente.
    Hoy más que nunca resulta claro que ningún gobierno gobierna para todos, y su naturaleza política dependerá del sector para el que gobierna y descubrir que un gobierno no gobierno para el pueblo, el de carne y hueso, el real, el de sudor y llanto, impide considerarlo popular.
    Tomado de CoLatino