jueves, 3 de junio de 2010

REPORTE PARA RADIO HABANA CUBA 04 DE JUNIO DE 2010

AUDIO

Cuando apenas se realizan los últimos consolidados de las afectaciones del temporal ocurrido en El Salvador la semana pasada, y que concluyó con los embates de la tormenta tropical Ágata, el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Hernán Rosa Chávez, ha anunciado la presencia de una nueva onda tropical que incidirá en el país este fin de semana, por lo que ya se han girado las advertencias a la población que deberá estar atenta a los avisos de las autoridades de Protección Civil.

Mientras tanto se ha hecho público un informe que detalla que a consecuencia del paso por el país de la tormenta Ágata, 6,795 personas se mantienen aún albergadas, de las 10,552 que fueron evacuadas. Se conoció además que 11 personas fallecieron, 6 sufrieron lesiones y 2 aún están desaparecidas. Además se han determinado los daños a la infraestructura, y ya se trabaja en los planes de restauración o reconstrucción, recurriendo primariamente a fondos de reserva con que el estado cuenta.

Si algo hay que destacar de esta nueva experiencia vivida por los salvadoreños es que las autoridades respectivas han tenido un desempeño más adecuado y percibido como satisfactorio por la población; hasta el mismo presidente Funes se incorporó en los momentos más críticos, previos a la declaración de la alerta roja y del estado de emergencia, con lo que se pudieron implementar las medidas para atender a la población que en esos momentos estaba siendo amenazada por las intensas precipitaciones, y sus consecuencias como las inundaciones y deslaves.

Debe saberse que El Salvador es uno de los países de la región más vulnerables ante estas eventualidades, por la desmedida deforestación y daños al medio ambiente que por años el modelo económico implementado, principalmente, le ha ocasionado. También es sabido que una de las metas del actual gobierno es cambiar en lo posible esa conducta, así como también el tipo de medidas hacia la población damnificada que ahora se le reubicará en otras zonas donde no siga estando expuesta a los mismos daños.

En otro sentido, este jueves el presidente Mauricio Funes ha declarado ante los medios de comunicación que antes que termine el presente año, realizará una visita oficial a la República de Cuba, correspondiendo a la invitación que le girara el general de ejército Raúl Castro. Ha explicado que tiene mucho interés en visitar la Isla y lograr acuerdos de mutuo beneficio, principalmente el los campos de la salud, la educación y el deporte.

Ha destacado que Cuba es reconocida internacionalmente por su desarrollo científico técnico, y que actualmente produce, por ejemplo, medicamentos de calidad que pueden ser adquiridos de estado a estado y sin intermediarios, y de esa manera beneficiar a la población. Por supuesto este anuncio ya ha provocado expectativas en el país por ser la consolidación de las relaciones diplomáticas plenas que precisamente este 1 de junio cumplieron un año de haberse restablecido, como el primer acto a horas de haber tomado posesión el primer gobierno de izquierda. También se ha dicho que visitará Colombia, México y España.

Para los amigos de Radio Habana Cuba, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta.


EL CONSEJO DE SEGURIDAD ONU

Jorge Gómez Barata

No recuerdo ningún momento anterior en el cual el Consejo de Seguridad de la ONU haya tenido una agenda, no sólo tan sobrecargada y compleja, sino también urgente. Además de asuntos inconclusos, como es el caso de las amenazas de proliferación nuclear, la explosiva situación en el Medio Oriente, las guerras en Irak y Afganistán. Como suele ocurrir, el órgano está obligado a ventilar contra reloj asuntos tan peligrosos como: las sanciones a Teherán, la crisis entre las dos coreas y el ataque israelí a la flotilla humanitaria en ruta a Gaza.

Si bien para Bush el Consejo de Seguridad era un estorbo y en ocasiones un instrumento, ese perfil pudiera cambiar con Obama, que aunque no ha tenido oportunidad de probarlo, en concordancia con su doctrina de Seguridad Nacional pudiera privilegiar un multilateralismo de elevado estándar que es para lo que fue creado ese órgano, que como parte de la ONU tuvo dos antecedentes: la Sociedad de Naciones y la Carta del Atlántico.

