sábado, 2 de octubre de 2010

No ha pasado el peligro, dice tataranieto del prócer ecuatoriano Alfaro Delgado

Blanche Petrich

Periódico La Jornada
Sábado 2 de octubre de 2010, p. 19

Eloy Alfaro Reyes, tataranieto del prócer liberal ecuatoriano del siglo 19, fue uno entre miles que se congregaron antier en torno al hospital donde fue sitiado el presidente Rafael Correa y enfrentaron a los policías sublevados. Es uno de los 130 heridos, con un perdigón incrustado en la barbilla y varios impactos en el tórax, piernas y brazos. Dirigente popular y ex asesor de la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador (Conaie), asegura que durante la jornada,incluso los que disentimos con Correa, pero estamos a favor de un modelo de nación distinto, salimos a defenderlo.

En entrevista telefónica advierte: No ha pasado el peligro.

Analiza: “Con movilizaciones ciudadanas pacíficas hemos botado a tres presidentes antes, y nunca hubo violencia. (Abdalá Bucaram, declaradoincompetente mental, cayó en 1997; Jamil Mahuad, que dolarizó la economía y quebró el sistema bancario, en 2000; el coronel Lucio Gutiérrez, que traicionó al movimiento indígena que lo llevó al poder, en 2005). En esos momentos el pueblo fue quien resolvió el conflicto.

Ahora hubo disparos y víctimas. En Quito estamos acostumbrados a estas manifestaciones, y siempre en la policía hay un jefe con quién hablar. Ayer no había un solo mando. La policía y el ejército se confrontaron. Eso es algo nuevo. Tengo dos lecturas sobre la radicalidad del desenlace. Una, queda claro que no se ha resuelto la crisis que viene de hace 20 años, por una clase dominante que no acepta un modelo de país distinto al neoliberal. Dos, ya no es el pueblo quien tiene la capacidad de dirimir un conflicto.

Alfaro Reyes fue uno de los líderes de las movilizaciones que hace cinco años derrocaron a Gutiérrez en el barrio quiteño de La Floresta, zona universitaria y popular de donde arrancó la carrera política de Correa. Señala que las protestas del jueves son muy distintas a aquellas.

“La acumulación de fuerzas del movimiento viene desde 1990, cuando la guerrilla ‘Alfaro Vive Carajo’ depuso las armas. El proceso popular dejó de proponerse la toma del poder y decidió construirlo a largo plazo. Pero en 2000 vieron la posibilidad de acortar el término y confiaron en Gutiérrez, quien reprime a un sector y coopta a los mandos medios. Se produce una gran fractura que aún no se ha subsanado”.

–¿De ahí viene el conflicto de Correa con el movimiento indígena?

–No, es de otra naturaleza. La nueva constitución plantea derechos de territorios y recursos naturales atendiendo a un modelo de desarrollo no sólo extractivo. Correa ha apostado al extractivismo, lo que ha generado conflictos. Pero hay que decir que la contradicción no es con él, sino con su modelo, y que muchos que no estamos de acuerdo con él estuvimos ayer en las calles, defendiéndolo.

–¿Jugaron un rol importante ayer las nuevas redes sociales, tan de moda?

–No realmente. La autoconvocatoria se dio por los medios tradicionales, fundamentalmente la radio y el teléfono. También sirvió que como se cerraron oficinas, escuelas y universidades, los trabajadores y estudiantes acudieron al Palacio de Carondelet. Hay reportes que aseguran que sólo alrededor del hospital militar había 30 mil personas.

–¿Fue determinante la movilización para revertir el golpe?

–Por mi experiencia, yo entendía que sí, que las masas en la calle eran suficientes para que los sublevados entendieran el mensaje. Pero no fue así esta vez. Tuvo que entrar en acción el ejército.

–¿Hay fractura en la fuerza armada?

–Hay mar de fondo qué investigar. Una fracción de la tropa del ejército en Quito se sumó a la sublevación, aunque los destacamentos del interior fueron leales. Además, recuerde que ya antes la policía había sido intervenida por el Ejecutivo para sanearla, en particular a raíz del bombardeo colombiano en Angostura (2008), cuando se evidenció que algunos mandos informaban a la CIA antes que a su propio gobierno.

–¿Qué lección deja la jornada del 30 de septiembre?

