viernes, 3 de junio de 2011

CRISIS EN EL SALVADOR: Funes avaló decreto de la derecha que amarra a Sala de lo Constitucional

La Imprenta Nacional hace constar que el decreto legislativo aprobado por los partidos de derecha el jueves ya fue sancionado por el presidente Funes y se publicará en el Diario Oficial de ayer. El presidente así se unió al criterio de Arena, Gana, PCN y PDC, en tanto que el fiscal general, la ANEP y el FMLN condenaron la reforma aprobada sin debate de por medio.

Sergio Arauz, Efren Lemus y Gabriel Labrador

elfaro.net / Publicado el 3 de junio de 2011

El presidente de la República, Mauricio Funes, dio su visto bueno al decreto que sin discusión aprobaron los partidos de derecha la tarde del jueves, que obligará a la Sala de lo Constitucional a resolver sus sentencias por unanimidad, y no por mayoría, como prescribía la Ley Orgánica Judicial.

Las reformas a la Ley Orgánica Judicial fueron promovidas por el Partido de Conciliación Nacional en un proceso que en términos de tiempo refleja la manera en que se concibió todo: el PCN propuso las enmiendas la tarde del jueves, los partidos Arena, Gana y PDC le dieron su respaldo inmediato. Una vez aprobado el decreto, lo enviaron a Casa Presidencial para consideración de Funes y este lo sancionó.

Aunque el decreto 743 aparecerá publicado dentro de unos 15 días, según explicaron a El Faro fuentes del Diario Oficial, será incluido en el ejemplar correspondiente a ayer. "La Presidencia de la República pidió reserva de espacio para que apareciera publicado en el Diario Oficial del 2 de junio de 2011", dijo una persona que trabaja en la Imprenta Nacional. Este periódico pidió una constancia de que el decreto será incluido en el Diario Oficial de ayer, y fue firmada por el subdirector de la Imprenta, Edgard Antonio Mendoza. En la práctica, la decisión de "homologar" las decisiones de los magistrados constitucionalistas será publicada dentro de dos semanas en un Diario Oficial prefechado 2 de junio.

El decreto fue tan controvertido que el diputado arenero Guillermo Ávila Qüehl le llamó "aberración" y se retiró de la sesión plenaria. Los diputados de los cuatro partidos que lo aprobaron no pudieron explicar en qué consistía la necesidad de obligar a los magistrados de la Sala a votar por unanimidad las sentencias de inconstitucionalidad.

Lo que sí dejaron claro algunos de ellos es que legislaron para afectar el trabajo de aquellos magistrados que le han complicado la vida a las cúpulas partidarias con varias sentencias de inconstitucionalidad emitidas en los últimos 10 meses. El pedecista Rodolfo Parker declaró que a su juicio había necesidad de frenar a la Salaporque con sus decisiones estaba violando la Constitución.

Las reformas a la Ley Orgánica Judicial fueron elaboradas un día antes de que la Sala estudiara la posibilidad de declarar inconstitucional el sistema electoral que permite que algunos diputados sean elegidos hasta con una quinta parte del apoyo que reciben otros legisladores. La Constitución establece que el voto de todos los salvadoreños vale lo mismo, pero en la práctica no ocurre así gracias al sistema de residuos que prescribe el Código Electoral. En 2009, por ejemplo, el PCN obtuvo diputados con una votación de apenas entre 7 mil y 8 mil sufragios, mientras que a otros partidos, como el FMLN y Arena, en varios departamentos les costó obtener hasta 35 mil votos o más para tener derecho a un solo escaño legislativo.

FMLN, fiscal y ANEP critican maniobra

Y mientras la Presidencia de la República ha callado sobre las razones para sancionar el decreto, otros actores sí se pronunciaron con claridad este lunes, incluido al partido del gobernante, el FMLN, que consideró una "tragedia para la democracia" la actuación del mandatario.

Al debate se unieron además el fiscal general, Romeo Barahona, y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que criticaron la medida.