La Sociedad de Naciones formó parte del intento del presidente norteamericano Woodrow Wilson de reestructurar las relaciones internacionales propósito resumido en sus famosos 14 puntos para, entre otras cosas, evitar la repetición de conflictos como la Primera Guerra Mundial; por su parte, la carta del Atlántico, suscrita el 14 de agosto de 1941, virtual borrador de la Carta de la ONU fue idea de otro presidente norteamericano, Roosevelt y a la misma se adhirieron Gran Bretaña y la Unión Soviética, que junto a otros 25 estados fundaron la coalición aliada en la II Guerra mundial.

La Sociedad de Naciones, fundada en 1919 por 32 países entre ellos 17 de América Latina, fracasó porque Estados Unidos no ingresó y la Rusia Soviética no fue admitida, tampoco lo fueron Alemania ni Turquía y porque sus acuerdos no eran vinculantes. La organización creada para asegurar la paz, no pudo evitar la II Guerra Mundial.

Con aquellos antecedentes, en la década de los cuarenta, Roosevelt, Stalin y Churchill se empeñaron en diseñar un sistema de Seguridad Internacional en el cual la paz fuera garantizada por una organización internacional regida por ellos. En 1944, con la victoria sobre Hitler a la vista, encomendaron a un grupo de expertos la redacción de los documentos fundacionales. En Dumbarton Oaks, Washington, los plenipotenciarios crearon la Carta de la ONU aunque no lograron acuerdo respecto al funcionamiento del Consejo de Seguridad, detalle que fue resuelto por los líderes de las cuatro grandes potencias (para entonces se había incluido a China)

Con vista a suprimir el obstáculo que había hecho fracasar a la Sociedad de Naciones, en la Carta de la ONU se incluyeron tres elementos básicos. (1) Los Cuatro Grandes, (más tarde se incluyó a Francia) serían miembros permanentes del Consejo de Seguridad. (2) Se adicionó el Capítulo VII de la Carta que faculta al Consejo de Seguridad para usar la fuerza militar para imponer la paz y (3) se estableció la cláusula de “Unanimidad”, según la cual, la fuerza sólo puede ser utilizada cuando todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad estuvieran de acuerdo. Así nacieron el Big Five y el veto.

De ese modo los líderes de las democracias de entonces, Stalin y Chiang Kai-shek incluidos, aseguraron tres elementos. (1) Que la fuerza jamás pudiera ser utilizada contra uno de ellos y (2) que no fuera empleada contra ninguno de sus aliados y (3) que no se apelara a las armas sin su expreso consentimiento.

Todavía se discute si el acuerdo que en 1950 envió contra Corea del Norte un fuerza de paz sin el voto soviético fue o no legal. El argumento de entonces es que la URSS fue convocada y su ausencia fue voluntaria y como suele decirse: “Quien calla otorga”.

Desde la fundación de la ONU en la agenda del Consejo de Seguridad se incluyen sólo asuntos urgentes y que requieran acuerdos vinculantes y que pudieran demandar el uso de la fuerza. Afortunadamente en múltiples ocasiones, el Consejo de Seguridad con la autoridad que implica la representación de las grandes potencias, logra mediar y solucionar los conflictos sin empleo de la fuerza.

Lo que actualmente ocurre es en parte resultado de un proceso que incluye el desarrollo de estados independientes cuya presencia y vigencia alteran la correlación de fuerzas y el status quo existente en 1945 cuando fue creada la ONU. Para muchos estados la ONU debe ser reformada, el número de miembros permanentes ampliado y el veto suprimido. En este último caso nunca he escuchado una explicación de cómo sería acordado entonces el uso de la fuerza.

Lo más curioso del momento es que sesenta años después, Corea implica nuevamente al Consejo de Seguridad y que, respecto a Irán, a las tradicionales reservas de Rusia y China, se suman ahora la posición de Brasil y Turquía, miembros no permanentes que mantienen diferencias de opinión con Estados Unidos y otros miembros permanentes. En el caso de Israel se descarta una condena que sería vetada por Washington.

En cualquier caso debe tenerse en cuenta que la ONU y naturalmente el Consejo de Seguridad fueron resultados de una coyuntura histórica irrepetible y de una situación geopolítica que ha experimentado importantes modificaciones. Además de por la carta fundacional, la organización se rige por algunos acuerdos de caballeros adoptados entre las grandes potencias, no llevados nunca al papel y que circunstancialmente influyen en su funcionamiento. Otro día les cuento.

