Jorge Gómez Barata
Nada hay más socorrido que un día después de otro.
El VI Congreso del Partido Comunista de Cuba que esperó 14 años, es ya historia; no lo es la zaga formada por un paquete de acuerdos y autocriticas; así como una proclamada voluntad rectificadora y renovadora.
Entre lo acordado en la cita partidista hay diagnósticos, metas y en algunos casos, líneas de deseos. En conjunto se trata de parte del programa que el país necesita; el faltante será cubierto paulatinamente y completado en enero de 1012 cuando la Conferencia Nacional examine las cuestiones relacionadas con la estructura y el funcionamiento del sistema político y otros asuntos. Allá llegaremos.
Aunque en tan voluminoso legado resulta difícil entresacar un orden jerárquico, la idea de mayor calado es el reconocimiento de que: el modelo excesivamente centralizado que caracteriza a la economía cubana deberá transitar hacia un sistema descentralizado, en el cual la primacía de la planificación, no ignorará las tendencias presentes en el mercado.
Tanto en el espíritu de los Lineamientos aprobados como en el Informe Central presentado por Raúl Castro, electo Primer Secretario del Partido en sustitución de su hermano Fidel que, por razones asociadas a la salud pidió no ser incluido en la candidatura, se evidencia que la idea rebasa intentos anteriores limitados de perfeccionar la gestión, sin aludir a la arquitectura del modelo económico en su conjunto. El empeño tendrá repercusiones sobre la estructura de la sociedad y del sistema político.
Como es conocido, la remodelación incluye el crecimiento, en términos cuantitativos y cualitativos del sector no estatal de la economía en ambientes urbanos y rurales, la producción, el comercio y los servicios y la aparición de pequeñas y medianas empresas privadas y cooperativas. Una innovación es que en lo adelante empresarios particulares podrán ser contratados o asociarse con el Estado.
Todo ello significa la aparición de nuevos actores económicos y el establecimiento de relaciones entre ellos y de estos con el Estado, las empresas y la sociedad.
La idea apunta además a una flexibilidad que ampliará los márgenes de estos procesos en la medida en que el éxito lo sugiera, como ya ocurre con la decisión de aumentar la cantidad de tierras entregadas en usufructo a aquellos beneficiarios que han obtenido éxitos y desean ampliar sus negocios. Seguramente ello ocurrirá también en otras ramas y actividades. Obviamente estos cambios se reflejaran en la estructura y la dinámica social, incluida la vida política; fenómenos a los que el Partido no teme.
Semejante reajuste, unido a la decisión de otorgar mayor autonomía y capacidad de decisión a las empresas estales, limitando las atribuciones omnímodas de los ministerios y aparatos centrales, elevando a la vez las exigencias a quienes se habilitan para manejar los recursos de la sociedad, forman una urdimbre que exigirá una rápida reacción del Estado y del gobierno, que deberá movilizarse para evitar que el fenómeno lo desborde. En el revés está la posibilidad de que la burocracia, que luchará por conservar sus prerrogativas, mediatice esos procesos y los haga fracasar.
En tal sentido es preciso elaborar en breves plazos, legislaciones y regulaciones de todo tipo, apropiadas, que no sólo regulen la actividad de los particulares, sino que obliguen a ciertas entidades públicas a ceder espacios, actividades y recursos para que los actores debutantes puedan desplegar sus potencialidades y convertirse, no en un freno, sino en facilitadores para la construcción del socialismo.
Con regulaciones y prohibiciones mínimas, claras y precisas; así como con impuestos ajustados a las realidades territoriales y de la economía popular, pudiera evitarse el enorme peligro que representa la corrupción, un mal que afecta a la economía estatal y puede trasladarse a la actividad privada con su secuela de engaños al consumidor, baja calidad, manipulación de las pesas y medidas; así como soborno a los inspectores y autoridades de base.
En lo adelante la legislación deberá establecer procedimientos eficaces para que los ciudadanos, tanto en calidad de consumidores como de empresarios, puedan querellarse contra las empresas, organismo e instancias estales, ahora invulnerables al control social. Un delegado exponía la paradoja que significa el hecho de que un empresario sea multado por alguna negligencia y pague con cargo al presupuesto de la entidad que administra, es decir con el dinero de quien había estado perjudicando.
La transición exige, como bien enfatizaba el presidente Raúl Castro cambios de mentalidad que comienzan por la absolución del sector privado, históricamente demonizado y la preparación de las organizaciones sociales, los sindicatos, incluso del Partido, no sólo para lidiar, sino también para incluir en sus filas a los nuevos actores sociales. Los elementos y las autoridades que hasta no hace poco criticaban y perseguían la actividad económica privada, tienen ahora que acogerla y protegerla. No es poca la diferencia.
En cualquier caso se trata de una rectificación profunda y de una transición que trata de ser lo más indolora posible a otro tipo de socialismo al que nadie se apura en bautizar.
La altura de los debates, la calificación mostrada por los delegados y los directivos que los condujeron, la renovación del Comité Central y su reducción, el radicalismo y el inequívoco compromiso del presidente Raúl Castro, son motivos para el optimismo. Hay mucha tela por donde cortar: Allá nos vemos.
La Habana, 20 de abril de 2011