Barahona lanzó esta mañana dos críticas al decreto. “En ningún tribunal constitucional se resuelven las cosas por unanimidad (…) En la mayoría, como el tribunal constitucional de Estados Unidos, España, Costa Rica y otros suramericanos, las decisiones se toman por mayoría”.

El segundo cuestionamiento del fiscal se refiere al tiempo de vigor del decreto 743 que establece que las reformas a la Ley Orgánica Judicial durarán hasta julio de 2012, justo cuando terminan su mandato en la Sala de lo Constitucional los cuatro magistrados que han estado votando unidos desde cuando asumieron. “Los decretos no tienen que ser transitorios, las leyes son eminentemente generales, abstractas e impersonales. Esas son las características esenciales de una ley”.

Aunque el decreto no cumple las características que debería tener, el funcionario no quiso pronunciarse sobre la posible ilegalidad: “No puedo decir que es inconstitucional porque es regulado por una ley secundaria”.

La ANEP también se pronunció en contra del decreto, considerando que se trata de un atentado contra la democracia. "La reforma aprobada por Gana, Arena, PCN y PDC, que obliga al consenso de votos para la aprobación de los dictámenes de la Sala de lo Constitucional, es un verdadero golpe a la democracia salvadoreña", dijo la ANEP.

La interpretación del gremio empresarial es que la reforma a la Ley Orgánica Judicial elimina el sistema de pesos y contrapesos que garantiza un régimen democrático. "Ahora, con la reforma de esta ley, el poder judicial, que ejercía un importante contrapeso para defender la democracia, ha sido neutralizado. Llama la atención que el mismo día de su aprobación, la ley fue sancionada y publicada por el Presidente de la República, sin analizar la constitucionalidad y la conveniencia para la democracia."

De todos los actores políticos que se pronunciaron este viernes, quizás la mayor contundencia la puso el mismo partido del presidente. El diputado Sigfrido Reyes calificó como una "tragedia para la democracia" el hecho de que el presidente hubiera avalado el decreto que su partido no apoyó durante la sesión plenaria del jueves.

Reyes, ex vocero del FMLN y ahora presidente de la Asamblea Legislativa, calificó de aberrante la decisión presidencial: “Yo creo que aquí hay una opinión ciudadana, hay un pueblo, hay una sociedad civil y hay un sector político que nos oponemos a ese tipo de decisiones aberrantes. Es una aberración desde todo punto de vista”, dijo.

Lamentó que el decreto haya sido sancionado con tanta celeridad y dijo que cabe sospechar que detrás del acuerdo exista una negociación oculta. “La lógica de este decreto no resiste ningún análisis serio, no me extrañaría que estos señores de la derecha vengan mañana a plantear que todas las decisiones de esta Asamblea Legislativa vengan con unanimidad”, dijo.

Organizaciones cívicas contra el decreto

Aparte del gremio empresarial ANEP, cuatro organizaciones cívicas que han venido analizando desde hace meses las sentencias de la Sala de lo Constitucional se pronunciaron también este viernes calificando como "golpe a la institucionalidad" la emisión del decreto y la sanción de parte del presidente Funes.

Fespad, Fundaspad, Prodel y la ISD, que con ANEP cubren todos los signos ideológicos de izquierda a derecha, consideraron que la sanción que dio el presidente al decreto es lamentable y un atropello al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia.

Abraham Ábrego, de la Fundación Salvadoreña de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) manifestó que el hecho de que un solo magistrado pueda imponer un candado a las resoluciones de la Sala es atentatorio contra la institucionalidad. “No es propio de la democracia que una minoría pueda imponer su criterio sobre el resto”, comentó Ábrego.

También hubo críticas al proceso de aprobación. “Llama la atención que se hizo en un período corto, y lo único que demuestra es que hubo un acuerdo previo”, dijo José Mirio González, presidente de la Asociación de Abogados de La Libertad (Prodel), quien forma parte de la Coalición para la Reforma Política y Electoral.

Por la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), René Landaverde, informó que está preparando un informe que será presentado al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que se demostraría que el decreto violenta la Carta Democrática Interamericana.