La Habana, 03 de junio de 2010

Posada Carriles: ¡hasta cuándo!

Marcos Alfonso, AIN *

Burla, temores, descaro… todo puede emplearse como calificativo en la nueva suspensión del juicio al connotado terrorista Luis Posada Carriles. La fecha escogida es la del 11 de enero del 2011.

Lo risible no es la suspensión. Son los motivos: mentiroso y entrada ilegal a los Estados Unidos en 2005. ¡Vaya tomadura de pelo!

Si el Guinnes de récord tuviera espacio dedicado a malhechores y asesinos, Posada, de seguro, ocuparía sitial sobresaliente en la nómina. La voladura del avión de Cubana de Aviación, en Barbados, en 1976, acto aborrecible y criminal en el cual perecieron 73 personas, es harto suficiente.

Pero la jueza Kathlee Cardone, del Tribunal de El Paso, Texas, aseguró ahora que la nueva fecha es “definitiva y no requiere nuevos retrasos”, al referirse a las diversas postergaciones de la vista. Tal pareciera que la oculta diestra de algún poderoso manto protector se encargara de cuidar las espaldas del anciano criminal.

El pasado 31 de mayo –hace apenas cuatro días— el joven italiano Fabio di Celmo habría cumplido 45 años de nacido, pero Posada Carriles no lo quiso así. En 1997, el cuatro de septiembre, falleció por explosión de bomba en el hotel Copacabana víctima de los varios atentados que el terrorista y sus secuaces ejecutaron en diversos hoteles y restaurantes de La Habana.

A la sazón aparecían en la nómina de los matadores los hoteles Meliá Cohíba, Capri, Nacional y el restaurante La Bodeguita del Medio, emblemáticas plazas concurridas por turistas a su paso por la capital cubana. Tal era el propósito: ahuyentar a quienes acudían a veranear a la Isla, no importaban las vidas de inocentes.

En 1998, en exclusiva al diario The New York Times, Posada Carriles, al igual que ante el crimen de Barbados, se jactó de ser el autor intelectual de tales atentados en La Habana, cuyo propósito era el de aterrorizar a los turistas para que no viajaran a Cuba.

Autoridades cubanas han puesto en manos de sus homólogas de Estados Unidos numerosas evidencias sobre esos hechos. Sin embargo, el juicio contra semejante espécimen es por fullero y patrañero, no por asesino múltiple, como era de esperar.

Incluso las máximas autoridades de la norteña nación (léase Barack Obama) tienen pleno conocimiento de que Luis Posada Carriles, además, es prófugo de la justicia venezolana con 73 cargos de asesinato (cada una de las víctimas del avión de Cubana de Aviación)… Pero ¡oh, casualidad! El bandido se fugó de la cárcel.

El abogado cubano-americano José Pertierra, quien representa al gobierno venezolano en su pedido de extradición del asesino, ha dado a conocer la extensa folia criminal puesta en manos de las autoridades estadounidenses sin que nada acontezca en ese sentido. Como se dice: ¡buen billete se mueve en el affaire Posada Carriles!

Pero los muertos ni sus familiares y seres queridos, tienen precio. Apenas nos separan 125 días del venidero seis de octubre: aniversario 34 del horrendo crimen múltiple de Barbados. Trece años del fallecimiento de Di Celmo. ¿Qué ha sucedido?

Luis Posada Carriles ha paseado su figura por Miami y otros lares de este planeta con prisiones más o menos intercaladas. Pero, a decir mera verdad, ni con la muerte pagaría las atrocidades cometidas o salidas de su perverso cerebro.

Marcos Alfonso


AIN

Agencia Cubana de Noticias
http://www.ain.cu/

UN LOGRO POPULAR MUY DESACREDITADO

Por Manuel E. Yepe

Quizás el logro menos difundido y paradójicamente más denigrado de la lucha insurreccional que coronó en el poder a la revolución cubana hace algo más de medio siglo haya sido la forma en que fue aplicado, tras la victoria, el castigo ejemplarizante a los crímenes y demás crueldades de la tiranía de Batista.

En la medida en que las fuerzas de la insurrección se fueron consolidando en la lucha y se pudieron atisbar los primeros indicios de que la victoria era viable, el líder máximo de la revolución, Fidel Castro, comenzó a llamar a los combatientes, y a la población en general, a prepararse para un triunfo sin baños de sangre ni actos de vandalismo ni linchamientos ni venganzas personales.