–Hay que preguntar por qué los partidos políticos dejaron pasar de lado el problema; tomar nota de que el movimiento indígena, pese a sus diferencias con Correa, asumió un papel muy decente, y reconocer que el movimiento ciudadano sale fortalecido, porque demostró que tiene poder de convocatoria y sabe lo que quiere. Correa tendrá que escuchar esas voces; son su base.


GOLPES, NUNCA MÁS EN LA REGIÓN

Guillermo Alvarado

Con la experiencia bien aprendida de lo ocurrido en Honduras el año pasado, los miembros de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, reaccionaron con rapidez y energía ante el golpe de Estado que se estaba desarrollando en Ecuador y adoptaron una serie de medidas para impedir que estas tragedias se repitan en nuestra región.

Honduras debe de ser el límite que nunca más debería traspasarse, señalaron ministros y jefes de Estado, cuya decisión fue adoptar severas sanciones para desalentar a quienes intenten romper de nuevo el orden constitucional en otro país del área.

Lamentablemente los hechos demuestran que la desestabilización y el golpe aún son una amenaza para las democracias latinoamericanas y caribeñas, cuando se creía que tales prácticas pertenecían al pasado y estaban enclaustradas en los museos de la guerra fría.

Poderosos intereses económicos y geopolíticos intentan todavía imponerse por la fuerza y sobran quienes, en el norte del continente, siguen considerando que nuestras naciones son un patio trasero de donde nadie tiene derecho a escapar.

Frente a estas realidades, UNASUR condenó tajantemente la intentona en Ecuador y el secuestro temporal del presidente Rafael Correa y demandó que los responsables sean debidamente identificados, juzgados y castigados para impedir la impunidad, que es el caldo de cultivo donde se gestan estos despropósitos.

En el caso de ocurrir de nuevo algo semejante, las sanciones serán inmediatas e incluyen el cierre de las fronteras, el cese total de toda actividad comercial, del tráfico aéreo, la entrega de energía, servicios y otros suministros.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, quien no pudo estar presente en la reunión de UNASUR por el cierre de campaña electoral en su país, expresó su total apoyo a Correa y rechazó el intento de cuartelazo. “Las personas tienen que saber que NO hay nadie en el mundo que concuerde con el golpe”, dijo el primer mandatario brasileño.

Honduras fue el síntoma de una enfermedad que devastó a nuestros pueblos durante casi todo el siglo pasado, pero también fue un mal ejemplo, un nefasto precedente.

Mientras las reuniones se multiplicaron, igual que los discursos y las mediaciones, se permitió que los golpistas se consolidaran. A la postre, NO sólo consumaron sus propósitos y dieron una fachada legal a sus delitos, sentando en la presidencia a un gobernante ilegítimo, sino que disfrutan de todos los beneficios de su conducta con total impunidad.

Golpes nunca más, debe ser la conducta a seguir. Lo de Tegucigalpa fue una aberración, lo de Quito alto totalmente inaceptable. Ambas lecciones tienen que ser asimiladas para evitar que las conspiraciones, que las habrá mientras existan enemigos de la democracia, la independencia y la soberanía, lleguen hasta semejante punto.

Unidos como un puño, como la plata en las raíces de los andes, según la sentencia martiana, sin que un grupo, ni dos de entre nosotros se quede atrás de los demás, como señala la sabiduría maya, seguro que podremos lograrlo.

La Habana, 02 de octubre de 2010


Cuba no abandona la asistencia social

Las prestaciones son de carácter temporal y se revisan una vez al año, con apego a la Ley», aclara Yusimí Campos, directora de Asistencia Social del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social

Yusimí Campos, directora de Asistencia Social del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Autor: Roberto Suárez

José Alejandro Rodríguez
pepe@juventudrebelde.cu
1 de Octubre del 2010 21:16:06 CDT

La revisión de las prestaciones de la Asistencia Social que se realiza en el país, mediante la cual en ciertos casos se han eliminado las mismas, ha generado dudas e inquietudes en ciertos sectores de la población. Hay quienes se preguntan si ha variado el concepto de la asistencia social en Cuba.


Con tal motivo, JR entrevistó a la licenciada Yusimí Campos, directora de Asistencia Social del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.