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Diputado arenero Guillermo Ávila Qüehl:

"No voy a traicionar mis principios jurídicos"

Entre los 47 votos que aprobaron la reforma a la Ley Orgánica Judicial no está el de un diputado de Arena, Guillermo Ávila Qüehl, quien una vez aprobado el dictamen explicó que a su juicio el decreto dejará maniatada a la Sala de lo Constitucional y atenta contra la institucionalidad.

Por Gabriel Labrador Aragón

Publicado el 2 de junio de 2011

Minutos antes de que los diputados de Arena, Gana, PCN y PDC reformaran con 47 votos la forma en la que la Sala de lo Constitucional sentencia las inconstitucionalidades, el diputado Ávila Qüehl pidió que lo relevara un suplente. "Yo desapruebo lo que aprobó la Asamblea, va en detrimento de la institucionalidad", dijo posteriormente.

Ávila Qüehl, abogado de profesión y secretario de asuntos jurídicos de la presidencia de Armando Calderón Sol (1994-1999), preside la comisión de legislación y puntos constitucionales del parlamento y considera que su lealtad al partido se mantuvo intacta cuando comunicó que estaba en contra de lo que su fracción iba a aprobar. "Le dije a mi jefe de fracción (el diputado Donato Vaquerano) que no podría quedarme callado en el pleno después de que lo aprobaran".

En esta entrevista explica que a pesar de que él no ha estado a favor de algunas de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, si se le exige unanimidad se entorpecerá el trabajo de esta.

¿Pide al presidente Mauricio Funes que vete esta reforma?
El presidente tendrá sus asesores que le dirán si lo considera inconstitucional o inconveniente, yo no puedo pedirle eso al presidente. Habrá que hacer su valoración.

¿Le parece que es un mensaje directo al trabajo de cuatro magistrados de lo Constitucional a excepción de Néstor Castaneda?
Pues definitivanente que modifica el quehacer de la Sala. Ahora, lograr unanimidad solo sería para cuando sería tan obvia una inconstitucionalidad, pero para mí el inconveniente es que todos se convierten en votos de oro, en el sentido de que cualquiera de los magistrados puede vetar al no estar de acuerdo con algo. Entonces, no es conveniente. Para eso hay un régimen, en una sala grande de cinco miembros, la ley establece cuatro votos para las inconstitucionalidades y tres votos para las demandas de amparo y hábeas corpus. Eso siempre va a continuar con tres, pues, pero la unanimidad para la inconstitucionalidad es… bueno… la mayoría de las últimas de la resoluciones de la Sala han sido con cuatro votos. Prácticamente, imagínese, si se quiere unanimidad, prácticamente no habría habido sentencias para los temas que ya se resolvieron. Sí, va con dedicatoria a esta Sala.

Algunos dicen que esta decisión atenta contra el derecho al disenso y contra el debate y que se está obligando a que todos los magistrados piensen de la misma manera.
Esa es la cuestión, claro, en nada favorece a la institucionalidad. Como que si la Constitución estableciera que nosotros los diputados necesitamos unanimidad para X o Y temas. Para eso es que hay mayorías simples y calificadas, nosotros tenemos ese régimen, raras veces la unanimidad.

¿Le parece válido el argumento de que se quiere homologar la manera de resolver en la Sala de lo Constitucional, como resuelven las otras salas?
La verdad es que a mí no me parece válido, mi condición de abogado no me permite estar de acuerdo con esto. Primero, esta es una Sala donde se está juzgando legislación que puede ir en contra de la Constitución. La Sala también es la encargada de los hábeas corpus, es decir, cuando hay una detención ilegal para un ciudadano; también el amparo que viola derechos constitucionales, por lo tanto, lo que juzgan las otras salas son cuestiones más particulares. Además, las otras son salas de muchos menos miembros, tiene la Sala de lo Civil y de lo Penal donde solo son tres miembros, y la Sala de lo Contencioso son cuatro. Por otro lado, usted ve que la Sala de lo Civil y de lo Penal usted quiere la unanimidad porque conoce de resoluciones que vienen de un juez de Paz, de un juez de Instrucción, de un tribunal de Sentencia, la Cámara, hasta llegar a la casación civil o casación penal porque entonces para esos casos sí se requiere la unanimidad para cambiar alguna resolución que ya pasó por instancias anteriores, mientras que es un recurso extraordinario de sujeción a constitucionalidad. Pero siempre ha sido así, la Ley Orgánica Judicial siempre ha contemplado ese esquema. Así que yo en este tema desapruebo lo que aprobó la Asamblea.