La revolución prometía al pueblo, en cambio, juzgar y sancionar con severidad a los culpables de los asesinatos y las torturas de prisioneros, así como la confiscación y recuperación para el patrimonio de la nación de los bienes malversados por los personeros de la dictadura corrupta que se combatía.

Gracias a esta prédica por conducto de los rudimentarios, pero muy atendidos, medios de comunicación de que disponían las fuerzas insurrectas en las montañas y en la clandestinidad de las urbes y, sobre todo, al cumplimiento de esta línea de conducta por la revolución victoriosa, nadie fue ahorcado, arrastrado por las calles o ejecutado por las multitudes, como tantas veces había ocurrido en la historia de Cuba y en la de muchos otros países.

Fue por ello que no hubo en Cuba ejecuciones extrajudiciales de presuntos criminales de guerra y torturadores, sino arrestos con las debidas garantías de los acusados y captura de los prófugos con cabal respeto a la integridad de éstos, si no hacían resistencia armada a las nuevas autoridades recién constituidas.

Los tribunales revolucionarios, que funcionaron durante varias semanas inmediatas posteriores al triunfo de la revolución en enero de 1959, aplicaban la legislación cubana vigente con anterioridad a las modificaciones introducidas por la tiranía, junto a las previsiones de programa del Moncada -expuesto por Fidel Castro en el juicio en su contra por el asalto a la fortaleza de la tiranía el 26 de julio de 1953-, la Ley Penal de la Sierra Maestra y otras disposiciones legislativas de la revolución, todas ellas previas a los delitos juzgados y ampliamente divulgadas.

Es universalmente reconocido por la Jurisprudencia que la revolución es fuente de Derecho; la cubana no fue excepción.

La celeridad y la presión con que debían desempeñarse los jueces integrantes de los tribunales revolucionarios no fue óbice para que éstos trabajaran con notable profesionalismo, no obstante lo cual, como en toda actividad tan subjetiva como es la impartición de justicia, se hayan registrado errores e imprecisiones en uno u otro sentido.

El clamor popular llamaba a la severidad y las protestas más extendidas eran contra la supuesta levedad de los dictámenes. “¡Paredón, paredón, paredón!”, pedían centenares de miles de familiares o compañeros de las víctimas de asesinatos, torturas y violaciones de todo tipo cuando se conocía que “por insuficiencia de pruebas materiales” las penas no eran extremas.

En sentido inverso presionaba la prensa estadounidense y una gran parte de los medios que en América Latina y Europa que se hacían eco de ello, contribuyendo a este aspecto de la entonces recién comenzada campaña de difamación contra Cuba que aún persiste al cabo de medio siglo.

“Castro está fusilando a sus enemigos políticos”, era una de las más repetidas falsedades que fueron consignas que buscaban dar apoyo a las acciones de guerra contra la isla rebelde. Una de ellas fue la derrotada invasión de la Bahía de Cochinos (Playa Girón) organizada por la CIA utilizando mercenarios cubanos. Entre estos últimos se incluían algunos culpables de crímenes de lesa humanidad que, al ser capturados, pudieron ser juzgados y sancionados con el mismo rigor que antes habían logrado eludir huyendo a Estados Unidos.

Por aquellos años, la pena máxima se aplicaba cotidianamente en muchos países de Latinoamérica, especialmente en aquellos en los que gobernaban dictaduras comparables a la de Batista. Incluso no era ésta un castigo demasiado excepcional en algunos estados de Norteamérica, pero ello no fue obstáculo para que los actos de justicia en Cuba se utilizaran para difamar internacionalmente a la revolución que la aplicaba solo como sentencia de juicios cabales a asesinos y torturadores, excluyendo totalmente las ejecuciones extrajudiciales tan frecuentes en las dictaduras del continente.

A la luz de los reclamos bloqueados, o dilatados por muchos años, de justicia y castigo por los crímenes de las dictaduras militares patrocinadas por Washington al amparo del Plan Cóndor en numerosos países latinoamericanos, es preciso reconocer que los criterios políticos y principios éticos que guiaron a la revolución cubana en el castigo de los crímenes de lesa humanidad de la tiranía batistiana fueron paradigmáticos y dignos de reconocimiento y elogios, jamás de escarnio o censura.

