lunes, 5 de julio de 2010

El Salvador, Delincuencia e Interrogantes

Ulises Martínez

La deliberada muerte por calcinación de dieciséis personas y graves quemaduras en otras catorce, todos pasajeros de un autobús de transporte colectivo, han venido a poner en la mira de todos los sectores el fenómeno de las pandillas. Las gremiales y sus empleados políticos han puesto grito en el cielo en su afán de denigrar al gobierno de turno y actúan como si las víctimas fueran de su exclusiva clase, aunque no ocultan que los que les preocupa es la falta de inversión; Los partidos políticos cacarean las tonterías a las que ya nos tienen acostumbrados; analistas , frustrados ex funcionarios, pastores y curas, abogados sin bufete y periodistas mal informados critican sin proponer. Así las cosas, todos estos expertos no tratan de ahondar en las causas del problema, que aunque numerosas y complejas, son elementales para buscar soluciones. En honor al espacio y la paciencia de los lectores enumero algunos de los detonantes de esta situación: las medidas neoliberales impulsadas sin ningún tipo de compensación, los tratados de libre comercio entre gigantes y pigmeos, la migración causada por la falta de oportunidades y no por la guerra, las deportaciones de inmigrantes, la crisis económica mundial, la irresponsabilidad que nos distingue a los padres salvadoreños, el individualismo importado del norte y promovido por los grandes medios que impiden la solidaridad, la cobardía que hemos demostrado los honrados que hemos preferido morir como cobardes o vivir sin siquiera pensar en la vergüenza -que ya ni siquiera sabemos que existe- de malvivir y de morir como ovejas levadas por AEAS y en microbús al matadero.

Y ahora nos traen otras leyes especificas contra la MS, la 18 y otras, dejando fuera a las causantes primordiales del problema: la Mara FUSADES con sus medidas leoninas para ellas y plañideras para el cumplimiento de sus obligaciones; la Mara ANEP que critica sin aportar lo único para lo que son buenos: dinero fácil; la Clica Cristiani que se apoderó de los bancos y privatizó la RASA; la Clica Calderón Sol que desmanteló el CENTA para hacernos maquileros; la Clica Flores Pérez que nos impuso democráticamente la dolarización, la Clica Saca-GANA que dilapidó 219 millones en futilidades; la Clica Daboub que regaló la empresa telefónica estatal y ahora promueven a su pariente de la misma manera que impulsaron a Saca; la Clica Altamirano-Dutríz-Ezersky que para un botón oculta o minimiza el caso del terrorista Chávez Abarca y por una supuesta exclusividad de los derechos de transmisión, crea un monopolio con las transmisiones del Campeonato Mundial de Fútbol, obligándonos a oir las sandeces de los que, vaya usted a saber, tienen tantos mundiales de repetir las mismas frases estúpidas que solo denotan su desconocimiento del fútbol y del lenguaje.

Dejo estas inquietudes para los analistas y expertos: ¿Por qué la migración a USA se incrementó después del Acuerdo de Paz? ¿Por qué las maras han crecido con la implementación de las políticas neoliberales? ¿Por qué no hay mareros de clases media y alta? ¿Por qué se permite que se monopolice la información -también la deportiva- con el agravante de la mala calidad? ¿Por qué en el caso de la cárcava de Las Cañas –y otras- no se deducen responsabilidades de los que autorizaron esa urbanización? ¿Por qué FUSADES, ANEP, ASI, Cámara de Comercio, ABANSA y otras instituciones que lloran y reclaman con prepotencia no piden que les aumenten los impuestos para combatir el crimen que ellos mismos han llevado a sus más altos niveles de difusión y perfección? ¿Por qué no se decreta la lectura de La Caperucita Roja en todos los Kinder del país? ¿Por qué no se decreta que todo miembro de la PNC lea una hora diaria las obras de Sherlock Holmes? ¿Por qué no se decreta que todos los fiscales lean diariamente a Perry Mason?

Cuando se comience a desmantelar el aparato neoliberal y tengamos la respuesta a siquiera una de estas preguntas habremos por fin comenzado a mejorar la seguridad en el país.