¿Su posición es al margen de su conformidad con otras sentencias de la Sala?
Indudablemente hay unas que yo no comparto, pero con esto lo que estamos buscando es que no haya resoluciones de la Sala.

¿Habría exceso de mora?
No es tanto como una mora, porque estos venían saltándose la burra, como dicen, pero el gran problema es que al final lo que uno quiere de ciudadano que puede interponer un recurso es que le resuelvan, y bajo este método, prácticamente las resoluciones solo van a ser unánimes solo cuando sean unas grandes barrabasadas donde los cinco coincidan, pero acuérdense que el derecho es bien interpretativo, la Sala de lo Constitucional es la que establece la jurisdicción y el control constitucional, mucho de eso es interpretación, entonces, interpretar los cinco exactamente lo mismo no deja de ser una cosa utópica. No estoy de acuerdo con lo aprobado, creo que va en detrimento de la institucionalidad.

Rodolfo Parker dice que es una manera de ponerle los contrapesos adecuados a la Sala de lo Constitucional porque está violando la Constitución con sus últimas resoluciones.
Ese es un criterio muy particular de él. Hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo, pero no quiere decir que no debo respetar, una resolución fundamentada y donde se interprete la Constitución. ¡Alguien debe interpretar la Constitución! Si para eso está, entonces, pedir unanimidad es ponerle esposas a la Sala.

¿Esto lo va a canalizar dentro del partido?
Mire, antes de diputado tengo mi criterio de abogado. No puedo ir en contra de mi formación y mi creencia de lo que es el derecho, ¿verdad? Mi formación profesional me lleva a eso y no voy a traicionar mis principios jurídicos. Mi lealtad hacia el partido va en el sentido de que les dije que yo votaría en contra, yo no quiero crear problemas en el partido, “pónganme un sustituto, pues”, les dije. Y me pusieron un sustituto, pero yo tengo la libertad de expresar mi criterio. Usted ve el artículo 125 de la Constitución en donde dice que nosotros no tenemos mandato imperativo, a mí no me puede ordenar el partido de que me guste o no me guste tengo que votar. Una cosa que yo no comulgo y es una cosa de fondo no lo voy a hacer. Yo no le reclamo nada a mi partido pero tampoco el partido que me reclame a mí por tener mi posición independiente como ahorita. Cuando vi que iban a pedir esa dispensa de trámites e iban a votar por el fondo de lo solicitado, me presenté a mi jefe de fracción, y le dije que “no votaría por eso, no me podría quedar callado en el pleno, tendría que pedir la palabra para evitar esa situación”. Con toda solvencia moral puedo decir que yo no estoy de acuerdo con ese decreto, y no debo tener ninguna consecuencia.


EL SALVADOR: Protesta pacífica fuera de CAPRES por sanción caso Sala de lo Constitucional



Tras conocerse la noticia de la aprobación por parte del presidente Mauricio Funes a las reformas a la Ley Orgánica Judicial, que implican que las decisiones sean tomadas con cinco votos, un grupo de la sociedad civil comenzó a gestar un movimiento de protesta a través de redes sociales.

Escrito por Loyda Salazar
V
iernes, 03 junio 2011 17:47

Alrededor de 100 personas se encontraban concentradas, hasta las 5:00 de la tarde, frente a Casa Presidencial (CAPRES) en un movimiento social denominado “AcampadaSV”, que tiene como finalidad protestar por la decisión del Órgano Ejecutivo, comandado por el presidente Mauricio Funes, de aprobar las reformas transitorias a la Ley Orgánica Judicial.