La Habana, Junio 2010.

Sobre los latinoamericanos en Estados Unidos

Andrés Gómez, director de Areítodigital

(foto Virgilio PONCE)

Miami.- En años recientes en Estados Unidos se ha agudizado el debate sobre la inmigración, especialmente la cuestión de la inmigración ilegal, específicamente la inmigración ilegal proveniente de la América Latina. Pienso que para entender las razones que sostienen el debate sobre este importante asunto hay que saber sobre la población latinoamericana y de origen latinoamericano en este país, que es a mi entender la raíz de la controversia.

Según las cifras del año 2008, las más recientes hechas públicas por el Buró del Censo de EE.UU., la población hispana en este país era de 46.9 millones de personas, el 15% del total de la población (un poco más de 300 millones de personas entonces), cifra que la hace la primera minoría racial o étnica del país. Más de 1 de cada 2 personas sumadas a la población de EE.UU. entre julio de 2007 a julio de 2008 fue de origen hispano.

Debo señalar que el Buró del Censo considera ser “hispano” a la persona de origen o cultura “española” [“people of Spanish culture or origin”]. Aunque esta definición se presta a muchas confusiones, esencialmente, por esta definición el Buró del Censo considera ser “hispano” a todo aquel que sea nacido en un país latinoamericano o cuyo origen familiar sea uno de esos paises, excepto Brasil. A los brasileños y a sus descendientes en este país, el Censo no los considera ser “hispano”. Por lo tanto no son parte de estos estimados.

El Censo del año 2008 estimó la población brasileña en EE.UU. ser 351, 914 personas, aunque otros estimados la consideraban ser ese año 1.1 millón de personas. Muchas veces los estudios y las cifras oficiales sobre quiénes somos y cuántos somos los latinoamericanos y nuestros descendientes en EE.UU. difieren sustancialmente de la realidad. Para citar sólo un ejemplo, el Pew Hispanic Center, una respetada institución que estudia la población latinoamericana en los Estados Unidos, estima que en la Florida, en el año 2000, la población centroamericana se estimaba ser mayor en un 55% que la estimada por el Censo.

Las cifras oficiales del Buró del Censo proyectan que para el año 2050 la población hispana en EE.UU. será de 132.8 millones de personas, el 30% del total de la población del país entonces. También este buró estima que 9.7 millones de hispanos votaron en las últimas elecciones presidenciales en el 2008; 2 millones más de los que votaron en las elecciones presidenciales del 2004. Aunque en esas elecciones del 2008 sólo votó el 50% de los hispanos que tienen el derecho al voto.

Igualmente este organismo estima que en el año 2002 los negocios cuyos dueños eran hispanos generaron ventas por 222 mil millones de dólares. 44.6% de los dueños de estos negocios eran mexicanos o de descendencia mexicana.

Según los estudios del Pew Hispanic Center, basados en el Buró del Censo, en el año 2008, dos tercios del total de la población hispana en EE.UU. era mexicana o de descendencia mexicana, y éstos eran 30,746,000 personas. Los siguientes 9 lugares en orden descendiente los ocupan, los puertorriqueños (4.1 millones); los cubanos (1.6 millones); los salvadoreños (1.5 millones); los dominicanos (1.3 millones); los guatemaltecos (986 mil); los colombianos (882 mil); los hondureños (608 mil); los ecuatorianos (591 mil); y los peruanos (519 mil).

De acuerdo a la ley, de estos grupos nacionales sólo los puertorriqueños y los cubanos -- sólo por ser puertorriqueños o cubanos-- tienen legalidad migratoria en este país. De los demás grupos nacionales citados hay individuos –la gran mayoría-- que están en el país documentados y los hay quienes están indocumentados.

Aquellos que estudian estos asuntos enfatizan que la población de inmigrantes indocumentados está subestimada. En buena medida, ya que es muy difícil que individuos que estén en el país indocumentados respondan a cualquier estudio censal, especialmente dado el estado de la represión que en contra de ellos ha existido durante los últimos años.

Por relativas que estas cifras puedan ser, en el 2008 la población indocumentada en este país era estimada en ser 11 millones de personas. De éstos, el Pew Hispanic Center, estima que en el 2005 el 57% de los inmigrantes indocumentados era mexicanos, y otro 24% provenían de los demás países latinoamericanos. Entonces, se estima que en 2005 el 81% de los inmigrantes indocumentados eran latinoamericanos.