LA RULETA NUCLEAR

Jorge Gómez Barata

La historia fue como fue y no como ahora nos gustaría que hubiera sido. No se puede culpar a los Estados Unidos por, en medio de la II Guerra Mundial haber creado la bomba atómica antes de que lo hiciera Hitler, ni a la Unión Soviética y otras potencias europeas por haber seguido sus pasos; sin embargo se les debe reconocer porque en un momento de sensatez, en medio de la Guerra Fría adoptaron el Tratado de No Proliferación Nuclear.

El Tratado de No Proliferación no es un documento perfecto, en cierta medida recuerda a un programa mínimo que, aunque no desarmó a las potencias nucleares ni suprime las bombas atómicas realmente existentes, trata de impedir que se produzcan otras y que nuevos estados se sumen a una absurda carrera de armamentos atómicos. Más bombas no hacen más seguro al mundo sino menos y poseer un arma nuclear no da a ningún pueblo mejores oportunidades.

En los años cincuenta Robert Oppenheimer, creador de la bomba atómica comentó que la física no podía ser mantenida en secreto y que para el año 2000, cincuenta o más países accederían a las armas atómicas. Alertado por esa advertencia, en 1953 el presidente norteamericano Dwight Eisenhower compareció ante la Asamblea General de Naciones Unidas y lanzó el programa “Átomos para la Paz”.

En virtud de aquella idea Estados Unidos proporcionaría a los países aliados interesados, asistencia y recursos para desarrollar la energía nuclear para usos civiles, tratando de evitar que por sus propios medios desarrollaran investigaciones y tecnologías nucleares y avanzaran en la obtención de armas atómicas. Aunque la idea probablemente era buena, en alguna medida el remedio fue peor que la enfermedad.

El Programa Átomos Para la Paz apoyó a varias decenas de países aliados de los Estados Unidos en la promoción de las investigaciones y el desarrollo de la energía nuclear; entre ellos se encontraba Irán, entonces gobernado por la monarquía encabezada por el Sha Muhammad Reza Pahlavi y algunos países de Sudamérica que luego caerían en poder de antediluvianas dictaduras militares. Como parte de la Guerra Fría, la Unión Soviética, Inglaterra y Francia hicieron lo mismo con algunos de sus aliados.

Aunque no integró aquel programa y no se le considera parte de la proliferación nuclear, ambas potencias desplegaron armas atómicas en bases militares en países aliados; incluso Estados Unidos, Inglaterra y Francia realizaron pruebas nucleares en territorios de ultramar como fueron las Islas Marshall, el Sahara, Australia y el atolón de Mururoa en el océano Pacifico.

Como parte de “Átomos para la Paz” y de otros esfuerzos análogos, en los años cincuenta y sesenta, antes de que existiera el Tratado de No proliferación las potencias atómicas cedieron o vendieron reactores nucleares de investigación, fabricaron plantas nucleares o traspasaron tecnología a unos cuarenta países. Junto con los reactores se distribuyeron sin apropiados controles y salvaguardas ciertas cantidades de combustible nuclear.

Debido al nivel de desarrollo de la tecnología nuclear de las primeras décadas de la era atómica, el combustible que entonces empleaban los reactores era básicamente uranio enriquecido, útil en aplicaciones militares.

En aquel proceso se estima que solamente Estados Unidos distribuyó entre aliados y clientes, más de cien toneladas de uranio enriquecido, de las cuales ha logrado recuperar apenas cuarenta. Con el uranio restante, una parte del cual se encuentra virtualmente fuera de control, pudieran fabricarse muchas bombas atómicas.

Se conoce de casos, en los cuales el uranio cedido para operar reactores de investigación o para generar electricidad, se ha utilizado para producir plutonio, el otro material utilizado para la producción de bombas atómicas. Incluso existen sospechas de que algunos estados que han debutado como potencias nucleares lo han hecho con uranio destinados al programa de Átomos para la Paz o cedido por otras potencias nucleares para fines civiles.