Dichas reformas –aprobadas ayer por la Asamblea Legislativa y sancionadas horas después por el presidente- implican que las decisiones relacionadas a recursos de amparo e inconstitucionalidades deberán decidirse de forma unánime, es decir con los votos de los cinco magistrados que componen la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y no con cuatro, como era hasta ayer.

Luego de conocerse la noticia, este día, a través de las redes sociales, comenzó a difundirse la convocatoria para concentrarse frente a CAPRES y mostrar de forma pública el descontento ante la decisión del Ejecutivo.

En torno a la protesta ya se encuentran agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), que por el momento regulan la circulación vial y evitan que los manifestantes cierren el paso por las vías alternas.

Las reformas aprobadas por la Asamblea y sancionadas por el Ejecutivo han sido enviadas a la imprenta nacional para que aparezcan en el Diario Oficial fechado 2 de junio.


HACIA LA CONFERENCIA DEL PARTIDO (IV) HACIENDO CAMINOS

Jorge Gómez Barata

En el ámbito institucional, la Revolución y la Nación Cubana están en lo que puede ser su mejor momento: la coyuntura no es de crisis, sino de oportunidades. El presidente Raúl Castro lo anunció hace tiempo: “Hay realizar cambios estructurales y de conceptos…” El momento parece haber llegado y, en la zaga del Congreso, los auspicios son buenos.

Para comenzar a cambiar de modo creíble, tal vez el Partido y la Asamblea Nacional deberían romper con el ritual de cocinar previamente los asuntos en las alturas y citar mega congresos y asambleas que de modo ceremonial, en dos o tres jornadas, despachan voluminosas agendas formadas por asuntos de enorme complejidad.

Tal vez la próxima Conferencia del Partido sea la oportunidad para deshacerse de una tradición que, dicho sea de paso, no es cubana y, en lugar de mil delegados se convoque a cien o menos y en vez de reunirse tres días lo hicieran durante varias semanas o por el tiempo necesario para realizar un verdadero, calificado y transparente debate, no entre representantes de los diferentes estratos de la sociedad, sino entre entendidos.

Para redactar la Constitución de 1901, los delegados se tomaron tres meses y para la del cuarenta más de 200 días. La Conferencia puede tener diferentes capítulos. Quienes debatan sobre las ciencias sociales, la política informativa y los que deliberen acerca del racismo, no tienen que ser las mismas personas; para determinados temas pudiera consultarse a instituciones como la Facultad de Derecho o de Filosofía; no estaría mal que una parte de los delegados fueran electos, no por las estructuras oficiales, sino por la sociedad civil. La Conferencia del Partido no tiene porque ser sólo de militantes. El momento es de creatividad e imaginación.

Es obvio que un evento como la mencionada Conferencia no podrá despachar todos los asuntos que conciernen a la superestructura política cubana; así como los aspectos centrales de la labor de la organización, aunque tampoco debería conformarse con llamar otra vez, a “perfeccionar métodos y estilos de trabajo”; sino que tendrá que modificar estructuras, deshacer decisiones y enmendar legislaciones y prácticas, incluso retomar ideas abandonadas.

En el pasado, en la búsqueda de formulas de participación institucionalizada se intentó que las entidades estatales y políticas de representación electas, fueran un reflejo exacto de la sociedad. Así los parlamentos y los comités centrales, se llenaron de obreros y campesinos, científicos, médicos e ingenieros, deportistas, artistas, creadores y funcionarios, personas de las finanzas y de las ciencias, diplomáticos, maestros y ministros, empleados del comercio, cuadros políticos, activistas sociales y líderes sindicales, jubilados y amas de casa y personas de la más humilde condición, elementos de las generaciones históricas, intermedias, jóvenes y otros sectores.