En próximos artículos continuaré tratando sobre estos asuntos que son de vital importancia para nuestras comunidades.//

3 de junio de 2010

¿Otra mirada a un caso viejo?

Lawrence Wilkerson

Publicado en Cubadebate el 3 Junio 2010 en

The Havana Note


Traducido por Margarita Alarcón Perea, del equipo de Cubadebate

Me acabo de informar sobre los nuevos acontecimientos en el caso de los Cinco Cubanos (Cuban Five). He aquí la esencia:

Según una queja emitida a la corte del distrito de Columbia el gobierno de los EEUU violó el acta Smith-Mundt (Smith-Mundt Act,), al financiar actividades con el fin de influir en la opinión pública respecto al caso de los Cinco Cubanos, de modo tal que influyó en el jurado que había sido llamado para analizar su culpabilidad. Desde hace mucho se sabe que la Junta de Difusión del Gobierno de los EEUU (BBG) supuestamente le pagó a periodistas independientes para que escribieran artículos sobre el caso de los Cinco en los medios en Miami durante el periodo en que el gobierno detenía y procesaba a los Cinco Cubanos. Si el gobierno de los EEUU estaba financiando en secreto a periodistas supuestamente independientes para que ubicaran artículos en apoyo a los actos del gobierno respecto al caso de los Cinco, es entonces perfectamente plausible que hubieran afectado al grupo de jurados presentes durante el juicio en el caso de los Cinco.

Esto es terriblemente alarmante.

Estoy familiarizado con la información de que el Secretario de Defensa Rumsfeld empleó a varios contratistas para fabricar historias en los medios de prensa iraquíes durante los primeros días de la segunda Guerra de Iraq. De igual manera sé que durante el preámbulo a esa guerra, las historias respecto a las armas de destrucción masiva en Iraq fueron posicionadas en los medios de prensa extranjeros y luego - raramente - lograron retornar vía el Internet al público norteamericano. Esto también es una violación del Acta Smith Mundt que construye un muro legal entre tales actividades, de modo tal que el gobierno de los EEUU puede oficialmente llenar de propaganda al publico extranjero pero no al publico norteamericano. Mis conocimientos respecto a estos hechos de las actividades del gobierno me llevaron a creer que lo que supuestamente ha hecho el BBG puede muy bien ser cierto.

El Comité Nacional por la Liberación de los Cinco está en estos momentos la parte litigante contra la Junta de Difusión del Gobierno de los EEUU, en el caso de acción civil Civil Action No. 09-01713 ante la Corte del Distrito de Columbia de los EEUU. El reclamo principal es que el público estadounidense tiene el derecho de conocer sobre hechos que involucren la emisión de propaganda doméstica inapropiada, como también si el gobierno comprometió los derechos fundamentales que impidieron un juicio justo para los Cinco Cubanos. Una solicitud de habeas corpus, a nombre de los Cinco - Gerardo Hernández sentenciado a dos cadenas perpetuas más 15 años - se espera para el 14 de junio, 2010, por tanto la necesidad de justicia expedita si estos cargos son correctos.

El periódico The New York Times, entre otros han reportado sobre periodistas aceptando dinero del gobierno en el 2006, pero el Comité busca determinar las identidades de otros periodistas que hayan participado en el programa a través solicitudes sustentadas en el Acta de Libertad de Información (FOIA). La BBG, respaldada por el gobierno de los EEUU está intentando eliminar cualquier intento de divulgación de estos hechos.

Uno de los periodistas, Enrique Encinosa, es el hombre cuya entrevista en Miami Beach en 2005 respecto al asesinato de un ciudadano italiano durante una serie de explosiones a hoteles en la Habana supuestamente orquestadas por Luis Posada Carriles, tuvo esto que decir al respecto:

“Personalmente considero que es un método aceptable. Es una manera de dañar la economía turística. El mensaje que se intenta llevar es que Cuba no es un sitio seguro para el turista. Por tanto, si Cuba no es un sitio seguro para turistas y es porque algunas ventanas están explotando en los hoteles; pues eso está bien.”

*Lawrence Wilkerson es Coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos. Fue jefe del gabinete del ex Secretario de Estado Colin Powell.