Alarmado por esas situaciones y ante el peligro de que ese uranio pueda terminar en manos de organizaciones terroristas, Estados Unidos, por sus propias gestiones y por intermedio de la Organización Internacional de la Energía Atómica, ha tratado de negociar la devolución del uranio entregado a cambio de ceder combustible atómico no letal. El resultado es que se ha recuperado menos de la mitad del que entregó.

En 1953 fue creada la Organización Internacional de la Energía Atómica. En esa época se propusieron las primeras medidas para frenar la proliferación nuclear y las pruebas nucleares que en algunos momentos de la Guerra Fría se realizaban a ritmos de una por semana. Después de la Crisis de los misiles en Cuba esos trabajos se aceleraron. En 1963 el presidente Kennedy se declaró “espantado” por la idea de que hacia 1970 pudieran existir diez potencias nucleares y que en 1975 llegarían a quince o veinte….”

En 1967, con la firma del Tratado de Tlatelolco que convirtió a América Latina en una zona libre de armas nucleares apareció en el horizonte la “opción cero” y la idea de la desnuclearización se tornó viable. Meses después, México se convirtió en el primer país que sometió todo su programa nuclear a las salvaguardas de la OIEA y ese mismo año se adoptó el Tratado de No Proliferación Nuclear que entró en vigor en 1969.

En 1974 la India, entonces adversario de China, detonó su bomba atómica con lo cual, por primera vez el arma atómica se convirtió en protagonista de un conflicto local. En respuesta la OIEA, respaldada por más de 100 países, redobló las medidas para el control del material y de los residuos nucleares susceptibles de empleo militar, sin poder impedir que en 1998 Pakistán probara su artefacto con lo cual la opción atómica ocupó espacios en un conflicto confesional. En 2006 Corea del Norte se sumó al club atómico del que sin declararlo también forma parte Israel.

En 1981 tuvo lugar un hecho insólito cuando Israel atacó el reactor de investigación que, con asistencia francesa y bajo las salvaguardas de la OIEA, Irak construía en Tamuz, situación que amenaza con repetirse hoy respecto a Irán, con la diferencia de que los riesgos de que semejante agresión desate un conflicto global son mayores que entonces.

Aunque algunos líderes políticos con buenos argumentos consideran que defender la política de no proliferación, a la vez que se acepta la existencia de estados con armas nucleares, constituye un inaceptable doble estándar en la política mundial, no parece haber mejor alternativa que detener la proliferación nuclear y simultáneamente luchar por el desarme.

La Habana, 05 de Julio de 2010

El ex presidente Cristiani sabía que iban a atentar contra el padre Ellacuría


Antonio Rubio | Madrid- Tomado de elmundo.es

Actualizado lunes 05/07/2010 02:55 horas

Han pasado más de 20 años del asesinato del padre Ignacio Ellacuría, ideólogo de la teología de la liberación, y de otros cuatro jesuitas a manos del Ejército de El Salvador y el cerco sobre los autores intelectuales de aquella matanza comienza a cerrarse.

Nuevas pruebas aportadas recientemente al magistrado Eloy Velasco de la Audiencia Nacional por dos relevantes testigos señalan directamente a Alfredo Cristiani, que en noviembre de 1989 era presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de aquel país.

Esos nuevos testigos, que los días 23 y 28 de junio comparecieron ante el instructor de la matanza de los jesuitas en la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, son Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), y José Luis García, coronel argentino y perito militar.

Los dos relevantes y prestigiosos testigos señalaron que Alfredo Cristiani, ex presidente de El Salvador y jefe de las Fuerzas Armadas durante la matanza de los jesuitas (madrugada del 16 de noviembre de 1989), se dedicó a encubrir a los jefes y oficiales del Estado Mayor de El Salvador que dieron la orden de eliminar al padre Ellacuría y a los otros jesuitas (Ignacio Martín, Segundo Montes, Armando López y Juan Ramón Moreno). En esa masacre también perdieron la vida Elba Julia Ramos, que prestaba sus servicios en la residencia de la Universidad, y su hija Celia.