Inevitablemente aquellas instancias crecieron hasta alcanzar dimensiones faraónicas y, en un resultado contrario al esperado, los órganos que debían ser expresión del poder y del liderazgo político a escala nacional y social, se convirtieron en colectividades integradas por excelentes ciudadanos y personas bien llevadas, aunque no necesariamente habilitadas y en ocasiones ni siquiera interesadas en las labores de dirección política. Hay diputados que asumen sus funciones como un deber que preferirían no ejercer y no faltan aquellos que en años no han hablado en ninguna plenaria ni participado en los debates.

Realmente en Cuba, los órganos estatales legislativos y las instancias centrales de dirección política, sindical y social, así como las consultas reglamentarias en forma de plenos y congresos, han devenido estructuras excesivamente rígidas y ceremoniales, a veces alejadas de las prioridades del pueblo y sin capacidad decisoria real. A ello se suma la confusión que emana de que los mismos individuos ocupen todos los cargos por largos períodos; impidiendo de ese modo que unas personas y órganos sean contrapartidas de los otros.

Todo ello contribuye a la unanimidad ficticia y al formalismo, reiteradamente denunciado por el presidente Raúl Castro. En realidad al no estar calificados ni motivados para asuntos alejados de su perfil y de sus ocupaciones habituales, algunos delegados y diputados confían en que los de arriba; tradicionalmente ponentes de todas las iniciativas saben lo que hacen, cosa en la que con frecuencia se equivocan.

Resulta obvio que las soluciones no son fáciles pero, como mínimo se espera un diagnostico. Si alguien puede lograrlo en Cuba es el Partido Comunista, vanguardia organizada del pueblo, madura y competente y sobre todo con un enorme prestigio. Allá nos vemos.

La Habana, 03 de junio de 2011


Caroline Heck Miller, “La Malvada”