—¿Es que se han modificado la Ley 105 de la Seguridad Social y el Reglamento 283 que auxilia su aplicación?


—De ninguna manera, nada se ha modificado. La asistencia social es un derecho refrendado en nuestra Constitución, que en su artículo 48 expresa: «El Estado protege, mediante la asistencia social, a los ancianos sin recursos ni amparo, y a cualquier persona no apta para trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda». «De igual manera, ese principio y los requisitos establecidos están recogidos en las normas específicas vigentes, que son la Ley 105 de la Seguridad Social, y el Reglamento 283».


—Entonces, ¿por qué en los últimos tiempos se le ha retirado la prestación a una parte de los beneficiarios?


—La Ley establece que las prestaciones de la asistencia social tienen un carácter temporal. Pueden aprobarse hasta por un año, y de constatarse que se mantienen las causas que motivaron su otorgamiento, entonces se prorrogan. Pero se revisan como mínimo una vez al año. Durante ese proceso de revisión se analizan casos en los cuales ya no se justifica la prestación, sino que la solución está en otras alternativas, como la incorporación al trabajo de algún miembro del núcleo familiar que tenga capacidad para ello y se encuentre desvinculado; y también la exigencia de las responsabilidades de los padres con sus hijos o viceversa, entre otras variantes.


—¿Qué requisitos o vulnerabilidades deben existir para que se le otorgue a un núcleo familiar los beneficios de la asistencia social?


—Ante todo, que se den las premisas referidas en nuestra Constitución, ya mencionadas. La necesidad de protección se determina cuando se muestra la incapacidad de los miembros del núcleo familiar para trabajar, y se verifique la insuficiencia de ingresos para asumir la alimentación y medicamentos, el pago de los servicios básicos, y se carezca de familiares obligados a prestar ayuda.


—¿Puede que en esta revisión haya casos en los cuales, luego de haberse decidido el cese de la prestación, posteriormente se reconsidere, por un reanálisis puntual?


—Sí, puede que en algunos casos se haya retirado la prestación y se apruebe nuevamente a partir de un reanálisis; ya sea porque se constatan nuevos elementos que modifican la decisión inicial, o porque se aprueben prestaciones excepcionales, a partir de la problemática muy particular de esa familia.


—¿Qué se entiende por núcleo familiar a la hora de conceder el régimen de asistencia social?


—La asistencia social no protege a personas de forma individual, sino a núcleos familiares. A estos fines, se considera a una o más personas que residen en un mismo domicilio, existiendo entre ellas relaciones de familiaridad, afinidad o de convivencia y participación común en la economía familiar. Y para determinar los familiares obligados, se tienen en cuenta los ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, según lo contemplado en nuestro Código de Familia.


—Al exigirles obligaciones a los familiares de proteger económicamente a los suyos —algo muy lógico que no puede recaer en el Estado—, se contempla que en ciertos casos la desvalorización de los salarios registrada en los últimos tiempos hace muy difícil para algunas familias cubrir la manutención de todos sus miembros?


—Para aprobar o extinguir una prestación se realiza una evaluación socioeconómica de la situación de esa familia, que comprende la edad de sus integrantes, estado de salud, situación laboral, ingresos, gastos fundamentales y cualquier otra información que permita fundamentar las condiciones de vida. Esto incluye vinculación laboral, ingresos y situaciones muy particulares que presenten. Con esos elementos se debe realizar un análisis integral, que posibilite no dejar desamparada a ninguna familia; pero que también cuando se demuestre la posibilidad de asumir la responsabilidad, aquella la asuma.


—¿Cuánto destina el Presupuesto del Estado a la asistencia social?


—El Estado aporta importantes recursos para esta actividad, y se planifican cada año a partir de las necesidades que se identifican. Para 2010 se han destinado 885 800 000 pesos. Y esta cuantía se destina no solo a las prestaciones monetarias, sino que también aseguran gastos de otras instituciones como hogares de ancianos, casas de abuelos, hogares de impedidos físicos y mentales, así como la entrega de módulos de aseo, alimentación, medicamentos, prótesis y otros artículos médicos, de forma gratuita o subsidiada. Pero será necesario rectificar la política de brindar esos beneficios por igual a todas las personas. Debe evaluarse la situación del núcleo familiar, para que asuma el pago total o parcial de dichos servicios, según sus posibilidades.