Hay que recordar que los jesuitas Ellacuría, Martín, Montes, López y Moreno eran españoles y que el proceso contra la cúpula del Estado Mayor de El Salvador se abrió en la Audiencia Nacional después de que la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe) y el Center For Justice and Accountability (CJA) norteamericano presentaran en noviembre de 2008 una querella contra todos los responsables intelectuales de aquella matanza por 'delitos de crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, asesinato y torturas'. La Justicia salvadoreña ha ido frenando todos los procesos abiertos contra los responsables intelectuales de aquella matanza.

Difícil proceso

Benjamín Cuéllar señaló ante el magistrado Velasco que el ex presidente Cristiani dio instrucciones claras y directas a la Justicia salvadoreña deencubrir a los militares que formaban parte del Estado Mayor de El Salvador. EL MUNDO ha conseguido una serie de documentos, manuscritos, de una reunión que mantuvo el Estado Mayor el día 15 de noviembre de 1989 a las 20,00 horas donde se recogen las acciones que se van a llevar a cabo.

En esos documentos se refleja como el general Larios indica, entre otras cuestiones, que "deberíamos tomar acciones definitivas contra el FMLN (la guerrilla salvadoreña)". Más adelante, Larios informa a sus compañeros del Estado Mayor que "he manifestado al Sr. Pdte [presidente]: Cerramos un día el país al mundo, salvamos militarmente el problema y al día siguiente abrimos el país nuevamente al mundo".

Otro de los generales, Bustillo, recuerda que no pueden "permitir que las organizaciones humanitarias interfieran nuestras acciones". El coronel Ponce también aporta su opinión en esa reunión: "Hay autorización para proceder con la eliminación de cabecillas, sindicalistas y reconocidos miembros líderes del FMLN...". El coronel Zepeda, antes de actuar, pide que "Dios nos ilumine en esta acción".

Pruebas contundentes

Lo más significativo e interesante de aquella reunión y de los documentos que obran en poder de este periódico es que en esa especie de actas manuscritas se refleja, por parte del general Larios, que el presidente estaba al tanto de todas las acciones que se llevaron a cabo tanto el 15 como el 16 de noviembre de 1989. Larios indica: "Esta decisión se le va a consultar al Sr. Pdte de la Rep, lo vamos a invitar a que venga". El general Larios explica a sus compañeros del Estado Mayor de El Salvador que "si hay una contraorden después de consultar con el Sr. Pdte se os comunicará". Y el mismo jefe militar que levantó acta de aquella reunión reflejó que "no hubo contra orden" por parte del presidente.

El coronel argentino José Luis García, que actúa como perito militar, también ha declarado ante el magistrado Eloy Velasco que está convencido de que el presidente Alfredo Cristiani estaba al corriente de las órdenes y acciones que iba a llevar a cabo el Estado Mayor de El Salvador antes, durante y después de la matanza de los jesuitas el 16 de noviembre de 1989.

Por todas esas circunstancias y las nuevas pruebas aportadas a la instrucción del caso es muy probable que en las próximas fechas el magistrado Velasco, titular del Central 6 de la Audiencia Nacional, amplíe las imputaciones y que estas puedan llegar hasta el mismísimo Cristiani.


VUELCO EN UNA RELEVANTE CAUSA JUDICIAL

Un testigo secreto da alas al 'caso Ellacuría' en la Audiencia Nacional

El arrepentido también alude al supuesto rol del entonces presidente, el derechista Alfredo Cristiani

Un exmilitar relata cómo la cúpula castrense de El Salvador planeó la matanza de 6 jesuitas en 1989

Lunes, 5 de julio del 2010 - Tomado de elperiódico.es

JUAN RUIZ SIERRA
MADRID

Hace pocos días, un exmilitar salvadoreño testificó ante la Audiencia Nacional. Antiguo mando del Ejército del país centroamericano, el testigo, que había llegado a España una semana antes para participar en el llamado caso Ellacuría, explicó, según fuentes cercanas al proceso, que la matanza del 16 de noviembre de 1989, en la que fueron asesinados cinco jesuitas españoles –Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno–, un salvadoreño –Joaquín López–, la empleada de los religiosos –Julia Elba Ramos– y la hija de esta –Celina Meredith Ramos, de 13 años–, había sido planeada por las más altas esferas de un cuerpo castrense con un currículo repleto de violaciones a los derechos humanos. Un relato parecido había sido narrado antes por numerosos académicos, pero ahora lo ratificaba alguien de dentro del Ejército; alguien que antes, durante y después de la matanza estuvo donde se tomaron las decisiones; alguien que vio, escuchó, recibió órdenes y actuó. El caso acababa de dar un vuelco.