ADRIANA VEGA
Hablando de mujeres, y en relevancia con aquellas que han dejado en la historia una estela de luz cuya lista por fortuna sería inacabable, existe una señora que se llama Heck Miller muy diestra en el mundo judicial del sur de la Florida. Ella ha sido aspirante en dos ocasiones a juez federal y asistente del fiscal Guy Lewis durante el juicio a los Cinco Cubanos, hasta hoy falsamente acusados de espías y confinados injustamente en cárceles de Estados Unidos.
A quien esto escribe, no le agrada señalar a sus congéneres, pero hay algunas damas que merecen algo más que una detracción cuando se reflexiona sobre malignidades y fechorías.
Entre sus manifestaciones más desatinadas, esta “señora de la justicia” ha ratificado que en un caso que desvela a las sensibilidades más puras, el de los 5 cubanos, la ley se ha cumplido para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos.
La inescrupulosa mujer desplegó siempre una voluntad ciclópea para que se condenara sin límites a Gerardo Hernández, Ramón Labañino, René González, Fernando González y Antonio Guerrero, buscando penas infames, culpándolos y ejecutándolos, cuando al unísono se negó a hacer justicia con el criminal nato Posada Carriles, autor de crímenes acabadamente probados.
Mientras Garrett-Jackson indagaba en El Paso sobre los delitos del delincuente, Heck Miller reapareció en Miami intimando compulsivamente la prórroga de solicitud de habeas corpus presentada por Gerardo Hernández, a quien había enviado a presidios estadounidenses con dos cadenas perpetuas, sin olvidarse de agregar quince años, yapa cruel sobre dos descomunales castigos. Todas estas puniciones cercaron a los Cinco con el agravante de que, simultáneamente, ella se negó a presentar cargos penales contra el chacal Posada.
Todo fue probado por la fiscal Gina Garrett-Jackson, funcionaria del Departamento de Seguridad, quien confesó bajo juramento que solicitándole a Caroline Heck-Miller que reflexionara sobre procesarlo a Posada penalmente, no se mostró interesada y por tal motivo - yo dejé de pedírselo-afirmó con claridad la otra fiscal que tenía pruebas como para juzgar al malhechor.
Carolina Heck-Miller, cuya fotografía muestra la bondad de la perversidad, funciona como una señora tímida con sonrisa bonachona mostrando aires de ingenuidad simulada, cuando es en realidad una empaladora de los patriotas cubanos al mejor estilo Vlad Teper, emperador del siglo 13 que dio tema al autor de Drácula.
Señora de “bien” que bregó y continúa con capacidad de verdugo para llevar a los Cinco a continuar confinados con largas sentencias, pese a faltar evidencias que prueben la obtención de algún documento clasificado.
En la acusación de Gerardo Hernández Nordelo, por ejemplo, se lo pena también por conspiración de homicidio en el derribo de dos aviones de Hermanos al Rescate, y no existe acreditación de que el cubano hubiera conocido el supuesto plan para precipitar las aeronaves. Sobre el avión de Barbado y Posada, de estas pruebas las hay en cantidad.
“La malvada” Heck-Miller, es nada menos la que insistió en llevar el caso a juicio, negó el traslado de la sede para que continuara en Miami, y jugó un papel clave para que los cubanos estén condenados a crueles e interminables sentencias. Relatan los presentes que durante el proceso se la vio prodigar ante la televisión y la prensa, cálidos abrazos a los familiares de los pilotos derribados el 24 de febrero de 1996 mientras violaban el espacio aéreo cubano, y asimismo mimar a otros terroristas de la organización contrarrevolucionaria Hermanos al Rescate.
Increíble, pero cierto, que ella misma haya dispuesto no presentar cargos penales contra Posada Carriles en el 2005, individuo que regentó la tremenda campaña terrorista contra Cuba y que los jóvenes aún presos intentaban detener para salvar numerosas vidas de compatriotas.
El aludido Posada Carriles tiene un prontuario abierto durante todos los días de su existencia. Nacido en Cienfuegos (Cuba), el 15 de febrero de 1928, colaboró con la policía del dictador Fulgencio Batista, a partir de 1955 y en 1959 pasó a las filas contra- revolucionarias. Miembro de la Brigada 2006, participó en la tentativa de invasión de la Bahía de los Cochinos donde ni siquiera alcanzó a desembarcar. Herido por el fracaso propio y del conjunto, fue uno de los doscientos cubanos que se incorporaron al ejército estadounidense para acceder al grado de oficial como destacados patriotas terroristas.
Reclutado por la Central Intelligence Agency y la “Compañía” se lo envió a Caracas para hacer una reforma con los servicios de inteligencia venezolanos.
Luis Posada Carriles no tiene ciudadanía estadounidense, sin embargo, pero desde las sombras alarga su cuello y clava puñales.
Con el objetivo de pasar su vejez en el “país de la libertad”, dejó atrás los países donde se escondía y hasta llegar a Miami fue asistido por traficantes de droga que pertenecían al cartel centroamericano que dirige el mafioso Otto Herrera García.
Siguió su periplo en busca de la “patria amada” y Fidel Castro denunció su presencia en USA, a la que había arribado de manera clandestina.
Pidió asilo político y su abogado alegó que su defendido favorecía los intereses de EEUU por más de cuarenta años, expresión con la que advierten que siempre trabajó, cobró y cometió delitos recibiendo órdenes del gobierno enunciado. El mafioso-asesino, jamás fue inculpado por la malvada fiscal.
La americana cometió además grandes errores notificando pruebas inexistentes y plagando el juicio de actos inadmisibles que le permitieron a la defensa sentar en el banquillo de los acusados hasta al exilio cubano.
Verdades ocultas que a pesar de los medios que callan todo o cobran para hablar en contra, se van destapando.
En tanto, los pueblos libres de Nuestra América insisten desde todas las vertientes en lograr la merecida libertad de quienes, por defender a su patria de las maldades que la acosaron desde su independencia, continúan en las peores mazmorras del sistema acorralados por la muy mala persona que es Caroline Heck Miller.
¡LOS CINCO VOLVERÁN A CUBA REVOLUCIONARIA, PESE A QUIEN LE PESE!
Buenos Aires, 3 de junio del 2011