El testigo, continúan las mismas fuentes, también habló de algo menos conocido: tras la masacre, cuando él llevó al Estado mayor una maleta con pertenencias de los jesuitas asesinados para entregársela a un superior, telefoneó el entonces presidente salvadoreño, Alfredo Cristiani, y se interesó por la matanza.

Una llamada de ese tipo, en ese momento justo, saltándose la cadena de mando (lo usual es que hubiese contactado con su inmediatamente inferior, el ministro de Defensa), podría denotar que el rol de Cristiani fue más allá del encubrimiento, permitiendo así que el juez Eloy Velasco, que instruye la causa en la Audiencia Nacional, le incluya junto a los otros 14 denunciados, todos militares ya retirados, por la matanza en la residencia de la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador de los jesuitas. Unos jesuitas adeptos a la teología de la liberación y partidarios del diálogo entre el ejército y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), entonces guerrilla y ahora partido político en el Gobierno, para acabar con un conflicto armado que entre 1980 y 1992 causó en torno a 75.000 muertes y 7.000 desapariciones.

LAS ÓRDENES DE ARRESTO

«Somos optimistas», dice Almudena Bernabeú, abogada del Center for Justice and Accountability (CJA), que junto a la Asociación pro Derechos Humanos de España interpuso la querella, admitida a trámite a comienzos del pasado año. Desde entonces, el juez Velasco ha enviado dos rogatorias a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador; en la primera solicitaba las direcciones de los 14 denunciados; la segunda contenía un interrogatorio para los exmilitares; ninguna ha sido contestada de forma oficial. Ahora es distinto. Vaticina Bernabeú que gracias al nuevo testigo es más que probable que Velasco firme órdenes de arresto. ¿Cuándo? «No después de que acabe el año», responde la abogada, cuyo organismo ya ha derrotado a otros exmilitares salvadoreños en distintos juicios civiles –donde lo único que se dirimía eran las indemnizaciones a las víctimas– celebrados en EEUU.

«Entonces, cuando se dicten las órdenes de arresto –continúa Bernabeú–, se verá la voluntad política de Mauricio Funes». Funes, el actual presidente salvadoreño, ganó las elecciones del 2009 de la mano de los antiguos guerrilleros del FMLN. Su actitud ante el asunto es opuesta a la de su antecesor, Antonio Saca, del partido derechista Arena. Tras la apertura de la causa, Saca dijo que esta buscaba «abrir heridas del pasado» e incluso, según fuentes del caso, envió una comisión integrada por altos cargos de su Ejecutivo que trató de persuadir al Gobierno español de la inconveniencia de un proceso de este tipo. Funes, en cambio, condecoró a título póstumo a los seis sacerdotes asesinados. El acto, declaró, «significa levantar la alfombra de la hipocresía y limpiar la casa de nuestra historia reciente». Fue el 16 de noviembre del pasado año, en el 20º aniversario de la masacre, y el gesto prefigura que Funes encarará las hipotéticas órdenes de arresto de una manera distinta a como lo hubiese hecho el anterior presidente.

EXTRADICIONES

Pero una cosa es esposar a los denunciados, incluido el entonces ministro de Defensa –una imagen cuya fuerza simbólica, de producirse, convulsionará la política del pequeño país centroamericano– y otra, enviarlos a España para que se sienten en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional. Las extradiciones las decide la Corte Suprema de Justicia salvadoreña, y a ojos de quienes conocen el equilibrio de fuerzas en este organismo judicial, los magistrados afines a la derecha, nada proclives a una decisión de este tipo, son mayoría. En El Salvador aún quedan cosas por cambiar.